La maraña legislativa sobre el territorio canario (hasta 13 leyes, decretos y reglamentos diferentes) hace "imposible la inversión, lastra el crecimiento económico y da una imagen negativa" de las Islas, según un informe realizado por el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe) sobre el planeamiento y la gestión del territorio en Canarias. El panorama es especialmente "desolador" en los municipios turísticos.

Canarias es la comunidad con mayor número de leyes en materia de ordenación del territorio, hasta un total de trece normas legislativas y reglamentarias, lo que, lejos de dar mayor eficacia a la planificación de los recursos, obstruye las iniciativas inversoras y frustra cualquier tipo de actividad empresarial.

El informe del Catpe analiza el caos en el que se encuentra la planificación y ordenación del suelo en el Archipiélago, estudia con detalle las numerosas normas que lo regulan y realiza propuestas a corto y medio plazo para dotar de mayor agilidad y eficacia a la legislación sobre el territorio. Este think tank (centro de pensamiento) canario, formado por empresarios y profesionales de diversa procedencia, es rotundo: este panorama está lastrando el Producto Interior Bruto (PIB) regional al frustrar severamente las inversiones, internas y foráneas, y contribuye a la imagen negativa exterior de Canarias ya que se considera al Archipiélago como un lugar conflictivo y de alto riesgo para las inversiones.

Un ejemplo son los municipios turísticos, que presentan una situación "desoladora". De los 16 ayuntamientos turísticos que hay en las Islas, sólo uno (Guía de Isora), tiene su plan general plenamente adaptado. La situación más grave es la de los dos grandes municipios turísticos de Gran Canaria, San Bartolomé y Mogán, que mantienen sus planeamientos estancados desde hace años y ni siquiera los han adaptado a las leyes en vigor (la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales del año 2000 y las Directrices de 2003).

Este escenario bloquea la gestión de actividades relacionadas con los usos del suelo como convenios urbanísticos, cambios de clasificación de suelo, implantación de actividades de los diferentes sectores económicos, etcétera. "Ello conlleva que muchas iniciativas que puedan querer ponerse en marcha en la actual coyuntura socioeconómica sean, simplemente, imposibles", recoge el informe.

Una de las consecuencias más graves para las inversiones es el elevado grado de inseguridad jurídica y la fuerte conflictividad y judicialización que existe sobre la gestión territorial de las Islas. "En última instancia jueces y magistrados son quienes terminan gestionando el territorio por vía jurisdiccional" debido a la profusión de sentencias y fallos.

El Catpe sitúa el origen de esta situación en la moratoria de 2003, que paralizó todo el planeamiento municipal. Por ello, pide la derogación de aquella ley así como la derogación del artículo 9 de la ley aprobada por el Parlamento en 2009 (la segunda moratoria) y devolver a los ayuntamientos toda la capacidad para realizar sus planes generales.