Los constructores de Las Palmas proponen construir más de 8.000 viviendas

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) ha propuesto al Gobierno de Canariasla construcción de más de 8.000 viviendas en suelo público y privado. Para ello, ha solicitado que se lleve a cabo un tratamiento fiscal diferenciado para este fin, con el fin de reducir los costes de producción siempre que el precio del suelo también se abarate para poder construir viviendas protegidas, tal y como explicó esta mañana la presidenta del ente, Salud Gil, tras la reunión celebrada con el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis.

"Este encuentro es fundamental para nosotros porque tenemos un reto importante para los años 2021 y 2022, que serán complejos porque hay una incertidumbre en relación a la desaceleración, así que 2020 es crucial para equilibrar y mantener la actividad económica y el empleo", explicó Gil. De ahí la necesidad de sacar adelante un plan de choque para la vivienda, por la urgencia habitacional que existe en Canarias y porque en los últimos 15 años prácticamente no se ha desarrollado ninguna actividad en este ámbito, aseguró. "Estamos dispuestos a poner capital privado para la construcción de vivienda pública en arrendamiento y para atender a aquellas familias y personas que pueden acceder a una vivienda protegida pero no a una vivienda libre, como los jóvenes, las familias monoparentales y los mayores que precisan de condiciones de accesibilidad".

Además, según Gil existe otro reto importante, la rehabilitación del parque público de vivienda porque son más de 30.000 los hogares que necesitan una intervención para ser sostenibles, lograr la eficiencia energética o un consumo responsable del agua. "El Gobierno de Canarias tiene competencias plenas, puede hacer una normativa específica, aprovechar la sinergia del plan estatal y además destinar fondos propios, como me consta que van a hacer", concluyó Gil.

Por su parte, Franquis aseguró que la participación del sector privado resulta esencial para el plan de vivienda digna que quiere poner en marcha su Consejería. "Creo firmemente en la colaboración público-privada. Tenemos instrumentos que queremos poner al servicio de la sociedad canaria y el objetivo es acabar la ronda de reuniones con los actores económicos y sociales para poder presentar a finales de enero el documento, que también se consensuará con ayuntamientos y cabildos para estudiar la disponabilidad de suelo" .

La asunción de medidas fiscales concretas para la vivienda también se estudiará, tal y como aseguró el consejero, que explicó que hasta que no se sepa con cuánto terreno cuentan ni si estas exenciones salen adelante no se podrá concretar el número de viviendas que se pueden construir.

"Al suelo que tiene la empres pública Visocan hay que sumar el de los consistorios y cabildos, con el fin de construir viviendas en todos los rincones del Archipiélago", aseguró Franquis, que recordó que el Gobierno de Canarias tiene cobertura para los próximos cuatro años gracias al plan nacional de vivienda, que además contará con un seguimiento cada seis meses y que dispone de su propio cuadro de financiación.

Actualmente, la demanda de viviendas públicas asciende a 13.000, una cantidad a la que hay que sumar a las familias cuyos ingresos económicos superan el mínimo exigido, pero que tampoco están en condiciones de comprar una vivienda privada, una demanda que el Gobierno canario también pretende atender.