Algunos de los parlamentarios consultados consideraban que una excepcionalidad de ese tipo debería afectar por lógica también a alcaldes y concejales, cargos que tienen sus propios documentos acreditativos y cuyo desempeño conlleva obligatoriamente la residencia canaria.
También expresaron la posibilidad de que la interpretación que hace Fomento sobre la acreditación de los parlamentarios se base en alguna de las normas a que hace referencia la enmienda aprobada en el Senado sobre las subvenciones al transporte aéreo y marítimo en los territorios extrapeninsulares.
El texto de la disposición señala que "reglamentariamente podrán establecerse otros medios para la acreditación de la condición de residente, en sustitución del previsto en este apartado o como adicionales de éste", pero en ese caso es necesario que Fomento apruebe un reglamento que sustente la norma.
