Simona Chambi, la exempleada de hogar de la delegada del Gobierno central contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y del periodista Carlos Sosa sigue adelante con su acusación contra sus antiguos jefes. El pasado 24 de septiembre, el abogado de Chambi presentó una denuncia en Inspección de Trabajo contra ambos, en la que se solicita que se verifique la relación contractual entre las dos partes y se levante acta de infracción de cuotas a la Seguridad Social en determinados periodos, además de que se inicie procedimiento por vulneración en la contratación y fraude legal ante la Seguridad Social y contratación ilegal, con las sanciones inherentes que conllevan estos hechos.
Para cimentar su acusación, en la denuncia se aporta diversa documentación, entre la que se encuentra el informe de vida laboral de Chambi expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En éste se refleja que primero fue Victoria Rosell quien le dio de alta el 24 de febrero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2014. Casi un año después, el 12 de noviembre de 2015, fue Carlos Sosa quien se convirtió en su empleador hasta que, según relata la exempleada en la denuncia, le mandó por whatsapp una carta de desistimiento, de fecha de 26 de junio de 2020, para anunciarle el preaviso de la extinción del contrato laboral a partir del 16 de julio de 2020.
Es decir, que según la vida laboral de Chambi, ésta estuvo contratada desde el 24 de febrero de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2014 por Victoria Rosell y desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 16 de julio de 2020 por Carlos Sosa. Acorde a estas fechas, la exempleada denuncia una serie de pagos en b realizados durante 2015. Ella misma alega en su denuncia ante Inspección de Trabajo que durante los meses de enero y febrero, y entre mayo y octubre de ese año trabajó para Rosell y Sosa sin contrato, cobrando “su sueldo en dinero negro, siendo el modus de pago unas veces en mano y en metálico , y otras mediante el abono por transferencia bancaria”.
En este último caso, Chambi aporta un certificado bancario que recoge los pagos realizados desde el 15 de mayo de 2012 hasta el 9 de junio de 2020 por Victoria Rosell –sólo uno se encuentra a nombre de Carlos Sosa–. En este documento sellado por el banco se recogen cuatro transferencias realizadas en los meses de enero, febrero, mayo y junio de 2015, las dos primeras por valor de 410 euros y bajo el concepto Sueldo Simona, y las dos últimas por valor de 420 euros y bajo el concepto Pago Simona. Sin embargo, y siempre según la vida laboral presentada por la exempleada, durante esos meses no existía relación contractual entre Chambi y Rosell o Sosa, pues ésta había finalizado oficialmente en noviembre de 2014 y no volvería a retomarse hasta un año después.
Cuando este caso saltó a la palestra en agosto, Rosell publicó una serie de tuits en los que desmentía las acusaciones vertidas por su extrabajadora. “Si quieren ver los recibos de la seguridad social (por 3 horas diarias, xq ella tenía otros empleos) -y sin venir a trabajar por razones de salud pública desde marzo de 2020, pero es que hay gente con principios-, aquí los tienen: ¿ en “negro”? No. Nunca. Los del “B” son otros”, aseguraba en un hilo de Twitter el 21 de agosto. En otro de sus tuits, se quejaba de que no se hubiera recabado su versión. “Aún no me han llamado periodistas que han publicado la falsa noticia. La empleada tenía contrato indefinido de 3 h diarias y alta en SSocial, y se le siguió pagando sin trabajar en estado de alarma, desde marzo. Aquí los ingresos en cuenta corriente. No sé qué más quieren”, escribía en un texto que acompañaba con dos imágenes que reflejaban sendos ingresos realizados a la cuenta corriente de su por entonces empleada de hogar en marzo y abril de 2020.
La jueza asegura desconocer los documentos e insiste en que todo es una “extorsión”
LA PROVINCIA llamó ayer a Rosell para que diera su versión sobre los presuntos pagos en b que refleja la comparación entre el certificado bancario y la vida laboral de Chambi. Sin embargo, la delegada contra la Violencia de Género rehusó realizar ningún tipo de comentario ya que, según aseguró, desconocía la documentación así como la denuncia presentada hace cuatro días en Inspección de Trabajo contra ella y su pareja.
Rosell sí hizo hincapié en que la acusación de su exempleada parte de una extorsión, alentada por Vox, que ella denunció mucho antes, el 18 de julio. “Nos dijeron que o le pagábamos 11.000 euros que no le debemos de ninguna manera o publicarían noticias falsas”, aseguró Rosell, que además insistió en que es Carlos Sosa el que tiene que dar declaraciones sobre este asunto ya que la demanda se presenta contra él y no contra ella. Sin embargo, Rosell está incluida en la denuncia presentada a Trabajo como exempleadora de Chambi y todas las transferencias realizadas en los últimos ocho años, menos una, están a nombre de María Victoria Rosell Aguilar.
