Ni la patronal ni el Gobierno de Canarias La supresión -por omisión- de la mayor parte de las ventajas fiscales del REF en los presupuestos generales del Estado ha despertado incredulidad e indignación a partes iguales. Están en riesgo, avisaron ayer los empresarios, tanto el empleo como la economía misma de la Comunidad Autónoma. Aunque la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, envió en octubre una carta a su homóloga estatal, María Jesús Montero, para recordarle que debía tener presente el fuero isleño en la modificación del régimen tributario, ni esta ni las posteriores advertencias surtieron efecto. No hay mención alguna del REF en los artículos que revisan el Impuesto de Sociedades, lo que implica ignorar el coste de la ultraperiferia para las empresas canarias. Se suprime así, de facto, el diferencial fiscal en favor de las sociedades radicadas en las Islas. Un "disparate" de tal magnitud que "solo puede ser un mal sueño", denunció ayer el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Mario Romero Mur.
La postura de las organizaciones empresariales es unánime: "No puede permitirse de ningún modo que se incumplan el REF y el Estatuto de Autonomía". Más allá de las connotaciones políticas, "están en juego el empleo y la actividad económica", subrayó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara.
Si los presupuestos salieran adelante en sus actuales términos, las empresas canarias con una cifra de negocio de al menos 20 millones de euros estarían obligadas a pagar por el Impuesto de Sociedades un mínimo del 15% de la base imponible. De hecho estarían tan obligadas como las empresas del resto del país. Una tabla rasa que implicaría que las deducciones que prevé el REF perdieran su razón de ser, esto es, compensar el coste de estar a 2.000 kilómetros de la Europa continental y servir de incentivo a la inversión e instalación de nuevas sociedades. "Imponer ese mínimo del 15% también en Canarias generaría un impacto fiscal enorme, y justamente en las empresas que más empleo están creando", argumentó el secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, que hizo también hincapié en el otro efecto perverso de la reforma: su carácter desincentivador. "Se perdería atractivo de cara al futuro", apuntó el representante de la patronal. Un claro ejemplo, agregó Romero Mur, es el de las producciones cinematográficas. Canarias siempre ha tenido escenarios y paisajes naturales para llamar la atención de las productoras, pero no ha sido hasta que han podido explotar al máximo las ventajas fiscales del REF cuando esta industria ha despegado definitivamente en el Archipiélago. "Sería una mutilación de gran parte de los incentivos canarios y dañaría la confianza para invertir en las Islas, un problema para una industria en progreso como la de las grabaciones de cine", reflexionó el presidente del Círculo de Empresarios.
Romero Mur reconoció haber hablado ayer mismo con el secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres -este periódico no consiguió que nadie de los socialistas atendiera su petición para conocer el parecer del partido-, y dijo estar confiado en que se corrija este "disparate". Eso sí, ya solo es posible corregir los artículos 64 y 65 de la ley presupuestaria por medio de enmiendas parciales, toda vez que el proyecto legislativo del gobierno de Pedro Sánchez encara el trámite parlamentario.
Tres meses de avisos
El Gobierno y los partidos políticos canarios se ven así en la obligación de exigir al Ministerio de Hacienda que respete la ley del REF apenas tres meses después de aprobarse. Una situación a la que se ha llegado, paradójicamente, a pesar de que la consejera de Hacienda remitió el primer aviso a la ministra Montero hace tres meses y a pesar de que fue el propio Ministerio de Hacienda el que tramitó y defendió ante Bruselas el diferencial fiscal de la Comunidad Autónoma. Rosa Dávila ya avisó en esa carta del 23 de octubre -que se reproduce íntegramente en esta página- sobre la conveniencia de exceptuar a Canarias de la tabla rasa en el Impuesto de Sociedades. "Un establecimiento de tributaciones obligatorias en el Impuesto sobre Sociedades con un único porcentaje para todas las empresas establecidas en todo el territorio español vulneraría la especial protección que tienen las empresas canarias en la legislación vigente", significó entonces la también portavoz del Ejecutivo regional.
Dávila explicó ayer a este diario que efectivamente hubo respuesta de Hacienda, en concreto desde la Secretaría de Estado, si bien la respuesta se limitaba a garantizar el respeto a las particularidades fiscales de las empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC). Aunque hubo otra misiva de la consejera para aclarar que el REF va mucho más allá de la ZEC, lo cierto es que es justamente la ZEC la única excepción que hay en favor del Archipiélago en los artículos que modifican el Impuesto de Sociedades. Se cercenan así la deducción por inversiones, la deducción por inversiones en las islas verdes -pensada para impulsar las economías de El Hierro, La Gomera y La Palma-, los incentivos a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica e incluso los incentivos a la creación de empleo, puesto que queda sin efecto el aumento del 30%. Es más, aunque hay dudas sobre si la bonificación a la producción industrial estaría o no en peligro, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Andrés Calvo, adelantó que pedirán que las enmiendas que se defiendan en Madrid dejen meridianamente claro que esta ventaja fiscal no se va a tocar. El texto del Gobierno socialista habla únicamente de las bonificaciones "que sean de aplicación", y los industriales isleños no están dispuestos a arriesgarse a una futura inspección fiscal por falta de claridad en la norma. Una inseguridad jurídica que también denuncian.
"Si el diferencial fiscal se limita, no habrá ningún aliciente para instalarse en Canarias", subrayó Dávila. No obstante, parte del daño ya está hecho precisamente por la incertidumbre generada. "No puede ser que un REF recién aprobado se quede fuera a las primeras de cambio", se lamentó Calvo. Fuerzas políticas como NC, la Agrupación Socialista Gomera, el Partido Popular o CC ya han dejado claro que no piensan tragar con el olvido del REF. Y en la misma línea están en las organizaciones empresariales. "Se va a dar batalla", dejaron claro tanto De Lara como Bezares y Andrés Calvo.
Dávila recordó que el Parlamento ha de pronunciarse si se modifica el REF. En Hacienda entienden que esta modificación se produce, por omisión, en la ley presupuestaria, con lo que la Cámara tendrá que manifestarse si el Gobierno no corrige el proyecto legislativo.
