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Zerolo revela que los empresarios fijaron el precio de compra de Las Teresitas

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife asegura que Ignacio González amenazó con empezar a levantar hoteles en la playa si el Ayuntamiento no aceptaba su oferta

Miguel Zerolo ayer durante su declaración en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. CARSTEN W. LAURITSEN

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo reveló ayer en su declaración ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el juicio penal por el caso Las Teresitas que fue el empresario Ignacio González -socio junto a Antonio Plasencia en la sociedad mercantil Inversiones Las Teresitas (ILT)- quien, en una reunión en junio de 2001, le dio un ultimátum para comprar las parcelas del frente de playa y fijó su precio en 8.758 millones de pesetas. "Me dijo que o lo tomas o lo dejas, como las lentejas", refirió el exmandatario municipal a preguntas de las delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez-Frigola. Zerolo respondía así a una de las cuestiones sobre las que más ha insistido la fiscal preguntando a todos los llamados a declarar en este procedimiento: "¿Quién fijó el precio de compraventa de las once parcelas de la playa de Las Teresitas?"

En la jornada vigesimocuarta, el exalcalde vino a arrojar luz sobre esta cuestión añadiendo que había sido el entonces edil de Urbanismo y también acusado en este procedimiento, Manuel Parejo, quien le había trasladado que "los propietarios de las parcelas (ILT) se habían enrocado y que no iban a bajar el precio de venta de los 10.000 millones de pesetas". Zerolo señaló que dio instrucciones para organizar una reunión con los propietarios y que a la misma acudió Ignacio González y "otra persona" que no logró recordar ayer quien era. "Solo estuve en una única reunión, a finales de junio, para tratar sobre esta cuestión" con los propietarios y, según dijo, en la misma se produjo "una negociación muy dura".

Zerolo explicó que en ese encuentro "González dijo que ya estaba bien, que estaba muy enfadado porque llevaba tres años con un proyecto paralizado que generaría puestos de trabajo; que tenía una sentencia a favor del Supremo, que había pagado el concurso internacional de ideas, que tenía que pagar a una familia por su parcela, construir el campo de fútbol y pagar al Ministerio de Defensa por la parcela 103, donde estaba la batería militar", comentó el exalcalde. "Al final, González se avino a rebajar el precio de las parcelas a 8.750 millones de pesetas y ni un duro menos y dijo: o lo tomas o lo dejas, como las lentejas".

Zerolo incidió en que al finalizar la reunión, dio instrucciones a Parejo para que estudiara el asunto en Urbanismo, para ver si la operación podía contar con informes favorables. Si podía dársele cobertura legal. En ese estado de cosas, el exalcalde señaló que al día siguiente de esa reunión convocó un encuentro con los portavoces municipales del PP y del PSOE, José Emilio García Gómez y Emilio José Fresco, respectivamente: "convoqué la reunión un poco de manera egoísta, si quiere, para cubrirme las espaldas ya que ambas formaciones también estaban de acuerdo con que en el frente de playa no se construyera, pero quería que supieran cómo iban las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo para que a posteriori no se utilizara el asunto como arma arrojadiza política". Zerolo añadió que les manifestó a los portavoces que "González había impuesto un precio y que no lo iba a rebajar" y les señaló que ojalá se pudiera dar cobertura política a la operación porque si no era viable la compra, los empresarios terminarían construyendo los hoteles y los centros comerciales en el frente de playa".

"Los empresarios habían empezado las negociaciones pidiendo 12.000 millones de pesetas, luego lo rebajaron a 10.000 y al final nos dieron un ultmátum con 8.750 millones de pesetas", reiteró Zerolo.

El exalcalde fue preguntado si conocía las valoraciones realizadas por el departamento de Estudios Económicos de la Universidad Carlos III, el informe de Pool Gest, el estudio realizado por la entonces arquitecta municipal Pía Oramas o, incluso la valoración de Sociedad de Tasación (Sotasa). Esta última fijó el precio de las parcelas en 7.789 millones de pesetas (46 millones de euros), mientras que el infome de Oramas lo situaba en 3.200 millones de pesetas (19,5 millones de euros). Zerolo señaló que no conocía ninguno de esos estudios, que ahora, "después de estos dos meses de Máster de Urbanismo al que hemos asistido en este juicio, sí los he conocido, pero en aquel momento, no", bromeó. "Soy de letras y en las cuestiones urbanísticas jamás tuve que ver", aseguró.

El exmandatario municipal reiteró a la fiscal que no le preguntara por fechas o por expedientes en concreto, no solo porque no participaba en ellos, sino por los años que han transcurrido desde la operación de compraventa. Asimismo desmintió que él estuviera al tanto de los detalles sobre los expedientes e informes al respecto, y añadió que solo leía la resolución final de los mismos: "Si eran favorables o no". A pesar de esto, luego reconoció que se había interesado por la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera expropiar los terrenos. "Creo que es lo que hubiera intentado todo el mundo", dijo.

Insistió en que su participación en este asunto fue "exclusivamente" la dirección política, que no era otra que evitar la construcción en la playa de Las Teresitas, que fuera pública y resolver así un contencioso muy complejo que había durado más de 50 años.

Llegó a asegurar que en ese mandato "hubo políticos y funcionarios valientes que quisieron darle solución al asunto, como quería la mayor parte del pueblo de Santa Cruz, pero también podían haber mirado para otro lado y seguir con el asunto empantanado como hasta la fecha".

Para "tirar voladores"

Miguel Zerolo tiró de un hilo argumental en el que consideró que el acuerdo era "fantástico y maravilloso" para la ciudad y aunque ese paracer suyo no era nuevo, según había declarado ya a los medios de comunciación al inicio del juicio, sorprendió al plenario cuando dijo que por dicho acuerdo "deberían ser felicitados todos los políticos y funcionarios que participaron en el mismo".

"Fue un acuerdo perfecto", "un motivo de orgullo", "para tirar voladores". "Era un acuerdo en el que nos quedábamos con una parcela para construir un hotel, venderlo y que la operación no hubiera costado dinero al Ayuntamiento, era cuadrar el círculo", llegó a decir en las ocasiones en las que el tribunal le dejó explayarse ya que en más de una ocasión le advirtió de que fuera más conciso en sus respuestas a la fiscal.

El exalcalde se mantuvo fiel a su estrategia de que los propietarios de las parcelas tenían una "posición de fuerza" para fijar el precio y el Ayuntamiento o se plegaba a pagar lo que pedían los empresarios para que no construyera en el frente de playa como pedía "una gran parte del pueblo de Santa Cruz" o se terminaría urbanizando según los planes de ILT. Pero además incidió en la idea de que el precio que se iba a pagar era "un negocio perfecto para la ciudad", porque se frenaba la edificación del frente de playa y el municipio recibía una parcela que le permitiría recuperar la inversión, vendiéndola para construir un hotel.

"Había 15.000 millones de pesetas en el remanente de Tesorería, con lo cual estábamos sobrados de dinero", espetó para añadir "que no se comprometían otros proyectos". Aseguró no recordar cuándo vio el expediente de la compraventa que se llevaría al pleno extraordinario del 23 de julio de 2001, pero sí señaló que "contaba con todos los informes favorables de los técnicos y los funcionarios". "Leí del expediente la información suficiente y necesaria para elevarlo al pleno", reiteró.

Zerolo destacó que entonces todos pensaban que era una buena operación, menos quienes lo utilizaron después políticamente o quienes como ayer le llamaron "corrupto a las puertas del Juzgado". El exmandatario se refería a un reducido grupo de personas que se citaron para "recibirle como se merecía", según un wasap. A las 09.00 horas llegaba el exalcalde, que fue recibido con exabruptos por parte de una decena de personas que luego asistieron como público a la vista oral. Esta continua hoy con la segunda parte de la declaración del exedil de Urbanismo entonces, Manuel Parejo.

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