Coalición Canaria de Fuerteventura asegura que las compras de agua y los encargos de arreglos de averías en la red de distribución en la isla majorera están "perfectamente justificadas". La formación nacionalista sostiene que la gestión pública del agua cumple la legalidad después de que saliera a la luz la querella del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Ernesto Vieira, contra el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, y el diputado regional y secretario primero de la Mesa del Parlamento, Mario Cabrera, por cuatro presuntos delitos de prevaricación y uno de falsedad documental por contratos, pagos y suministros en el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura (CAAF). En el escrito del Ministerio Público también están señalados otros dos miembros de la formación nacionalista: Manuel Miranda, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y Andrés Díaz, actual responsable insular de aguas.

CC asegura que las gestiones hechas desde el CAAF, empresa pública en la que participan el propio Cabildo y los seis ayuntamientos de Fuerteventura, se han realizado "con absoluta legalidad" y siempre para cubrir los requerimientos del abastecimiento. El partido recalca en un comunicado, enviado ayer, que el único objetivo "ha sido atender las necesidades de consumo de la población" a través del "procedimiento más ágil que las circunstancias permitían". Todo ello, mantiene, para evitar desabastecimientos de agua cuando había roturas, averías o picos de demanda.

El fiscal sostiene que Fermín Pérez Armas, miembro del CAAF entre 2005 y 2007 en representación de las organizaciones agrarias, ha estado suministrando agua al depósito de Tequital del consorcio durante al menos diez años por decisión de Cabrera -que fue presidente del Cabildo majorero entre 2003 y 2015-, Morales, Miranda -que ocupó el cargo de consejero delegado del CAAF durante la presidencia de Cabrera- y Díaz. Vieira, que solicita que se tome declaración a los querellados en calidad de investigados, apunta a que los importes abonados a Pérez "varían aleatoriamente" en cada mensualidad y anualidad sin que se corresponda a incrementos o disminuciones de agua suministrable "explicables" a las mismas variaciones en la población.

El Ministerio Público afirma que los querellados eran "perfectamente conocedores" de la situación y que Morales "fue expresamente advertido" en 2016 de la necesidad de licitar la prestación de dicho servicio por el interventor. "A día de hoy, más de dos años después, no consta que se haya iniciado expediente alguno de licitación", indica el fiscal. Vieira también apunta a presuntos delitos en el servicio de maquinarias retroexcavadoras para labores de mantenimiento y en el suministro de combustibles y carburantes dado que en ellos el contrato se formalizaba mediante la presentación de factura "como si de un contrato menor se tratara". Y, al igual que en el servicio de transporte de cubas de agua, por el que se pagaron entre 2008 y 2017 más de 648.000 euros, no consta ningún expediente administrativo con ninguna de las personas físicas o jurídicas que llevaron a cabo dichas prestaciones.

La formación nacionalista lamenta que los afectados se hayan enterado a través de la prensa de la existencia de esta querella, que surge a raíz de una denuncia del comité de empresa del CAAF. El partido critica, a su vez, que la misma se haya filtrado "de manera interesada" en la antesala de una campaña electoral. En cualquier caso, y a tenor de los datos publicados por los medios, CC subraya que el fiscal considera que el procedimiento administrativo seguido no ha sido el correcto y, por tanto, "no hay denuncias de otro tipo".

Coalición recuerda, asimismo, que el CAAF "se vio afectado por la carencia de empleados debido a la crisis económica y por los impedimentos que se pusieron a la política de nuevas contrataciones de personal a nivel estatal. Por ello, insiste, cuando había averías o picos de demanda se actuaba con "rapidez" para evitar desabastecimientos.