El teniente fiscal del TSJC trasladó en un estudio a su jefe el cierre del 'caso Grúas'

El informe de Demetrio Pintado, cuyo contenido es reservado -ha estado guardado con máxima discreción dos meses con un acceso muy restringido para los funcionarios de la máxima confianza de la Fiscalía- está registrado en Atlante, el sistema informático con el que opera la Administración de Justicia de Canarias.

Las conclusiones de la investigación de Pintado que desde hace dos meses conoce Vicente Garrido se trasladaron en octubre a la Fiscalía General del Estado dentro de un procedimiento ordinario para mantener la unidad de actuación del ministerio público en los procesos judiciales, sobre todo dada la extraordinaria trascendencia y relevancia de un caso que afecta al presidente del Gobierno de Canarias. Aún así no se ha dado a conocer.

El nuevo jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Fernando Rodríguez Rey -nombrado por la fiscal general del Estado, María José Segarra, el 7 de septiembre- analizó el trabajo de Pintado, tras remitírselo Vicente Garrido, y salvo algunas cuestiones sobre precisiones de técnica-jurídica, que en nada afecta a las conclusiones finales, validó el estudio del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la actuación de Clavijo en el caso Grúas. Aún así se mantiene el sigilo sobre el mismo.

El conocimiento público del informe de Demetrio Pintado es relevante no solo porque de una manera inminente se espera una resolución de la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre si mantiene bajo su jurisdicción el caso Grúas -una vez aprobado el Estatuto de Autonomía de Canarias y la pérdida de la condición de aforado del presidente del Gobierno- sino porque el texto del teniente fiscal -el número dos del ministerio público del Alto Tribunal canario- ha sido ignorado por el fiscal jefe en sus comunicaciones oficiales públicas sobre la causa.

Bajo el principio jerárquico que rige la actuación de la Fiscalía -el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal impone la obligación de acatar las órdenes e instrucciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Canarias, a todos sus subordinados- las conclusiones de Pintado no tienen por qué ser asumidas ni compartidas por Garrido. Sin embargo, el proceder con esta causa es inhabitual. Por el silencio que se ha decretado sobre el trabajo de Pintado -como si no se hubiera redactado nunca- y la gestión de los tiempos de respuesta desde la jefatura de la Fiscalía a los requerimientos formulados, en una clara maniobra dilatoria para que la causa dejara la jurisdicción del TSJC.

Excusas

Pese a la relevancia del asunto -si se llama o no a declarar como investigado al presidente del Gobierno de Canarias- las repercusiones políticas y judiciales de esta decisión -a seis meses de una elecciones regionales con Clavijo presentándose a la reelección- y la singularidad del supuesto que se analiza "históricamente novedoso" en la historia judicial de España, según lo ha reconocido el propio fiscal jefe del TSJC, el estudio de Demetrio Pintado se ha mantenido de manera premeditada con el máximo secreto. Este silencio está condicionando el trascurrir del caso. No solo eso, afecta también a la tutela judicial efectiva al que tienen derecho todos las partes implicadas en el asunto.

El fiscal superior de Canarias, en una respuesta difundida el 8 de noviembre a requerimiento de la Sala de lo Penal del TSJC para que se pronunciara sobre la existencia de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la gestión de Clavijo como alcalde de La Laguna, utiliza tres excusas -el escaso tiempo disponible, la complejidad de la causa, y los 22 tomos del procedimiento- para evitar pronunciarse.

Obvia, sin embargo, que su teniente fiscal ya había hecho ese trabajo. Ni lo menciona en el texto. Es un factor relevante que la Fiscalía no se enfrentaba por primera vez y sin apenas tiempo ni conocimiento previo -como da a entender Vicente Garrido en su escrito- a una causa que ya había sido estudiada, analizada y valorada por su segundo.

En ese escrito del 8 de noviembre ante la Sala de lo Penal del TSJC Vicente Garrido se escuda para no pronunciarse sobre el fondo del asunto en que los presuntos delitos atribuidos a Fernando Clavijo son de una "naturaleza compleja" vinculados al derecho administrativo en una causa que requiere un "laborioso estudio, análisis y valoración".

En su detallado y exhaustivo relato sobre los "diferentes criterios judiciales" por los que ha pasado la causa el fiscal superior evita mencionar que en agosto, cuando el caso se elevó al TSJC desde el juzgado de La Laguna, se difundió desde el Alto tribunal canario que Demetrio Pintado, como teniente fiscal, se encargaría de elaborar un informe sobre la gestión del presidente del Gobierno en el caso Grúas.

Desde entonces nada más se supo sobre ese trabajo. Aunque oficialmente no se ha trasladado ninguna información sobre las tareas hechas por el teniente fiscal sobre el caso Grúas la versión que se ha impuesto es la expuesta por Garrido en su respuesta a la Sala de lo Penal: dado lo laborioso y complejo del caso no ha habido tiempo para llegar a una conclusión. En el caso de Demetrio Pintado lo que comenta Garrido no es cierto.

Antes de iniciar sus vacaciones a finales de septiembre Pintado ya tenía redactadas sus conclusiones y entregado el texto a su superior jerárquico. En realidad, en la causa que afecta a Clavijo no es preciso repasar la extensa documentación de la causa ni todos los trámites administrativos por los que pasó la privatización del servicio de grúas en La Laguna desde que se inició en 2004. Para valorar la actuación de Clavijo no se requiere tanto tiempo ni estudiar tanta documentación como expone Garrido. Su mano derecha, el teniente fiscal, en un minucioso y trabajado informe ya llegó hace dos meses a una conclusión: no hay delito.