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Derechos Sociales aprueba una paga extra para 50.000 familias vulnerables

La prestación tiene una partida de 13 millones | Se pone en marcha la ley de renta de ciudadanía

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en una intervención en el pleno del Parlamento de ayer.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, en una intervención en el pleno del Parlamento de ayer.

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la pandemia en las personas más vulnerables y que podría beneficiar a unas 50.000 familias. Los destinatarios son los que reciben la prestación canaria de inserción (PCI), pensiones no contributivas, el fondo de asistencia social, subsidio de garantía de ingresos mínimos, jubilación y discapacidad. La PCI la reciben 7.700 familias en la actualidad.

Se trata de una medida coyuntural ante las necesidades sociales que ha agravado el Covid-19 y la partida prevista es de 13 millones de euros a abonar antes del 15 de enero. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el decreto ley que regula esta prestación, que se añade a las otras prestaciones y ayudas que se han puesto en marcha desde que se inició la crisis provocada por el coronavirus el marzo.

El Consejo de Gobierno también debatirá el informe sobre la oportunidad, objetivos y principios generales del anteproyecto de ley de Renta de ciudadanía de Canarias. Se trata del paso previo para la articulación del texto del proyecto de ley que, en principio, está previsto que entre en el Parlamento en el primer semestre de 2021, por lo que al menos hasta después del verano del próximo año no entrará en vigor. La renta de ciudadanía se ha convertido en una prestación complementaria al Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno central.

Los beneficiarios son personas con la PCI, pensiones no contributivas o discapacidad

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El Ejecutivo regional ha aprobado hasta ahora dos ingresos de emergencia de forma extraordinaria. En octubre se aprobó un segundo pago del Ingreso Canario de Emergencia (ICE) a los mismos beneficiarios que lo recibieron con anterioridad, tras el visto bueno del Parlamento de Canarias.

Según las previsiones del departamento que dirige Noemí Santana, la renta canaria de ciudadanía se mantendría mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social y las cuantías de la misma se equiparan a las del Ingreso Mínimo Vital. Hay tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

El Gobierno ha impulsado hasta ahora dos ingresos de emergencia a la espera del IMV

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Además, la Consejería de Derechos Sociales lleva hoy al Consejo de Gobierno una partida de 500.000 euros a los cabildos para atender a los menores inmigrantes no acompañados; 1,7 millones de euros destinados a la Fundación Canaria de Juventud Ideo para la realización de determinadas actividades esenciales en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales en materia de menores y otros 5,8 millones de euros para los ayuntamientos en ayudas para la infancia y la familia.

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