La consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, ha pedido este miércoles en el pleno del Parlamento de Canarias que se revise el calendario de la ley canaria de educación no universitaria, aprobada el pasado año, y comentó que espera que con la educación no se haga política.

Soledad Monzón, que compareció a petición del grupo Nacionalista para hablar de la citada ley, que fue producto de una iniciativa legislativa popular indicó que sigue su curso el pacto por la educación que promueve el Consejo Escolar de Canarias, y agrego que espera encontrar en él al PP.

La consejera reconoció durante su comparecencia que no se ha cumplido el calendario previsto en la ley, si bien aseguró que en cuestiones como atención a la diversidad se han hecho múltiples acciones, y existe un plan de formación del profesorado, si bien tiene otro nombre, y se ha mejorado en absentismo y abandono escolar temprano.

Afirmó Soledad Monzón que la petición de revisar el calendario de la ley no se debe a incapacidad para llevarlo a cabo sino a que es preciso ajustar los tiempos, y tras recordar que el PP no votó a favor de la ley reconoció que debe mantener su posición crítica por ello.

Águeda Montelongo, del grupo Popular, insistió en que "no se ha hecho nada" de lo previsto en la ley, de forma que se carece de planes como los de educación infantil, conectividad de los centros educativos y contra el absentismo escolar, y tampoco hay, añadió, mapa escolar.

La diputada del grupo Popular aseguró que ella también quiere que la educación deje de ser el "pim, pam, pum" político y planteó la necesidad de reflexionar acerca de para qué sirve aprobar leyes si luego no se hace nada con ellas.

Luis Alberto Campos, de Nueva Canarias, indicó que se trata de una buena ley pero recordó que en ella se dice que la educación canaria debe financiarse con al menos el cinco por ciento del producto interior bruto canario y eso, añadió, no se cumple en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2016.

La diputada de Podemos María del Río comentó que la ley es ambigua y en ella no se concretan compromisos, y tras criticar que hay masificación en algunos centros y pocos profesionales, denunció que para los alumnos con más dificultades económicas y sociales no es posible acceder a servicios complementarios.

María del Río dijo que con esta ley se podrían reducir los daños que provocará la LOMCE pero para ello, subrayó, sería preciso aumentar la inversión hasta el siete por ciento del producto interior bruto canario o de lo contrario será una ley "como tantas otras, que se queda en papel mojado".

La diputada del grupo Nacionalista Dolores Alicia García opinó que se ha hecho lo que se ha podido con el presupuesto que se tenía, y así criticó que desde el Gobierno central ha dejado de llegar dinero para planes como el de infraestructuras educativas.