Primer paso aparente del Ministerio de Fomento para poder alcanzar un acuerdo con Canarias sobre el pago de la deuda pendiente por los incumplimientos entre 2012 y 2016 del anterior convenio de carreteras y que motivó cuatro sentencias del Tribunal Supremo condenando al Estado a transferir a las Islas un total de 945 millones, incluidos los intereses de demora. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, se comprometió ayer ante el vicepresidente de Canarias y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, a estudiar la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo extrajudicial entre ambas partes en el que se contemple el pago de la deuda reconocida por el ministerio, 600 millones, sin exigir a Canarias que renuncie a reclamar de nuevo ante los tribunales los otros 345 que completarían la deuda completa.
El desencuentro en la interpretación de las sentencias del Supremo sobre estos pagos es lo que motivó que Canarias se negara a firmar el acuerdo extrajudicial que proponía Fomento cuando se rubricó el nuevo convenio de carreteras (hasta el 2025 por valor de 1.200 millones) el pasado 22 de diciembre. Esas diferencias sobre el fondo siguen existiendo, ya que el Ministerio insiste en su teoría de que solo debe abonar las cantidades ejecutadas por el Gobierno regional, no las previstas en el anterior convenio, pero al menos ahora acepta que la discrepancia se pueda dirimir en los tribunales. Mientras tanto, se podrá ir transfiriendo las anualidades que acuerden correspondientes a los 600 millones sí reconocidos por el Ministerio. Ambas partes intentarán hoy avanzar en un texto de consenso durante la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio que se reunirá en la sede ministerial, pero en la que no estarán ni Rodríguez, ni Saura.
Se han convocado además diferentes reuniones de carácter técnico para los próximos días para tratar de alcanzar un acuerdo "lo antes posible", según comentó ayer el consejero canario tras la reunión.
Rodríguez insistió en que "Canarias no va a renunciar ni a un solo euro de lo que nos corresponde de forma legítima, ni a un derecho reconocido por sentencia". Explicó que se quedó´"en buscar una solución en la que, por un lado, Canarias pueda ir disponiendo de esos 600 millones en los próximos años con un acuerdo de pagos plurianuales, pero sin renunciar a la vía de requerimiento de los 345 millones que nosotros entendemos que suma toda la deuda". Es decir, que con o sin nuevo acuerdo extrajudicial sobre esa deuda reconocida por Fomento, el Gobierno regional planteará ante Supremo un incidente de ejecución de sentencia para obligar al Estado al pago de todas las cantidades recogidas en el convenio que el anterior Gobierno del PP incumplió por los recortes en los años de las crisis.
"Ellos dicen que están de acuerdo en buscar una nueva redacción del acuerdo extrajudicial que nos permita firmar ya la disposición de los 600 millones que ahora están dispuesto a pagar, pero dejando abierta la vía de que sigamos reclamando en requerimiento judicial los otros 345. Porque tal y como estaba redactado el acuerdo que nos propusieron en diciembre, eso no era posible", insistió el consejero. Según Rodríguez aseguró tras la reunión, "en el momento que se firme, podremos empezar a tramitar la primera anualidad de este año, cuya cifra va a depender de los términos del acuerdo".
La consejería sostiene que mientras el Estado no abone a Canarias la cantidad que corresponde, los intereses legales seguirán incrementándose aproximadamente en 1,2 millones al mes, razón por la que consideran que al Ministerio le interesa firmar cuanto antes un acuerdo sobre los pagos a realizar, ya que lo que pretende ahorrarse por su interpretación de la sentencia judicial lo pierde en el pago de los intereses acumulados. En tanto que una nueva sentencia que diera la razón a Canarias, tal como cree el Gobierno regional que ocurriría sin ninguna duda, ocasionaría doble gasto para el Estado.
Este escenario es el que podría determinar una decisión por parte de Fomento favorable a una rápida firma de un nuevo acuerdo extrajudicial entre ambas partes.
Según Pablo Rodríguez, los términos del acuerdo que se pudiera alcanzar a este respecto determinará a su vez la cantidad que finalmente reciba Canarias para carreteras en 2019, una vez que ha decaído el proyecto de Presupuestos para este año, lo que supone la prórroga automática teórica de los 307 millones consignados en las cuentas de 2018. Sin embargo, "al no haberse firmado aún el acuerdo extrajudicial y la adenda, lo único de lo que podemos disponer es de lo firmado en el nuevo convenio, que son 60 millones", explicó el consejero. Con todo, aclaró que "como aún no nos han liquidado los 60 correspondiente a 2018, podemos interpretar que se podrán sumar las dos primeras anualidades (120millones). Además, "dependiendo de si se firman el acuerdo extrajudicial y la adenda tendríamos también en los 307 millones prorrogados suficiente cobertura para asumir las primeras anualidades del acuerdo extrajudicial y de la adenda", concluyó.
Por otro lado, Fomento también está dispuesto a aceptar la reclamación canaria de que los pagos de la deuda no afecte a la regla de gasto para que todo pueda a ir a inversión y no a deuda. "Le hemos dicho que eso nos podemos asumir que esos fondos cuenten para la regla de gasto porque Canarias no tiene déficit. Nos han dicho que depende más de Hacienda que de ellos pero en principio no le ven dificultad", afirmó.
