El Gobierno regional admite más de un centenar de ocupaciones ilegales en el parque público de viviendas de la Comunidad Autónoma. Hay más pisos sociales ocupados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife –75– que en la de Las Palmas –27– y están sobre todo situados en las dos capitales canarias y los principales municipios turísticos, San Bartolomé de Tirajana y Arona. La falta de vivienda se ha agravado en el Archipiélago donde hace más de una década que no se construyen casas financiadas con fondos públicos, la burbuja inmobiliaria dejó miles de pisos vacíos y hay más de 17.000 peticionarios de una vivienda en Canarias.
La gran mayoría de estas ocupaciones ilegales son de familias vulnerables que se han quedado en la pobreza, no tienen ingresos para pagar el alquiler y las instituciones públicas no han solucionado sus problemas para realojarlos o buscarles una morada adecuada a sus circunstancias.
La ocupación ilegal fue ayer objeto de debate en el pleno del Parlamento mediante una comparecencia solicitada por el PP. El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, reclamó que se distinguiera entre las ocupaciones de este tipo de familias vulnerables, que son la mayoría en Canarias a juicio del consejero, y las realizadas por okupas vinculados a mafias organizadas. Sin embargo, la diputada del PP Astrid Pérez alertó que en el primer semestre del año en España se han denunciado más de 8.000 okupaciones, a razón de 41 por día, y “concretamente en las Islas se han contabilizado 300 en el mismo periodo, casi dos al día, lo que nos convierte en la tercera comunidad dónde más han subido este tipo de denuncias, lo que supone un aumento cercano al 15% con respecto a 2019”.
La falta de pisos incrementa los casos de familias vulnerables que ocupan viviendas
La diputada popular explicó que por provincias, Las Palmas acumula 179 casos mientras que Santa Cruz de Tenerife registra 132, “con estos datos, la isla de Gran Canaria se sitúa como el cuarto territorio de España en el que más ha crecido este fenómeno, sólo por detrás de Ceuta, Huesca y Girona”.
Julio Pérez discrepó de las cifras manejadas por la también alcaldesa de Arrecife y aseguró que Canarias no es de las comunidades autónomas que se encuentre en una peor situación, valorando al mismo tiempo la última orden dictada por la Fiscalía General del Estado que permite a las fuerzas de seguridad acometer los desahucios si son casos “flagrantes”.
Pérez defendió el impulso de un plan de realojo inmediato para que las familias en vulnerabilidad social tengan alternativas cuando se ejecuta la “desocupación” y se acelere la construcción de viviendas públicas.
Julio Pérez minimiza el impacto en las Islas de la ocupación vinculada a mafias
Por su parte, la exalcaldesa de Telde y diputada de NC, Carmen Hernández, reclamó una reflexión sobre el destino de las 590 familias desahuciadas en Canarias en lo que va de año y las 1.000 del pasado año, y respondió que algunas han ido a cuevas, otras a los centros de personas sin hogar y otras ocupan viviendas vacías de grandes tenedores y de la Comunidad Autónoma. Hernández se preguntó por qué hay tantas viviendas vacías en Canarias, cuando hay tantas familias que carecen de ellas, y urgió a que haya una política pública de vivienda.
La iniciativa planteada por el PP en la Cámara autonómica se realizó con motivo de la ley promovida por los populares en el Congreso en contra de la okupación ilegal de viviendas. “Confiamos en que la lucha contra la ocupación ilegal sea de todos los partidos y no sólo del PP”, añadió Astrid Pérez.
