El Ejecutivo regional negó ayer que la amnistía fiscal a las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep) y la subsanación del "error" de incluir en los presupuestos regionales de 2019 la exención del IGIC a la entrega de la energía en vez de la reducción al tipo cero descuadre las cuentas y lleve al incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, defendió en la sesión plenaria de ayer que la condonación de la deuda de más de 13,4 millones a las Sagep, derivada de una reinterpretación de la norma fiscal, mediante una disposición adicional en las cuentas "es la única vía para impedir ese depósito", que las empresas afectadas "entren en situación de quiebra insalvable" y que 800 familias "vean embargada la nómina".
La amnistía es, según Dávila, "una medida excepcional" que permite una mayor diligencia que la vía judicial. Esta decisión ha generado revuelo tanto entre las propias sociedades de la estiba, que niegan que la deuda exista, como entre los inspectores de la Agencia Tributaria Canaria, que entienden que su actuación ha sido desautorizada.
Para Román Rodríguez (NC), esta medida sienta precedente, por lo que exigió al Ejecutivo que deje de hacer "chapuzas" con la política fiscal. Un desacierto que también hizo extensible, como el PSOE y Podemos, a la inclusión de la exención del IGIC a la entrega de energía en las cuentas. Estos tres grupos advirtieron que la modificación tendrá repercusión importante en los ingresos y gastos, algo que negó el consejero de Economía, Pedro Ortega, quien insistió en que se trató de un "error".
