El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente las alegaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado al artículo 47.1 de la ley de presupuestos autonómicos de 2019, que regula el Fondo de Acción Social para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Con esta sentencia se consigue consolidar un fondo igual al que ya se estableció en 2016 por importe de 6.750.000 euros (3,75 millones para pólizas de seguros y tres millones para ayudas de acción social), pero se reduce el incremento establecido en los presupuestos del año pasado (4,2 millones para las pólizas de seguros concertadas y cinco millones para abonar las ayudas).

El TC estimó que la inconstitucionalidad sobre el importe del Fondo de Acción Social debe proyectarse tan solo sobre el exceso inicialmente presupuestado en 2019. Así, la cuantía correcta -a juicio del TC- ha de ser de igual que la presupuestada para el ejercicio 2018. De esta forma, la Consejería de Administraciones Públicas podrá ordenar el abono de las cuantías concedidas al personal público del Gobierno de Canarias que estaba pendiente de pago desde enero de 2019 y que se prevé ingresar en la nómina de marzo del año en curso.

En la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria. Los conceptos más relevantes de las solicitudes son los que se refieren a ayudas a la educación y a la formación, con 11.537 solicitudes, y prótesis dentarias, con 12.883 solicitudes, seguidas por las de ayudas para prótesis oculares (4.526) y para prótesis dentarias de cónyuges e hijos (2.135). La Dirección General de la Función Pública determinará la proporción en la que, por igual para todas las ayudas, ha de reducirse el importe a la luz de la sentencia. De forma paralela, el 17 de febrero se abrió el plazo de presentación de solicitudes de acción social para el ejercicio 2020, que finalizará el próximo 17 de marzo.