Si alguien le okupa su casa, un ciudadano tendrá cuatro caminos por delante: echar por sí mismo y a la fuerza a los okupas, interponer denuncia penal, iniciar un procedimiento civil o pagar al okupa para que se vaya. De todas las medidas, la primera es catastrófica: el indignado propietario puede no conseguir el desahucio y sí cometer delitos de coacción y allanamiento. Sobre la segunda y la tercera, los abogados denuncian que el colapso de los juzgados impide el desahucio exprés que alumbró la reforma del 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En la vía civil, la ley marca cinco días para que un denunciado como 'ignorado ocupante' acredite al juez que puede estar en la vivienda. Pero en la realidad el caso puede alargarse dos años. Las explicaciones de policías, abogados y magistrados describen un largo y azaroso camino para esa denuncia.
Los agentes no suelen entrar en las casas recién okupadas por riesgo de violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio que, también, tiene el okupa. Cuando el propietario que vuelve de un viaje se encuentra su casa ocupada y llama a la policía, ésta le inquirirá antes si es el verdadero dueño, si puede demostrarlo con título de propiedad y si la casa es su morada. "Sin mandato judicial, yo no entro en una casa si no tengo claro todo eso", explica un experto guardia civil madrileño. "El delito ha de ser flagrante y eso no siempre es fácil de acreditar".
En el caso de Marcelo Cordobés, que el pasado martes veía cómo dos jóvenes se instalaban en una casa terrera de Santa Cruz que había puesto a la venta, el error, por paradójico que sea, fue entrar en su propia casa. "Habían quitado el cartel en el que se anunciaba la venta y también el cilindro, así que decidí entrar y eso es lo peor que pude haber hecho, según me dijo la Policía. Te sientes muy impotente", explica.
Cuando Cordobés llegó a su vivienda, los okupas llevaban menos de 48 horas dentro, pero aun así no ha podido evitar que se hayan convertido en unos huéspedes inesperados. Cuando llamó a los agentes para solicitar su ayuda, éstos le explicaron que o salía de la casa o tendrían que detenerle a él, así que no le quedó otra opción que poner una denuncia en comisaría y dejar en manos de su abogado la lucha para recuperar su propiedad.
Sin embargo, Cordobés no se muestra muy optimista respecto a esta batalla legal. "Los okupas tienen más derechos que yo, en cuanto entran y dejan algo personal, alguna pertenencia dentro, es como si la casa fuera suya. Mi propio abogado me reconoce que estamos desamparados porque se protege más a quien okupa que al propietario y mucho más en mi caso, que no es mi vivienda habitual", se lamenta.
El daño económico, por ahora, ya está hecho ya que Cordobés tenía previstas varias visitas de potenciales compradores que ya no podrán llevarse a cabo hasta que los jóvenes abandonen la casa. La esperanza de este propietario no reside en la justicia -"que encima va más lenta por las consecuencias de la pandemia", recuerda-, sino que se centra en que sus okupas "se aburran, que se cansen y se vayan a otro lado". Cordobés explica que la vivienda carece de agua y luz ya que estaba vacía a la espera de ser vendida, por lo que espera que los jóvenes busquen otro lugar que reúna mejores condiciones.
La documentación
Cuando el propietario denuncia una okupación, éste debe apuntalar ante el agente que la casa es su morada. Jurídicamente, es morada el lugar distinto de la intemperie en el que una persona desarrolla su vida íntima, todo el año o por periodos. Si el okupa se ha metido en una casa habitada es un allanamiento. Pero ése es el caso menos frecuente. La mayoría de las okupaciones en España son delitos leves de usurpación de viviendas o inmuebles vacíos, deshabitados, de bancos, inmobiliarias o fondos de inversión. Un particular tiende a acudir a la policía y a seguir una vía penal menos ágil y más larga que la civil. Además, no siempre está el desalojo en la última casilla.
La patrulla que ha llegado hasta la puerta de la casa ocupada levantará acta de la denuncia, y, sin entrar, pedirá a los ocupantes su DNI: si desde dentro no se lo quieren dar, "yo no voy a tirar la puerta por un DNI", explica el guardia civil. Los agentes se esperarán a verlos un día en la calle y, ahí, sin violar el supuesto domicilio, les identificarán. Mientras no haya okupa identificado, la vía penal no se activa. Desde la reforma del 2015, los atestados sin autor conocido no llegan a ir al juzgado, se quedan en un archivo provisional.
"En mi caso, uno de los okupas es menor de edad, los agentes lo identificaron y cuando se lo iban a llevar a un centro de menores, sacó una nueva documentación y presentó otros papeles en los que su edad ya era adulta", se queja Cordobés.
Una vez el caso ya está encarrilado en la justicia, pasará por el trámite del reparto, la apertura de diligencias, los requerimientos a las partes, que estas recojan el requerimiento, vista sobre quién tiene el derecho real de residir en la vivienda y fallo. El juez acordará el desalojo y éste se llevará a cabo? si el abogado del ocupante, generalmente de oficio, no recurre a la Audiencia Provincial. En ese caso, el asunto se irá a los dos años.
La tentación de pagar
Así las cosas, es fuerte la tentación que se le presenta al propietario de negociar con los okupas y darles de 1.000 a 3.000 euros para que se vayan. "Nunca negociaría con quien ha okupado mi casa", dice la decana de los juzgados madrileños María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. "Si el ciudadano prefiere negociar, el sistema no funciona bien". En la acera ideológica de enfrente, la portavoz de Jueces para la Democracia en Catalunya, la jueza penal 1 de Reus María Prado Escoda, coincide: "Yo nunca negociaría. Pagando, lo único que vas a conseguir es darle alas para que vuelva a cometer hechos similares", asegura.
Para el juez Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, que la víctima negocie "es el fracaso del sistema legal, que no da respuesta y el ciudadano se ve obligado a transigir con ilegalidades; al final, recompensa para quien comete la ilegalidad y castigo para quien respeta la ley". Ninguna de las asociaciones mayoritarias de jueces ve necesario un cambio legislativo que endurezca penas o acorte plazos contra los okupas, en contraste con la agitación que el fenómeno levanta entre los partidos de la derecha. En julio, al calor de las campañas electorales vasca y gallega, Partido Popular, Ciudadanos y Vox lanzaron propuestas de endurecimiento de la ley.
El 9 de julio, el líder del PP, Pablo Casado, propuso acelerar el proceso civil de desokupación a 48 horas y castigarlo con hasta tres años de cárcel. El 10 de julio, Ciudadanos registró en el Congreso una propuesta de reforma de leyes para que los jueces expulsen a okupas en procesos sumarios. El 17 del mismo mes, Vox presentó dos proposiciones de ley para endurecer penas y habilitar a la policía para desalojos de carácter inmediato.
"La legislación, tal y como está, basta. El procedimiento responde y para las personas en situación vulnerable se prevé amparo. Al Código Penal hay que tocarlo lo justo siempre. No se puede pretender que el legislador reforme a golpe de titular", opina Del Barco. Para el representante de la asociación Francisco de Vitoria, "la legislación hoy permite dar una respuesta razonable a estos casos", asegura su portavoz. "Hay falta de medios, no falta de leyes", concluye Vaquero.
Por su parte, Escoda -Jueces para la Democracia en Catalunya- mira más que a un cambio legislativo, a un cambio social. Los acusados, dice la jueza, suelen ser "gente sin recursos que optan por okupar, dure lo que dure, con tal de estar cobijados. Aquí no solo hay un problema jurídico, hay también un problema social. Si tienes una legislación civil por la que ahora se les echa más rápido que antes, ¿por qué se ha triplicado la okupación?".
