El Gobierno canario impondrá planes de ordenación municipal supletorios en aquellos municipios que evidencien su imposibilidad o incapacidad para tramitar y aprobar su planeamiento. El objetivo prioritario del nuevo Ejecutivo que compondrán CC y PSC es finalizar la aprobación definitiva de los planes generales, cuya dilatación en los últimos años ha estancado las inversiones y ha paralizado buena parte de la economía.
De los 88 ayuntamientos que hay en Canarias, 23 de ellos no cuentan aún con su planeamiento totalmente aprobado y algunos de ellos, como son los casos de San Bartolomé de Tirajana o Mogán, tienen su tramitación muy retrasada. Ya en la Ley de Medidas Urgentes de 2009 se establece la posibilidad de que el Ejecutivo se subrogue las competencias urbanísticas municipales para acelerar los planes, pero ahora el documento del pacto recoge explícitamente que el Ejecutivo elaborará planes transitorios en aquellos municipios incapaces de finalizar la ordenación de su territorio.
Otra de las prioridades del Ejecutivo es elaborar una ley que agilice de forma urgente la simplificación de los procedimientos en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial, eliminando duplicidades y aclarando las competencias en esta materia.
Competencias
Uno de los compromisos que adquiere en su programa el nuevo Ejecutivo es evitar las duplicidades de competencias entre las distintas Administraciones públicas canarias. Por ello las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma en materia de políticas sociales, cultura, deportes, aguas y gestión de los parques nacionales se traspasarán a los cabildos insulares. En este sentido, se elaborará una nueva ley que abordará con criterios de racionalidad y eficacia la compleja y enrevesada estructura administrativa, con una carta de servicios donde se recogerán las funciones y competencias que tiene cada Administración.
En relación con las decisiones referidas a la austeridad y reducción del sector público, cualquier medida que se tome al efecto deberá resolverse en el máximo nivel del Ejecutivo, es decir, en el Consejo de Gobierno. En este aspecto, el documento programático no entra en cuestiones concretas sobre cómo se va a reducir el sector público aunque sí establece como medida de ahorro incentivar y favorecer la colaboración entre los sectores público y privado como fórmula de financiación de los servicios públicos, sobre todo los de carácter universal.
Uno de los retos que establece el nuevo Gobierno para contar con una Administración más ágil es la elaboración de una nueva ley de Función Pública que ordene los puestos de trabajos de los empleados públicos para dotarlos de mayor flexibilidad, el fomento de la movilidad laboral, la implantación de la evaluación del desempeño, el desarrollo de un nuevo modelo de carrera profesional y la aplicación de medidas de control y seguimiento que frenen el absentismo laboral en la Administración autonómica.
