Conseguir el 75% de bonificación para los viajes de los residentes constituyó un hito, un logro absolutamente justo para las regiones insulares y alejadas. Esta aseveración pone de acuerdo al sector público y privado de las Islas, de los que una nutrida representación acudió ayer a una nueva edición del Foro de LA PROVINCIA, celebrada en el marco de la cumbre organizada por el Gobierno de Canarias para debatir sobre el coste de las conexiones de los territorios extrapeninsulares.
Ante un salón del Hotel Santa Catalina repleto, dos presidentes de dos archipiélagos diferentes pero con inquietudes comunes dialogaron sobre un factor fundamental para unas islas alejadas, la imprescindible movilidad y la obligación de que ésta sea asequible para todos los bolsillos. La balear Francina Armengol y el canario Ángel Víctor Torres, socialistas ambos, mostraron un consenso sin fisuras a la hora de dejar claro que no hay marcha atrás en lo que al 75% se refiere. "Es un derecho consolidado que forma parte de nuestro Estatuto de Autonomía y de nuestro Régimen Económico y Fiscal, y nadie duda de su eficacia", señaló Torres. Distinto es que después de un tiempo considerable de aplicación -tras ser aprobado en verano de 2018- se haga un diagnóstico que conlleve retoques. "Pero lo importante de esta cumbre es trasladar al Gobierno de España, sea el que sea, que es un logro inquebrantable e irreversible aunque mejorable".
Ninguno de los territorios extrapeninsulares pone en duda las bondades de una medida que permite tratar a los residentes de las islas y de Ceuta y Melilla con equidad respecto a los del resto del Estado, en palabras de Armengol, que recordó que esta medida fue "muy luchada y muy deseada, y aunque algunos decían que era imposible conseguimos un hito histórico que permite pagar menos y viajar más". De hecho, la presidenta balear confirmó que el incremento en los viajes con la Península y entre islas ha aumentado de manera exponencial.
Una mejora de la movilidad en la que el Gobierno central invierte 600 millones de euros, a los que se suman unos 200 millones más procedentes del bolsillo de los ciudadanos. Un importante desembolso económico que ha de beneficiar exclusivamente a los residentes y no a terceros, como no se cansaron de repetir ambos dirigentes.