Canarias reclama gestionar las costas para evitar derribos

La gestión de las costas canarias concitó ayer la unanimidad del Parlamento. Los cuatro grupos representados en la Cámara apoyaron la transferencia de esta competencia por parte del Estado cuando lo permita el Estatuto de Autonomía aunque, mientras tanto, solicitan la cogestión con el Estado para ordenar y regular los asentamientos de población costeros y frenar los derribos promovidos por la Dirección General de Costas en lugares como Cho Vito o Tufia.

La Cámara autonómica también exige al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2009 contra la llamada ley canarias de costas, por la cual se pretendía preservar los núcleos situados en el litoral anteriores a la aprobación de la ley estatal, en 1988. La parlamentaria del PP, Cristina Tavío, se mostró contraria a entrar en un proceso de traspaso de competencias "a la carta" y aseguró que si el Estado retira su recurso no hará falta esperar a que se constituya el próximo Gobierno central para buscar soluciones prácticas a los asentamientos que se encuentran amenazados por la piqueta.

El proponente de la iniciativa, el nacionalista Ignacio González, buscó el consenso desde el principio con todos los grupos parlamentarios. "No podemos esperar a la reforma del Estatuto para iniciar el mecanismo previsto en el actual texto para que se inicie el proceso de traspaso de las funciones y servicios en materia de costas", aseguró González. El dirigente del CCN criticó los deslindes "disparatados" realizados.

Fue el portavoz del PSC en la Cámara, Manuel Fajardo, el impulsor de la enmienda aceptada por los nacionalistas para que se impulse la cogestión del litoral hasta que se pueda producir la transferencia en su totalidad. Para Fajardo, la asunción de las competencias debe realizarse en el Estatuto, de forma que la cogestión "allana el camino".

Sin embargo, el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, advirtió que "no son buenos tiempos para la reforma del Estatuto" y dudó que si el PP alcanza el Gobierno tras el 20-N se puede aprobar un nuevo texto.

Según la asociación de afectados por la Ley de Costas, cuyos representantes estuvieron ayer en el Parlamento, son 160.000 los canarios pendientes de esta problemática.