La publicación hoy mismo del decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril pone fin a una legislatura marcada por la inestabilidad política, y el hecho histórico de un cambio de Gobierno como consecuencia del triunfo de una moción de censura hace ocho meses. Los casi tres años transcurridos desde aquel 10 de julio de 2016 en que se constituyeron las Cámaras ahora disueltas han resultado, sin embargo, bastante productivos para Canarias tanto desde el punto de vista legislativo, como desde la adopción de medidas presupuestarias, pero con un final de etapa en el que se ha reabierto la tensión con el Estado.
La mayoría de las fuerzas políticas canarias y el propio Ejecutivo de las Islas consideran que, pese a los vaivenes políticos, una parte importante de los puntos incluidos en la llamada agenda canaria para abordar en Madrid se ha podido cumplir, tales como las reformas del REF y el Estatuto, o la aprobación de varios presupuestos estatales con importantes mejoras de la inversión para las Islas, y el histórico aumento al 75 % de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes. Sin embargo, la sensación en este final de legislatura es que no se ha terminado de cerrar esa agenda precisamente por los efectos del cambio de Gobierno y de las mayorías de apoyo al mismo en el Congreso, y que han quedado sobre la mesa importantes cuestiones como la reforma de la financiación autonómica, o el cumplimiento de algunos compromisos presupuestarios, entre otros asuntos.
Los desencuentros de los últimos meses entre el Gobierno regional del nacionalista Fernando Clavijo (CC), y el Ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez, han terminado por dejar la legislatura con las espadas en alto en el ámbito institucional, y abren una nueva crisis entre Canarias y el Estado y una alta conflictividad entre ambas partes. Se frustra así la dinámica de los dos años anteriores y el ambiente de colaboración que se mantuvo desde el Archipiélago con el anterior Ejecutivo del PP liderado por Mariano Rajoy, y deja en el aire el papel que Canarias jugará en la próxima legislatura en un marco de gran fragmentación parlamentaria y de complejo escenario territorial como consecuencia del conflicto catalán y del resultado que deparen las también inminentes elecciones autonómicas del 26 de mayo.
Fin a los recortes
La legislatura que ahora concluye arrancó marcada por la investidura de Rajoy con el único apoyo de Cs y de la diputada de CC, Ana Oramas, y la necesaria abstención del PSOE, un hecho que provocó una crisis sin precedentes en las filas socialistas. El pacto entre el PP y CC para permitir el gobierno de los populares incluía un amplio abanico de medidas que, de facto, soportaban el grueso de la agenda canaria sobre la que había un amplio consenso en las Islas y que trataba de dar la vuelta a cuatro años de recortes durante la crisis económica, entre 2011 y 2015. De hecho, fueron los mismos puntos que tanto CC como NC habían pactado con el PSOE para la frustrada investidura de Sánchez unos meses antes. El desarrollo de ese pacto entre populares y nacionalistas se concretó en la tramitación de las reformas de los dos leyes más importantes de Canarias, el REF y el Estatuto de Autonomía, que no se renovaban desde hacía 24 y 22 años, respectivamente.
El amplio consenso en las Islas y en el propio Congreso sobre las líneas básicas de ambas reformas facilitó una tramitación, a lo largo de varios meses, que a la postre concluiría con su aprobación definitiva en octubre pasado. En esencia, REF y Estatuto contemplan en sus versiones actualizadas novedades de importante calado que permitirán avanzar a Canarias en su autogobierno y en el reconocimiento de sus singularidades, así como en la mejora de las compensaciones a la lejanía y la insularidad. El fuero económico logra por fin desvincular los ingresos propios de las Islas de la financiación autonómica, y confirma el descuento del 75 % para los residentes en sus desplazamientos entre islas y a la Península, además de otras medidas de carácter social y de lucha contra la pobreza. El nuevo Estatuto, por su lado, blinda el REF, abre la puerta a nuevas competencias, reconoce las aguas como parte de la Comunidad Autónoma, elimina los aforamientos a los parlamentarios, y establece un nuevo sistema electoral en el que se incluye una lista regional.
La vertiente presupuestaria ha sido el otro aspecto en el que se concretaron los acuerdos previos para la legislatura entre CC y el PP, aunque en esta ocasión con la participación clave de NC por el valor estratégico que la aritmética parlamentaria otorgaba a su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, cuyo voto era imprescindible para que las cuentas públicas de 2017 y 2018 prosperaran. En ambos casos, la negociación se saldó con importantes mejoras de la inversión estatal en las Islas hasta el punto de considerar que por primera vez se cumplía el mandato del fuero canario de que ésta no fuera inferior a la media del conjunto del Estado.
El hecho de que la aprobación de los Presupuestos de 2018 se llevara a cabo después de la moción de censura que apartó a Rajoy del Gobierno y catapultara hasta él a Sánchez, no cambió el escenario teórico de los acuerdos sobre la ficha financiera para Canarias, ya que el nuevo Ejecutivo socialista asumió todos los compromisos previos. Sin embargo, con el cambio de la mayoría parlamentaria de apoyo al Gobierno, en el que CC y NC ya no eran imprescindibles, la actitud desde Madrid hacia las Islas fue derivando en un incumplimiento masivo de dichos compromisos, tanto en relación con la firma y dotación de los convenios de infraestructuras pendientes, como con respecto al nuevo REF económico.
El proyecto de Presupuestos para el 2019 que Sánchez presentó al Congreso contemplaba un importante recorte de las partidas e incumplía el fuero canario en varios preceptos. El rechazo de la Cámara a esas cuentas públicas prorroga automáticamente las del 2018, pero el Ejecutivo central mantiene cerrado el grifo de las inversiones y tiene pendientes de traspasar a la comunidad autónomas 327 millones comprometidos, además de una deuda de 945 millones en carreteras que el Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar ante la Justicia.
El decreto de fin de legislatura coincide además en el tiempo con una nueva decisión controvertida de Sánchez, la de impulsar la equiparación de la insularidad de Baleares con Canarias en su condición de región ultraperiférica, algo que se entiende que no será autorizado por Bruselas. Este nuevo gesto se suma a los muchos "desplantes" que el Gobierno regional considera que ha realizado el Ejecutivo del PSOE con las Islas, y que marcarán el debate de las inminentes campañas electorales canarias del 28-A y del 26-M.
La etapa política a la que hoy pone fin el decreto de convocatoria electoral ha estado marcada también por el desafío a la legalidad constitucional por parte de la Generalitat y el Parlament de Cataluña con el referéndum ilegal del 1-O del 2017 y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) pocas semanas después, que provocó la aplicación en esa comunidad autónoma del artículo 155 de la Carta Magna, una medida aprobada en el Senado por PP, PSOE, Cs y CC, frente a los votos en contra de nacionalistas catalanes y vascos y de Podemos, y que contó con la única abstención de la senadora de NC, María José Santana. El acercamiento del actual Gobierno de Sánchez a los soberanistas catalanes ha distendido la situación en aquella comunidad autónoma, pero no ha impedido el adelanto electoral tras el fracaso del proyecto de Presupuestos para este año.
