Al parecer, ninguno de los siete políticos acusados por el caso Arona nunca se molestó en leer las actas de la Junta de Gobierno de la que formaban parte, en las que constan de forma explícita los informes negativos y reparos que los servicios del Ayuntamiento hicieron a más de 200 licencias de obras y casi un centenar de contrataciones. Eso es lo que dijeron seis de ellos durante las sesiones del macrojuicio del pasado miércoles y ayer y, al menos uno, reconoció sentir "vergüenza" de ello. Ese fue el argumento que utilizaron con la intención de demostrar que no tenían constancia de las advertencias de ilegalidad, pero la mayoría cayó en la contradicción. Todos, menos el exedil de Urbanismo Félix Sierra, admitieron saber que existían y, una vez en ese hoyo, se refugiaron en el secretario municipal José Ángel Álvarez.

Según aseveraron, el funcionario siempre avaló las concesiones investigadas, pero esa afirmación implica dos problemas: uno, que el parecer del secretario, para bien o para mal, no consta en ninguno de los documentos y, dos, que no puede defenderse porque ya falleció.

Los 13 procesados por esta causa, entre los que también hay empresarios y técnicos del Consistorio, se sentaron ayer por tercer día consecutivo en el banquillo de los acusados por los hechos detectados entre 1999 y 2007. Si en la segunda sesión fue interrogado el exalcalde José Alberto González Reverón y Sierra contestó a las preguntas de la Fiscalía, ayer finalizó su turno y dio paso a otros cuatro concejales de entonces: Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón y José Luis González. Para cada uno de ellos, y para Alfonso Barroso, el único político que falta por declarar, el fiscal pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación, a lo que hay que sumar cuatro de prisión y ocho de inhabilitación Sierra por cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.