Los cabildos ya están negociando con los bancos para intentar que no les cobren por el mero hecho de custodiar el dinero de los ciudadanos. Esta es la única posibilidad que de momento tienen las corporaciones insulares para evitar pagar la inminente tasa a los depósitos bancarios. Negociar y confiar en que las entidades financieras accedan a no cobrar esos intereses, o al menos a rebajarlos. Una medida que no deja de ser un "parche" temporal que en última instancia fía la resolución de un problema común a la capacidad de negociación de cada cabildo. Por ello, la Federación Canaria de Islas (la Fecai, la organización que armoniza los intereses de las siete corporaciones insulares) quiere que sea el Gobierno central el que coja el toro por los cuernos y busque una solución para que cabildos y ayuntamientos no tengan que pagar intereses por un dinero que tienen bloqueado por la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La propuesta de consenso, siguiendo la reclamación de los municipios, es que se abran cuentas en el Banco de España (BdE) a coste cero para que las corporaciones locales coloquen los fondos. De no ser posible, porque el BdE esté obligado a cobrar el interés de la llamada facilidad de depósito, la idea es que sean las arcas estatales las que sufraguen el coste de estas cuentas.

"Nos parece que tiene sentido", explicó ayer el presidente de turno de la Fecai, Casimiro Curbelo, que, no obstante, hizo hincapié en que este es un asunto que debe resolverse desde el Gobierno central y más en concreto desde el Ministerio de Hacienda. No en vano, la raíz del problema está en que la susodicha ley de estabilidad, que nació en 2012 para mantener a raya la deuda y el déficit públicos, se ha desvirtuado. Ayuntamientos y cabildos tienen en general sus cuentas saneadas pero siguen sometidos a esa ley, que entre otras cosas impide gastar o invertir el superávit, esto es, el dinero que queda a final de año en la caja de cada institución una vez se han pagado todos los gastos. Así que la crisis ha quedado atrás y las entidades locales acumulan cada ejercicio más y más superávit en sus cuentas corrientes, unos fondos que no pueden usar por más que los ciudadanos tengan necesidades y por más que la tesorería municipal o insular esté en perfecto estado de revista. ¿Por qué se ha llegado a este punto? Porque a diferencia de los cabildos y ayuntamientos, la Administración estatal arrastra un déficit que se compensa con el superávit de aquellos, lo que permite ir a Bruselas, donde lo que importa es el estado financiero del país, con unas cifras de déficit y deuda mínimamente presentables.

"No solo no podemos gastar esos recursos, sino que encima nos van a cobrar intereses, es una aberración", denunció Curbelo, también presidente del Cabildo de La Gomera. "No parece razonable, desde luego, ya no es que se nos impida usar ese dinero, sino que ahora también se nos penaliza con intereses", ahondó Pedro Justo, consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria. Solo la institución grancanaria tiene depósitos en los bancos por unos 500 millones de euros, y son alrededor de 4.000 entre las siete corporaciones insulares. "Estamos moviéndonos para intentar encontrar soluciones", detalló el consejero, que considera de justicia que el Estado costee las cuentas en el BdE para que las entidades locales alojen el superávit sin intereses. Al fin y al cabo, el Estado enjuga su déficit con el superávit de la Administración local.

Berta Pérez, responsable del área de Hacienda en el Cabildo de Tenerife, expuso que en la institución llevan trabajando en este asunto desde que el actual equipo de gobierno cogió las riendas el pasado agosto. Viéndole ya entonces las orejas al lobo, Pérez y su equipo vienen diversificando los saldos bancarios del Cabildo para reducir la exposición a una entidad concreta. Un "tira y afloja" que ha permitido que la corporación no haya tenido que desembolsar ni un euro en intereses, al menos de momento.

También los presidentes de Lanzarote, Loly Corujo, y El Hierro, Alpidio Armas, esperan que el Gobierno actúe, ya que, de momento, "estamos con las reglas del juego que marcan otros", recordó Corujo. Mientras, eso sí, Armas incide en que llevará el dinero de los herreños a la entidad financiera que no les cobre.