La Fiscalía emitió ayer su dictamen sobre el caso Grúas. Solicita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que devuelva la causa al Juzgado de La Laguna, después de que el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, dejara de ser aforado con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía el pasado martes. El ministerio público basa su argumento en una sentencia del Tribunal Supremo que ordena devolver el procedimiento abierto a un exaforado a un tribunal ordinario. En la misma se establece que "la apertura del juicio oral constituye el momento en que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento". Por tanto, al no haber encausado, la Fiscalía estima que el proceso ha de retornar al Juzgado de La Laguna. A Clavijo todavía se ha de determinar si es investigado o no por su actuación cuando era concejal y después alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna en un préstamo municipal para evitar el quebranto del servicio de grúas.
La defensa del presidente del Gobierno canario puso en cuestión el pasado martes que la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía suponga que la parte del caso Grúas que afecta al jefe del Ejecutivo tenga que volver automáticamente al Juzgado de La Laguna al perder su condición de aforado. Clavijo ha reclamado "celeridad" en la resolución de este caso y ha criticado la demora de la Fiscalía porque le está ocasionando daño en sus derechos. El presidente insiste en que las posibles irregularidades en la gestión del servicio municipal de grúas de La Laguna durante su mandato no han sido denunciadas por la Fiscalía, ni se han investigado por iniciativa de un juez, sino a petición de dos partidos políticos: "Podemos y Nueva Canarias-Por Tenerife con Santiago Pérez".
Las quejas de Clavijo fueron recogidas por la Sala de lo Penal del TSJC, que le remitió una providencia la pasada semana a la Fiscalía para que emitiera en un plazo de cinco días su informe. Llevaba un retraso de tres meses y ayer finalmente lo hizo. En su escrito, la Fiscalía se refiere implícitamente a las críticas de Clavijo sobre la demora. El ministerio público excusa la tardanza en que solo la exposición razonada con la que el caso llegó al TSJC consta de 1.502 folios, "a los que hay que añadir los 22 tomos del procedimiento original que precisaron un laborioso estudio, análisis y valoración".
Estatuto histórico
El nuevo Estatuto de Autonomía pasa a la historia por ser el primer texto legal en España que elimina los aforamientos y casualmente su aplicación efectiva va en paralelo a la instrucción del caso Grúas. Para la Fiscalía la situación es en sí llamativa pues retirar la condición de aforado a un presidente es "históricamente novedoso" en España, subraya.
El ministerio público casi no entra en el fondo del caso en el sentido de si ve o no indicios de que Clavijo pudo cometer alguna irregularidad con respecto al servicio de las grúas en La Laguna, pero sí expone que el último informe de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, emitido el pasado 27 de julio, considera que pudo cometer delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
Ese informe, que asumió la juez de La Laguna, Celia Blanco, se hizo después de que sobreseyeran la causa. El Juzgado lagunero que instruyó el procedimiento inicialmente lo archivó al no apreciar indicios de delito (junio de 2017), luego lo retomó porque la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife corrigió su decisión y le ordenó practicar nuevas investigaciones (octubre de 2017) y lo elevó al TSJC al apreciar indicios que podían involucrar a Clavijo. Eso fue en noviembre de 2017, en una primera remisión, y en agosto de 2018, en una segunda. Desde entonces se esperaba un informe de la Fiscalía.
La Fiscalía reconoce que la pérdida de competencia de un tribunal por la reforma del Estatuto de Autonomía es un supuesto que no está previsto en norma alguna, pero que sí puede analizarse con situaciones análogas que ha tenido que resolver en los últimos años el Supremo. En concreto, razona sobre los procedimientos que se iniciaron con un aforado entre los implicados y que, de forma sobrevenida, se encontraron con que esa persona dejó de tener tal condición, porque dimitió. Es una situación totalmente distinta a esta causa.
La Fiscalía entiende que el Supremo tiene establecido que un Tribunal Superior solo mantiene su competencia sobre esos casos frente al juzgado natural -el del lugar donde ocurrieron los hechos- cuando el implicado ha perdido su aforamiento con toda la instrucción completada, y fija como límite la apertura de juicio oral, momento al que todavía no se ha llegado en el caso Grúas.
Ahora la decisión queda en manos de la Sala de lo Penal del TSJC. Si secunda el criterio de la Fiscalía, el caso Grúas regresará al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, pero si asume la competencia tendrá que deliberar sobre si Clavijo es investigado o no.
El TSJC también le ha pedido al ministerio fiscal que informe sobre otra situación que concierne a aforados al ser una situación tan novedosa. Se refiere a una querella del fiscal del TSJC, Ernesto Vieira, contra el diputado regional de CC, Mario Cabrera, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, por presuntos delitos de prevaricación y de falsedad en documento oficial, por su gestión al frente del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura. Mario Cabrera era aforado al ser diputado con lo que el TSJC quiere saber la opinión de la Fiscalía sobre si la causa debe volver al juzgado ordinario.
De otro lado, el portavoz de Unidos Se Puede en el Ayuntamiento de La Laguna, Rubens Ascanio, celebró la decisión de la Fiscalía "de no prolongar por más tiempo el privilegio de aforamiento". Por Tenerife - NC pidió la remisión "inmediata" de la causa al juzgado ordinario.
