El Ejecutivo regional no quiere esperar más para ingresar en sus arcas los 991,6 millones que el Estado adeuda a Canarias en carreteras. Ante el incumplimiento del acuerdo extrajudicial al que había llegado el Gobierno canario con el Ministerio de Fomento en esta materia y la imposibilidad de llegar a un nuevo pacto, el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo solicitó el miércoles a la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la "ejecución forzosa" de la sentencia que obliga al Estado a abonar los 864,7 millones que dejó de enviar entre 2012 y 2017, una cantidad a la que se suman 126,9 millones en concepto de intereses.
"Han pasado más de ocho años desde que el Estado debió transferir al Archipiélago la anualidad de 2012. Han sido ocho años de lucha ante la Justicia, de negociaciones y de un esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno autonómico para cubrir, con fondos propios, la deuda estatal", subrayó la portavoz del Gobierno canario y consejera de Hacienda, Rosa Dávila. La Comunidad Autónoma, según indicó, trató "por todos los medios" alcanzar un acuerdo, pero "al ver que no había la más mínima predisposición a abonar las cuantías" la Consejería de Obras Públicas, en manos de Pablo Rodríguez, ha decidido requerir a la Audiencia Nacional el fallo.
Las obras realizadas en la región entre 2012 y 2016 supusieron un coste de 805,09 millones, pero las transferencias hechas desde Fomento ascendieron a 325,3 millones. Dávila lamentó, por ello, que se hayan ejecutado infraestructuras viarias directamente por el Estado en todas las regiones excepto en Canarias.
Con todo, el Ejecutivo regional no cierra la puerta al diálogo. La consejera de Hacienda mostró la disposición del Gobierno de lograr un acuerdo extrajudicial, pero advirtió que no permitirá que se reste "ni un solo euro" a Canarias de lo que ya ha ganado en los tribunales al Estado, que, a su juicio, "se ha cerrado a dar una solución pacífica en este tema".
El 22 de diciembre, Pablo Rodríguez suscribió en Madrid el convenio de carreteras vigente dotado con 1.200 millones de euros. En la mesa dejó sin firmar, en cambio, el acuerdo extrajudicial propuesto por Fomento. En este documento Madrid solo reconocía una deuda de 600 millones y no los 945 que demandaba el Archipiélago en base a varios fallos del Tribunal Supremo. "En aras al buen rollito", como apuntó ayer la propia Dávila, el Ejecutivo regional no había computado los intereses de la parte que el Gobierno canario no había ejecutado aún. Ante el tijeretazo que trató de efectuar entonces el Estado y la falta de acuerdo, Canarias exige ahora el pago total de los intereses más la deuda.
El ingreso de los 991,6 millones en una sola transferencia -y no de forma paulatina como se buscaba en el acuerdo extrajudicial fallido- no implicaría, según aseguró Dávila en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la congelación de parte de dichos fondos. "Nuestra interpretación es que no va a superávit y también lo interpreta así la propia Intervención del Estado, con lo cual se incorporaría a los presupuestos de la Comunidad Autónoma", apostilló.
El incumplimiento del Estado ha provocado que aún haya obras en ejecución del convenio anterior para las que aún faltan por llegar 100,5 millones. Es el caso de la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la obra complementaria de la vía Pagador- Guía en Gran Canaria; Costa Calma-Pecenescal y la autovía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura; la segunda fase del tramo Avenida Tres Mayo-Guajara en Tenerife y el acceso de Tazacorte y San Simón-Tajuya en La Palma.
