El bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prolonga, sine die, la interinidad del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste. El pleno del órgano de gobierno de los jueces decidió ayer paralizar el nombramiento de los procesos selectivos en marcha. Entre ellos se encuentra la elección del nuevo presidendente del Alto Tribunal canario, que ya acumula un inédito retraso después de que el pasado noviembre el Poder Judicial rechazara la terna de tres magistrados que optaban, y aún optan, a suceder a Doreste.
El progresista Pedro Herrera, magistrado de la Audiencia de Las Palmas; Juan Luis Lorenzo, decano de los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, y el independiente José Félix Mota, magistrado de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, tendrán que esperar aún más para conocer quién de ellos asumirá la Presidencia del TSJC. Esta misma terna de candidatos fue la que el 14 de noviembre pasó la criba de la Comisión Permanente del Poder Judicial y la que catorce días después fue devuelta por el plenario del órgano al no lograr ningún candidato la mayoría de tres quintos del cónclave -13 de los 21 votos- pese a votarse hasta cuatro veces. Una situación sin precedentes. El 12 de diciembre, estos tres mismos aspirantes a relevar a Doreste, que lleva cinco años al frente del TSJC, lograron otra vez el visto bueno de la Comisión Permanente del Consejo, mientras que Auxiliadora Pérez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Gran Canaria, y Carlos de Millán, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, volvían a quedar fuera.
"Tiempo prudencial"
En medio del cruce de reproches entre el CGPJ y Moncloa, el órgano presidido por Carlos Lesmes ha decidido congelar los nombramientos de cargos judiciales que están pendientes, si bien matizó, a través un comunicado, que los mismos se retomarán "si en un tiempo prudencial no se constatan avances" en la renovación del Consejo para "evitar perjuicios en el servicio público de la Administración de Justicia". Además de la designación del próximo presidente del TSJC, el Poder Judicial, de mayoría conservadora, paraliza la elección de tres magistrados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el relevo al frente de la Audiencia de Ourense.
Las turbulencias en torno al Poder Judicial no han cesado en los últimos días. El PP se niega a negociar la renovación del órgano con el PSOE, a quien atribuye intenciones de querer controlar el CGPJ y cuyos vocales fueron nombrados en 2013, cuando el partido entonces liderado por Mariano Rajoy gobernaba en mayoría. A finales de 2018 se frustó un principio de acuerdo con el que los socialistas y sus socios se harían con once vocales frente a nueve del PP a cambio de ceder a Manuel Marchena, de perfil conservador, la Presidencia. La filtración de unos mensajes de WhatsApp del popular Ignacio Cosidó, en el que indicaba que su formación controlaría "por detrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, echó por tierra el acercamiento.
El reciente choque entre el Ejecutivo central y el Consejo no ha hecho más que aumentar la tensión. El vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró que los fallos de los tribunales europeos sobre el procés han dejado en "mal lugar" a la justicia española, lo que, a su juicio, ha supuesto una "humillación" para el Estado. Ante estas palabras, el órgano de gobierno de los jueces reclamó "responsabilidad institucional" mientras que Moncloa aludió a la "libertad de expresión". A esto se suma, además, la fractura interna del órgano, cuyo pleno votó ayer con doce votos a favor y siete en contra la propuesta de nombrar a la exministra socialista de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado.
El CGPJ, cuyo mandato de cinco años venció el 4 de diciembre de 2018, recuerda que desde esa fecha ha cubierto todas las plazas judiciales y gubernativas que han ido quedando vacantes. Desde que inició los trámites para la renovación del Consejo,cuatro meses antes de la fecha de expiración del mandato, Lesmes se ha dirigido en tres ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado -la última de ellas el pasado 23 de diciembre- instándoles a adoptar las medidas necesarias para la renovación de la institución.
