"Pésima" y "desastrosa". Estos solo fueron algunos de los calificativos empleados ayer por la mayoría de la oposición parlamentaria para definir la gestión en dependencia en Canarias y reprobar, por primera vez en la Cámara canaria, a un miembro del Ejecutivo regional. Y aunque el objetivo de todos los dardos fue Cristina Valido, consejera de Políticas Sociales, PSOE, PP, NC y Podemos -los partidos que apoyaron la moción presentada por los socialistas- hicieron extensibles las críticas al presidente canario, Fernando Clavijo.
¿Qué efectos tendrá la decisión del Parlamento? En principio la moción aprobada ayer, además de la reprobación a Valido, insta al Gobierno regional a diseñar y aplicar de manera urgente un plan de mejora del sistema para revertir la situación. Con respecto a la consejera la iniciativa no va más allá. En nuestro país la reprobación política no es más que un 'tirón de orejas público'. No conlleva la obligación de dimitir. En el ruedo nacional en pocas semanas se han vivido las reprobaciones a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso, y al Rey Felipe VI en el Parlament catalán. Los dos siguen en sus cargos.
CC aseguró que la reprobación responde al interés de la oposición de "desgastar al Gobierno" antes de unas elecciones, pues los números, según indicó, confirman su avance. La diputada de CC, Elena Luis, expuso que hasta agosto de este año se habían registrado 3.086 altas y que en los últimos tres se han producido 12.029 nuevas altas de resoluciones de reconocimiento de prestación. En la actualidad hay un total de 30.291 personas en las Islas que tienen reconocido el derecho. "Los avances son indiscutibles, tras una situación caótica y los recortes en financiación, que llegaron a ascender a 1.000 millones de euros", insistió la nacionalista.
Las cifras sin embargo no contentaron a la mayoría de la oposición, que se empecinó en apuntar la deriva en la que está inmersa la atención a dependientes en las Islas desde hace años. La diputada socialista Teresa Cruz lamentó que la incorporación al sistema se haya limitado a 3.719 personas en casi dos años mientras que cuando Patricia Hernández era titular del área se incorporaron unas 3.000 personas. Cruz señaló, a su vez, que el 58% de los solicitantes no reciben la prestación y que solo el 72,91% de quienes la piden tienen resolución frente al 90% del resto de regiones.
Ello ha supuesto, subrayó la socialista, que cada mes de este año Canarias haya dejado de recibir el Gobierno central 3,5 millones de euros.
Desde el punto de vista de la diputada popular Josefa Luzardo en esta materia existe un problema de recursos porque el Ejecutivo regional no ha destinado el dinero necesario "para coger el toro por los cuernos". Para hacerlo, la popular propuso que una parte de los fondos adicionales procedentes de la financiación de Estado se inyecten en dependencia para lograr 70 millones más cada año.
La diputada de Podemos María del Río esgrimió, por su parte, que con esta reprobación se da "un toque al alfil" si bien deseó que en mayo las urnas recojan el "jaque mate al rey" mientras que Luis Campos, diputado de NC, lamentó que Canarias haya ocupado el último lugar en dependencia desde hace una década. Melodie Mendoza , diputada de ASG que se abstuvo en la votación, mostró su sorpresa porque se plantee ahora la reprobación cuando la carencia del sistema es desde el inicio de la ley de dependencia.
