La fiscal anticorrupción de Tenerife sustenta su denuncia del caso reparos contra Fernando Clavijo, en la que le acusa de un delito continuado de prevaricación cuando era alcalde de La Laguna, en un reparo a un informe de Intervención Municipal que el líder de CC en realidad nunca firmó. Clavijo ya llevaba dos meses como presidente del Gobierno de Canarias cuando se formalizó el decreto que le atribuye María Farnés. En realidad, lo había firmado el sucesor de Clavijo al frente del Consistorio lagunero, José Alberto Díaz, según la documentación oficial.
Farnés comete el error en su denuncia contra Clavijo -elevada al juzgado de instrucción número 2 de La Laguna- en la parte relativa al expediente del servicio de mantenimiento del software para el Sistema de Información Contable de la Administración Local. La fiscal atribuye el decreto 1593/2015 del 9 de septiembre de 2015 a Clavijo, que salva la objeción del interventor. Pero Clavijo no firmó ese decreto, el único en el que Farnés cita al exalcalde lagunero en la exposición detallada de la denuncia. Dos meses antes, el 9 de julio, tomó posesión de la Presidencia de Canarias. Quien lo firmó fue su sucesor, José Alberto Díaz, tal y como aparece en el documento registrado por el Ayuntamiento de La Laguna.
El caso reparos y otro que también afecta a Clavijo -el caso grúas, archivado la semana pasada por el Tribunal Supremo- ha acaparado las denuncias puestas en los últimos dos años por Anticorrupción de Tenerife. En ambos, el denunciante es el mismo: Santiago Pérez, que fuera rival político de Clavijo en La Laguna y ahora concejal por el partido Avante. En un escrito firmado el pasado 11 de marzo -y del que se tuvo conocimiento un mes después, justo a las 24 horas de que Clavijo fuera exonerado de cualquier indicio de ilegalidad en el caso grúas-, Farnés acusa a los que fueron responsables del Ayuntamiento lagunero de CC entre los años 2013 y 2017 -especialmente al propio Fernando Clavijo y a José Alberto Díaz- de "un delito continuado de prevaricación".
La razón según la fiscal es que "prorrogaron de forma reiterada contratos de servicios públicos cuando ya se encontraban extinguidos, habiéndose formulado en todos ellos reparo de legalidad por la Intervención Municipal". En total, la denuncia abarca 118 decretos. Se da la circunstancia de que el reparo es una fórmula muy utilizada por presidentes insulares y alcaldes -en 5.497 ocasiones según el último informe del Tribunal de Cuentas- para levantar las objeciones de los interventores por el bien común.
