Diversas plataformas y colectivos han convocado una manifestación el próximo 27 de mayo en Canarias por los derechos sociales y laborales y por un territorio sostenible, coincidiendo con las Marchas por la Dignidad que se celebrarán en diversos lugares de España.
En el Archipiélago habrá manifestaciones y concentraciones en Gran Canaria (11.00 horas, desde el parque de San Telmo), Tenerife, La Palma, El Hierro y Fuerteventura, según informó ayer un portavoz de los organizadores, Antonio Pérez. En la capital unirá las reivindicaciones de diferentes plataformas y colectivos, como la Plataforma Canarias Territorio Sostenible, la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, la Asamblea Popular de Gran Canaria, colectivos en defensa de la sanidad pública y la Red de Solidaridad Popular, entre otros.
Exigen "unas condiciones de vida dignas para todos: con trabajo, salarios y pensiones decentes, con sanidad, educación y servicios sociales públicos y gratuitos, sin desahucios, sin desigualdades ni violencia patriarcal, sin pobreza y exclusión social, sin leyes represivas, sin corrupción, sin especulación ni burbujas inmobiliarias".
Pérez considera que la situación social en Canarias es especialmente preocupante, pues la mejora económica no se traslada a los ciudadanos y continúa existiendo una gran desigualdad y pobreza.
El desempleo es del 25 por ciento de la población activa en las islas -seis puntos más que la media de España-, y sube hasta el 27% en las mujeres y el 52% en los menores de 25 años. El 12% de los hogares canarios tiene en paro a todos los miembros de la familia en edad de trabajar y el Archipiélago presenta la segunda mayor tasa de parados de larga duración. Asimismo, las pensiones canarias están entre las seis más bajas del país, un 8% por debajo de la media, recuerdan.
Estos colectivos también remarcan que un tercio de los hogares canarios está bajo el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social, siete puntos por encima de la media nacional, y las islas también tienen la mayor tasa de hogares sin ingresos de todo el Estado -un 5,3%- y la mayor tasa de familias que sufren privación material severa -un 12,4%-, el doble que la media española.
