Clavijo denuncia un "interés impropio" de la Fiscalía en el 'caso Grúas'

Lo que se dilucida es si se llama a declarar al presidente del Gobierno como investigado. En un escrito con el que se ha personado ante el TSJC, el presidente de Gobierno de Canarias entiende que esta dilación del Ministerio Fiscal daña su derecho a la defensa lo que constituye una infracción de la tutela judicial efectiva. Ahora la Fiscalía tiene un plazo de cinco días para pronunciarse tras un nuevo requerimiento del Alto tribunal canario.

Clavijo ha solicitado el sobreseimiento del caso al entender que la acusación que afecta a la privatización del servicio municipal de recogida de vehículos en La Laguna se basa en una serie de hechos "que contradicen claramente" las imputaciones en un caso propiciado por una denuncia política de los partidos de la oposición en La Laguna. El pulso surge a seis meses de las elecciones regionales después de que la Fiscalía cambiara de opinión -de pedir el archivo pasó a ver indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos sin que se hubieran descubiertos nuevos hechos relevantes ni se aportaran nuevas pruebas- con retrasos inhabituales de varios meses que dilataron la causa, un cambio de Gobierno en España y un nuevo Estatuto de Autonomía que elimina el aforamiento para los cargos públicos.

Pendientes del TSJC

El TSJC es el tribunal que tiene que resolver si llama a declarar al presidente de Canarias como investigado -antes imputado-, como consecuencia de los indicios de delito observados por el Ministerio Fiscal en un préstamo municipal para evitar el quebranto del servicio de grúas y si hay hechos y pruebas convincentes como para iniciar o no un procedimiento contra Clavijo. Puede ocurrir también que ni siquiera el TSJC entre a dilucidar el fondo del asunto y proponga que la causa sea devuelta al juzgado de La Laguna al perder Fernando Clavijo su condición de aforado una vez se publique en el BOE el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

La investigación judicial del caso Grúas comienza en abril del año pasado, 14 años después del inicio de la privatización de las grúas de La Laguna, al denunciar dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Aguere -Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias- presuntas irregularidades en la concesión a una empresa privada -Autogrúas Poli- del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. La juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, Celia Blanco, archivó el caso tres meses después, con el apoyo de la Fiscalía, pero los partidos denunciantes recurrieron y la Audiencia Provincial les dio la razón. Ordenó la reapertura del procedimiento al entender que Celia Blanco lo sobreseyó de forma "precipitada" y "sin practicar diligencias de investigación".

El punto que centra ahora el caso es la concesión en 2014 por parte del Ayuntamiento a Autogrúas Poli de un préstamo de 120.000 euros -aprobado por la Junta de Gobierno y el pleno- ante los graves problemas económicos de la empresa y la necesidad de mantener el servicio y las nóminas de los empleados. La compañía devolvió los 120.000 euros en seis meses, intereses incluidos -1.600 euros-, sin provocar ningún perjuicio económico a las arcas municipales. Además, el Ayuntamiento evitó tener que hacerse cargo de las grúas con sus propios medios, lo que sí habría provocado un problema económico, según defiende el Gobierno municipal. Pero la Fiscalía, después de defender el archivo de la causa al no ver indicios de delito, sostiene ahora que Clavijo sí pudo cometer los delitos de prevaricación y malversación al aprobar ese préstamo sin base legal, con informes desfavorables de Intervención Municipal, sin un plazo de devolución específico y con una garantía irregular. En su escrito de defensa, Clavijo muestra los acuerdos municipales para desmontar como "hechos falsos" estas imputaciones.

Los principales retrasos

Los retrasos del Ministerio Fiscal que enumera la defensa legal de Fernando Clavijo en su escrito están produciendo una alteración de los tiempos procesales. El Juzgado de Instrucción Número dos de La Laguna ya archivó la causa en junio de 2017, al no observar ningún indicio de delito en la gestión de las grúas, pero la reabrió por orden de la Audiencia Provincial, que ha venido dando la razón a los dos partidos políticos denunciantes en sus sucesivos recursos.

El primer retraso, según el escrito de la defensa de Clavijo, se produce cuando la Fiscalía de la Audiencia Provincial tarda "más de siete meses" en emitir el informe pedido por la juez Celia Blanco en el que aprecia la existencia de indicios de actuaciones delictivas, cambiando completamente de parecer. El informe se eleva finalmente el 27 de julio de este año, dos meses después del cambio en el Gobierno estatal, en el que Pedro Sánchez (PSOE) sustituye a Mariano Rajoy (PP) al prosperar una moción de censura. El escrito fiscal llega al TSJC el 28 de agosto.

A la espera de otro informe

La nueva dilación se produce una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pide a la Fiscalía Superior de Canarias que emita un informe en el que analice si opina lo mismo que la Fiscalía de la Audiencia Provincial o, por el contrario, considera que no hay indicios para pedir a Fernando Clavijo que comparezca como investigado. Han pasado más de tres meses y el Ministerio Fiscal sigue sin pronunciarse. La defensa de Clavijo entiende que estas demoras van contra la ley y ponen al presidente canario en una situación de indefensión.

La respuesta del alto tribunal canario no se ha hecho esperar. La Sala de lo Penal del TSJC remitió ayer mismo una providencia a la oficina de la Fiscalía Superior de Canarias otorgándole un plazo de "cinco días hábiles improrrogables" para que realice el escrito de "competencia y contenido" en referencia a la posible apertura de una investigación de carácter penal sobre el presidente del Gobierno de Canarias por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como concejal de Seguridad y más tarde alcalde de La Laguna en el llamado caso Grúas que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. La providencia de la Sala responde al escrito que Clavijo remitió el martes al único órgano judicial de las Islas con competencias para conocer de causas contra aforados en la actualidad.

Cinco días de plazo

El TSJC informó ayer en un comunicado: "El presidentedel Gobierno exigió que no se demorara más el informe del Ministerio Público, ante la inminente entrada en vigor de la ley orgánica que promulga el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que acaba con los aforamientos de miembros del gobierno y parlamentarios". "Al tratarse de una providencia dictada por vía telemática, el Ministerio Fiscal dispone, además del plazo de cinco días hábiles improrrogables, un segundo plazo de 10 días naturales para contestar", concluye.

Pero la defensa de Fernando Clavijo no solo ha actuado contra el Ministerio Fiscal por las dilaciones. En otro escrito fechado ayer, solicita el archivo del procedimiento contra el presidente canario porque la Fiscalía se basa, para pedir la imputación de Clavijo por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, "en hechos que son ciertos, como estaba documentalmente acreditado desde el inicio de las actuaciones".

El Ministerio Público provincial basó su cambio de criterio, al pasar no ver ningún indicio de delito a sí apreciarlos, en dos puntos principales: la inexistencia de un plazo para la devolución del préstamo de 120.000 euros que dio el Ayuntamiento cuando el alcalde era Fernando Clavijo a Autogrúas Poli y la concesión de ese crédito sin una fianza para garantizar su devolución. Sin embargo, los letrados del presidente canario consideran que son apreciaciones erróneas.

La Junta de Gobierno

Con respecto al plazo, la defensa de Clavijo asegura que sí se estableció y lo trata de demostrar con el mismo documento de la Junta de Gobierno de La Laguna en el que se establece la aprobación del préstamo. En el apartado 3. 3. c. del Decreto 858/2014 de la Junta de Gobierno aparece lo siguiente: "Por lo que se refiere a la duración del préstamo y sus garantías, debe señalarse en primer lugar que (...) los expertos consultados consideran que debe coincidir con el de la finalización de la asunción temporal del servicio". Y sobre la garantía, se señala "la fianza constituida por la adjudicataria con carácter previo a la formalización del contrato de concesión del servicio, cuyo importe asciende a 182.427,82 euros". Según el último escrito de la defensa de Clavijo, "el error sobre los hechos es palmario y, por ello, se interesa el sobreseimiento". "No solo no hay ningún apoyo objetivo" a la tesis del Ministerio Público, sino que además "los hechos objetivos desdicen lo afirmado por la Fiscalía de la Audiencia Provincial".

Autogrúas Poli fue intervenida por el Consistorio lagunero el 28 de enero de 2014 pues cambios en la titularidad de la empresa -pasa del empresario José Padilla a varios empleados- no resuelven la situación económica. Falta material básico, se acumulan los impagos de nóminas, las grúas están en mal estado... La Junta de Gobierno aprueba el 28 de enero de 2014 asumir el control de la prestación de Autogrúas Poli, que acumulaba una deuda a corto plazo de 300.000 euros, sufre embargos de créditos y tiene bloqueados los ingresos. Es por estos problemas económicos que el Ayuntamiento decide no solo intervenir el servicio, sino adelantar 120.000 euros a los nuevos gestores. Los responsables municipales temían que de no actuar se verían obligados a asumir la prestación del servicio de recogida de vehículos, lo que hubiera precisado un enorme desembolso de dinero público.

Devolución del préstamo

El préstamo se devuelve en seis meses, con más de 1.600 euros de intereses, y no produce por tanto ningún perjuicio a las arcas públicas laguneras. Se da la circunstancia de que el fiscal Santiago Sánchez, el mismo que primero no vio nada irregular y luego sí, realiza una especie de acusación preventiva en lo que se refiere al presunto delito de malversación de fondos públicos, pues queda acreditado en la documentación que no desapareció ni un euro.

Así lo explica en su escrito del pasado 27 de julio: "El delito de malversación de caudales públicos tutela no solo el patrimonio público, sino sobre todo el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Ayuntamiento y, en este caso, la actuación de Clavijo se ha producido con una total ausencia de tutela del patrimonio público, en concreto del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Ayuntamiento de La Laguna, al autorizar el en referido decreto la autorización de un préstamo de 120.000 euros sin regulación legal, plazo y fianza para garantizar su devolución".

Los únicos imputados hasta ahora en el caso Grúas, después de su reapertura, son el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el concejal y portavoz municipal de CC, Antonio Miguel Pérez-Godiño.