La paciencia de los ayuntamientos y de los hoteleros del sur de Gran Canaria se ha terminado. El miedo a que la crisis migratoria tire por tierra la recuperación económica del Archipiélago ha llevado a la patronal turística y a las administraciones locales de Mogán y de San Bartolomé de Tirajana a dar un ultimátum al Estado: los inmigrantes tienen que estar fuera de los hoteles canarios antes del 31 de diciembre. “La solidaridad como negocio tiene fecha de caducidad porque el Gobierno debe actuar”, insistió ayer la alcaldesa de moganera, Onalia Bueno, en una rueda de prensa junto al concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, un representante de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht) , Nicolás Villalobos.
A la patronal turística le preocupa especialmente que la situación ahuyente a los pocos turistas dispuestos a venir a partir de principios de año, cuando se prevé que la incidencia de la Covid se rebaje en Europa. Villalobos incluso avisó que de no producirse el desalojo de los hoteles, algunos turoperadores ya se plantean derivar a turistas a otras zonas. “Hay precedentes, cómo Lesbos y Lampedusa que quedaron fueran de los circuitos turísticos”.
Mogán blande la Ley del Suelo para amenazar con sanciones de hasta 300.000 euros
Tanto las autoridades locales como los empresarios comparten la idea de plantar cara al Estado para que reaccione y reubique a los más de 6.000 migrantes que actualmente ocupan 16 hoteles de la Isla. Por el momento del plan de emergencia anunciado por el Ministerio de Migraciones para acoger a los africanos en campamentos militares solo está en marcha el del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco con capacidad para 700 personas. Las previsiones apuntadas por el ministro José Luis Escrivá son que en diciembre deberían comenzar a funcionar la mayoría de otras instalaciones previstas: en Gran Canaria el antiguo colegio León y el cuartel Canarias 50; en Tenerife sendos campamentos en las Las Raíces y Las Canteras y en Fuerteventura en El Matorral.
Bueno, incluso, aseguró que la próxima semana comenzará a advertir por escrito a los complejos de su municipio de que si no llevan a cabo el desalojo antes de principios de año –fecha en la que terminar los acuerdos firmados entre los diez hoteles del municipio y el Ministerio de Migraciones– se les sancionará con multas de entre 30.000 y 300.000 euros en base a la Ley del Suelo y la residencialización que se ha hecho de unas instalaciones turísticas.
El concejal de San Bartolomé de Tirajana prefirió no adelantar fechas concretas y optó por dar unos días al Gobierno para que desaloje los establecimientos, si bien avisó de que si eso no ocurre, el consistorio se verá obligado a “valorar todas las opciones legales posibles” para recuperarlos.
En Mogán hay 10 complejos ocupados por 3.471 personas llegadas en pateras. Además, en el municipio hay 500 menores no acompañados y 90 contagiados de Covid. En San Bartolomé se cifran en 2.500 los africanos alojados en cuatro complejos hoteleros. En principio, esta medida del Gobierno se planteaba como una solución de emergencia, pero la patronal turística denuncia que tres meses de “solidaridad” son suficientes. “No podemos seguir resolviendo el problema” al Gobierno central , denunció ayer Bueno, quien además reclamó al Ejecutivo que asuma sus competencias y utilice los 300.000 euros que, según dijo, se gasta diariamente en mantener a los migrantes en los complejos para acelerar los desalojos.
Manrique de Lara: “Los espacios turísticos deben estar disponibles para el sector”
Para la alcaldesa de Mogán también es preocupante que haya ONG de la Península interesadas en comprar terrenos para levantar campamentos en las Islas. “No entiendo la razón, si supuestamente el Estado nos ha asegurado que tiene suficiente terreno público para acoger a los que llegan”, reflexionó Bueno. Tanto la alcaldesa como el concejal de San Bartolomé hicieron hincapié en su apuesta por las derivaciones a la Península y subrayaron que ya hay once comunidades autónomas que se han comprometido a prestar su apoyo pese a la intención del Ejecutivo central de concentrar en las Islas toda la inmigración y reforzar la vía diplomática que permita recuperar las deportaciones e incremente la vigilancia en los puntos de salida de las embarcaciones.
Por su parte, Manrique reafirmó el compromiso “total” de la patronal de Las Palmas con el pacto para la reactivación de Canarias promovido por el Ejecutivo regional, pero estimó que su materialización pasa porque los espacios turísticos estén disponibles para el desarrollo de esta actividad, que genera el 40% del empleo del Archipiélago.
Tom Smulders, vicepresidente de la Feht quiso también pronunciarse ayer al respecto y aseguró llevar semanas reclamando que los hoteles “no pueden más”. Así se lo hizo saber al Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que le prometió que “la próxima semana ya habrían disponibles 3.000 plazas”.
