El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno central quiere presentar el próximo mes para ayudar a sufragar los gastos básicos a personas en situación de vulnerabilidad social complementará las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en el caso del Archipiélago. La PCI y las rentas de inserción de las restantes 16 regiones del país suponen un gasto total anual de más de 1.500 millones de euros.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, estas prestaciones asistenciales beneficiaron a cerca de 680.000 personas con una cuantía media mensual por titular de 463 euros al mes. En el caso de la PCI, el importe medio es superior a la cifra media nacional y roza los 479 euros al mes.
La idea del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá y que ultima el IMV en colaboración con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, cuyo titular es Pablo Iglesias, es que esta renta tenga carácter permanente y se complemente con las de las autonomías hasta un tope, lo que permitiría llegar a un mayor número de beneficiarios. Hay que recordar que Iglesias había pedido que se instaurará una suerte de renta "puente" durante el estado de alarma y hasta que el Ejecutivo estatal pusiera en práctica la renta mínima que incluye el programa de gobierno de PSOE y Podemos. Escrivá se opuso a esta prestación "puente" por estar muy avanzados los trabajos de la renta mínima. Finalmente, Pedro Sánchez ha optado por una vía intermedia: no habrá ayuda "puente" pero se adelantará la renta mínima, cuya denominación oficial será Ingreso Mínimo Vital.
El objetivo son tres millones de potenciales beneficiarios en un millón de hogares de todo el país, de los que 100.000 son monoparentales. De esos alrededor de tres millones de potenciales perceptores, unos 110.000 son canarios, si bien el titular del derecho a cobrar el IMV no será la persona, sino el hogar.
La cuantía básica media de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas fue en 2018 de, exactamente, 463,05 euros mensuales, un 2,8% más que en 2017, si bien el gasto total ejecutado se situó en 1.519 millones, un 1,67% menos.
En cuanto a titulares y miembros de la familia dependientes de ellos, en 2018 hubo 679.180 perceptores o beneficiarios de rentas mínimas de inserción, de los que 374.883 eran mujeres y 304.297, hombres.
En el caso de Canarias, los datos oficiales calculan los perceptores de la PCI en 20.792 personas. El gasto ascendió a 42,6 millones de euros.
De nuevo en términos nacionales, y por nacionalidades de los perceptores, el 74,6% eran españoles y el 25,4 %, de nacionalidad extranjera. Por grupos de riesgo, predominan el de familia monoparental y el de personas sin hogar o exclusión social severa, una situación en la que en Canarias sobrevive hasta un 9,2% de la población, la segunda tasa más alta de toda España. En cuanto a la edad, el grupo mayoritario es el que está entre 35 y 44 años, seguido del que está entre 45 y 54 años.
Por cuantías, la mayor está en el País Vasco, 644,4 euros, y la menor en Ceuta, con 300 euros. Cada comunidad aplica referencias diferentes tanto para las cantidades (Iprem, cuantías fijas, variables según número de hijo) como para acceder a ellas. De ahí también radican las diferencias entre beneficiarios por regiones, más allá del mero elemento poblacional.
En su estudio sobre los programas de ingresos mínimos en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que el propio ministro José Luis Escrivá presidió hasta su incorporación al Gobierno, recordaba el año pasado que estas rentas mínimas "son el único instrumento no categórico que ofrece protección frente al riesgo general de pobreza" y señalaba la fragmentación del sistema y las disparidades territoriales.
"Los problemas de desigualdad territorial y de falta de cobertura de la parte de la última red que compete a las comunidades autónomas se unen a los tres grandes problemas de las prestaciones asistenciales del Gobierno central, que son la fragmentación, las bajas cuantías y los huecos que dejan fuera del sistema a determinadas categorías de la población", resumía la AIReF.
Por eso, la renta mínima que ultima el Gobierno será compatible durante un tiempo con un salario para que no desincentive la búsqueda de empleo como ha ocurrido con otras prestaciones, según adelantó ayer el mismo Escrivá.
En declaraciones en la Cope, Escrivá apuntó que en otros programas en los que no han existido estos incentivos a la búsqueda de empleo "puede haber tentación a agotar la prestación y no activarse en el mercado de trabajo". Esta prestación, que complementará otras ayudas o ingresos del hogar hasta un umbral mínimo de subsistencia, va a tener esos incentivos de forma que "durante un tiempo" será compatible con un nuevo salario, además de incluir itinerarios de inclusión en el mercado de trabajo o previos a este, por ejemplo, en casos de problemas de drogadicción, de dependencia o mentales.
Para ello, subrayó el ministro, se trabajará de forma estrecha con los servicios sociales de ayuntamientos u organizaciones como Cáritas por ser más conocedores de las realidades de estos hogares, alrededor de un millón con tres millones de integrantes -los susodichos 110.000 en el Archipiélago-, a los que podría llegar la renta que busca combatir los problemas de extrema pobreza que tiene España.
Sobre el coste de la medida, Escrivá evitó en todo momento cuantificarlo, aunque reconoció que estará en el "rango más alto" de sus previsiones y que se financiará con impuestos vía Presupuestos Generales del Estado. "Se financiara fácilmente con deuda pública", defendió.
Y sobre los plazos de puesta en marcha y las diferencias con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, subrayó que el calendario que se va a seguir es el que "siempre ha tenido la Seguridad Social en la cabeza": llevar la normativa al Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo para su posterior convalidación y despliegue administrativo. Y que la renta será, también como venía defendiendo Escrivá, permanente.
En cualquier caso reconoció que se estuvieron discutiendo "temas de calendario" y de la forma de comunicar la renta mínima, y agregó que la rueda de prensa era "muy difícil" por temas de agenda de ambos y que la decisión de que fuera un comunicado la tomó el Ministerio de Seguridad Social. "Yo creo que lo que ha dicho [Iglesias] es consistente con lo que he dicho yo", señaló.
En Canarias, una de las razones que el jueves obligó al Consejo de Gobierno a convocar una nueva reunión extraordinaria en la jornada de ayer fue precisamente la duda sobre la compatibilidad de la ayuda de emergencia autonómica con la renta mínima del Estado.
