El Gobierno de Canarias mostró ayer una actitud conciliadora con el Ministerio de Fomento para tratar de llegar cuanto antes a un acuerdo sobre el nuevo convenio de carreteras y destrabar el cobro de la deuda del Estado por los impagos de los años de crisis en las condiciones más favorables para la Comunidad Autónoma. Lejos de la tensión de la semana pasada, en el Ejecutivo regional han decidido bajar el tono de sus críticas a fin de que la discusión meramente política no entorpezca el trabajo de los funcionarios del Gobierno canario y de Fomento para la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Eso sí, en el Gabinete que preside Fernando Clavijo no están dispuestos a que el asunto se demore sine die, de ahí que exhorten al Ministerio a reunirse "ya", esta misma semana, para abordar tanto la firma del nuevo convenio como la solución definitiva a la deuda del Estado con el Archipiélago. Una deuda que suma ya más de 900 millones de euros y cuyo abono no está en ningún caso en cuestión -el Gobierno central está obligado por el Tribunal Supremo- pero que sí ha complicado más la relación Canarias-Madrid por los detalles sobre la fórmula de pago y en qué medida el uso de los fondos se verá o no afectado por la regla de gasto.
La portavoz y consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, explicó tras el Consejo de Gobierno celebrado ayer en Las Palmas de Gran Canaria que desde su departamento se volvió "otra vez" a remitir "toda la documentación" al Ministerio que dirige José Luis Ábalos el pasado viernes. Las conversaciones regresaron así a la casilla de salida después de que se hubiera llegado en su día a un principio de acuerdo con el depuesto gobierno de Mariano Rajoy, un acuerdo truncado con el desembarco de Pedro Sánchez en Moncloa. La idea de las consejerías de Hacienda y de Obras Públicas y Transportes del Gabinete canario es que se respete la premisa fundamental de aquel pacto con los populares, esto es, que el dinero de los impagos quede liberado de la aplicación de la regla de gasto, para que su uso no quede limitado al pago de deuda pública, un objetivo menor en el caso de Canarias, que es la comunidad menos endeudada del país.
El caso es que sobre la mesa de las negociaciones entre Fomento y el Ejecutivo isleño están tres asuntos en uno, toda vez que se discute tanto el nuevo convenio como la fórmula de pago de la deuda acumulada entre 2012 y 2016 -cuando el Gobierno del PP decidió recortar unilateralmente los fondos por la merma de los ingresos públicos a causa de la crisis- y, además, la adenda para prorrogar el actual convenio y poder terminar las obras que incluye. Así las cosas, se trata en realidad de tres asuntos sobre la misma materia, de modo que Dávila exhortó a Fomento a poner fecha y hora para "una reunión inmediata". "Nosotros, tanto yo como el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes [Pablo Rodríguez] tenemos las maletas preparadas para ir a Madrid cuanto antes, y si puede ser ya esta misma semana, muchísimo mejor", ahondó la responsable de Hacienda, que explicó que Fomento aún no ha contestado -al menos hasta el mediodía de ayer- a la propuesta de Canarias para cerrar de una vez la fórmula de pago de la deuda.
La propuesta es, en esencia, la misma acordada en su momento con el PP, que permitiría que el dinero que tuvo que adelantar Canarias por los impagos del Estado para que no se paralizaran las obras de más urgencia -465 millones- pudiera utilizarse en servicios públicos y no quedara cautivo para el pago de deuda pública. "Desde un punto de vista técnico, la fórmula es absolutamente viable", insistió Dávila, que apeló a la buena voluntad de Ábalos para resolver "ya" el entuerto. "Le quiero recordar que el Gobierno se ha sentado con Cataluña y le ha pasado la deuda a corto plazo a largo plazo, así que si hay voluntad, se puede resolver, porque es totalmente viable", subrayó.
