Las negociaciones para intentar formar un gobierno e iniciar la legislatura tras las elecciones del pasado domingo acaban de empezar. El pacto progresista entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) para un Ejecutivo progresista de coalición y lograr la investidura del socialista Pedro Sánchez necesita contar con la complicidad de otras muchas formaciones políticas. Nunca hasta ahora una mayoría parlamentaria para avalar una investidura ha necesitado del apoyo de tantos partidos, consecuencia de la fragmentación política española de los últimos tiempos y en particular de la del 10 N.
Una variedad de opciones y formaciones políticas que en muchos casos se circunscriben a un solo territorio y cuyos programas se remiten directamente a las prioridades de su respectiva comunidad autónoma o, incluso, provincia. La mayoría de ellas están siendo consultadas por los dos partidos que buscan apoyo para formar gobierno y todas se presentan a la consulta con su programa de peticiones y su particular agenda territorial.
Más allá de que para facilitar la investidura de Sánchez estos partidos no adopten de entrada una posición maximalista ni exijan concreciones a sus respectivas reclamaciones, es evidente que variarán sus estrategias de futuro si finalmente se logra poner en marcha la maquinaria de la Administración con el nuevo Ejecutivo a los mandos. La gobernabilidad está en sus manos. Si ese pacto progresista de PSOE e UP para un gobierno de coalición, experiencia histórica desde la recuperación de la democracia, logra los apoyos necesarios, los partidos territoriales previsiblemente implicados en la investidura tendrán también la llave del desarrollo de la legislatura.
Junto a los independentistas catalanes de ERC, que con sus 13 diputados en principio sólo juegan la carta de una posible abstención para poder iniciar una negociación con el Estado y dar una salida al "conflicto político" de su comunidad autónoma, otras ocho formaciones están presentes en el tablero de la gobernabilidad.
El PNV es el otro gran partido territorial de referencia y sus seis escaños no solo son imprescindibles para la investidura que busca Sánchez, sino también políticamente esenciales para darle lustre y consistencia al pacto y al gobierno que surja de él. Los peneuvistas centrarán sus peticiones en completar 33 transferencias pendientes del Estatuto de Guernica, entre ellas las de los centros penitenciarios, y la culminación de la Alta Velocidad en Euskadi, entre otras cuestiones.
Experiencia canaria
Canarias aporta a este conglomerado a los dos partidos nacionalistas que acudieron en alianza a la elecciones del domingo, CC y NC, y en principio pretenden plantear una negociación conjunta y una lista de prioridades sobre el Archipiélago consensuada.
El nacionalismo canario tiene amplia experiencia en negociar con los gobiernos del Estado, tanto del PSOE como del PP, numerosas e importantes política relacionadas con el Archipiélago, y en esa tradición se plantean las relaciones con el futuro gobierno del pacto progresista si este logra prosperar. Pero la competencia en este caso para hacerse un hueco en las decisiones del Consejo de Ministros y en los futuros presupuestos estatales es amplia dada la lista de socios con los que compartir sala de espera y agenda de reclamaciones.
Si se confirma el apoyo de todos los partidos regionalistas o nacionalistas moderados con los que el PSOE ha iniciado negociaciones, además de Canarias, Cataluña y País Vasco, territorios como Galicia (BNG), Cantabria (PRC), Comunidad Valenciana (Compromís) y Teruel (Teruel Existe) se suman a la futura dinámica de relaciones entre el Gobierno central y esos territorios, y al reparto presupuestario que contemple en los acuerdos que se vayan fraguando.
No en todos los casos esa relación será la misma, porque dependerá de que el partido representado en el Congreso y apoyando a ese hipotético Ejecutivo de Sánchez está gobernando o no en la comunidad autónoma de referencia, aunque es así en la mayoría de los casos, como País Vasco, Cantabria, Comunidad Valencia y, parcialmente, Canarias, donde NC si gobierna y además desde un puesto clave como la Consejería de Hacienda, pero donde Coalicion está en la oposición y además rechazando los elementos centrales de las políticas del Ejecutivo regional.
La agenda canaria que CC y NC pondrán sobre la mesa se encontrará por tanto con un problema de inicio, la infinita lista de exigencias que los demás socios del tándem PSOE-UP pondrán sobre la mesa. Las dos formaciones canarios tienen la ventaja de que sus reclamaciones son viejas conocidas de los ministerios, y muchas de ellas en estado de negociación. Como en la mayoría de las demás comunidades autónomas afectadas por este proceso político, la inversión del Estado en proyectos de infraestructuras centrarán las negociaciones.
Los convenios de carreteras (incluida la deuda pendiente del anterior), obras hidráulicas, infraestructuras educativas y turísticas, los planes de empleo, o la mejora de la conectividad aérea de las Islas serán los temas canarios en discusión junto al uso de superávit para la financiación de los servicios públicos esenciales y el pleno cumplimiento de las reformas del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF) aprobadas hace justo un año.
