El Congreso de los Diputados retomará hoy los trabajos parlamentarios para intentar esclarecer las circunstancias del accidente del vuelo JK5022 de Spanair en agosto de 2008, en el que murieron 154 personas y 18 resultaron heridas, así como la gestión que del mismo hicieron las autoridades aeronáuticas en ese momento. La Cámara constituirá de nuevo la comisión de investigación sobre el siniestro –producido cuando el avión trataba de despegar del aeropuertos de Madrid-Barajas con destino a Gran Canaria– para cerrar el proceso iniciado a principios de 2019 y que quedó sin concluir por la disolución de las Cortes y las elecciones de abril de ese año. La reapertura de la comisión, que volverá a presidir con toda probabilidad la diputada canaria de Unidas Podemos Meri Pita, no contempla en principio nuevas comparecencias y se limitará, según portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a presentar “en el plazo más breve posible”, quizá en unas pocas semanas, unas conclusiones sobre las que hay muchas dudas de que puedan ser consensuadas.
La segunda fase de esta comisión se pone en marcha tras muchos meses congelada desde que el PSOE, UP y ERC presentaron en febrero la solicitud ante la Mesa del Congreso. Todos los grupos se comprometieron a reabrir la comisión en cuanto se normalizara la actividad parlamentaria tras la imposibilidad de hacerlo en la legislatura pasada, cuando el bloqueo político obligó a unas nuevas elecciones en noviembre de 2019. La anterior comisión sobre el accidente de Spanair, solicitada por Podemos en respuesta a la demanda de la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022, estuvo activa durante casi un año, tiempo durante el que se produjeron 40 comparecencias entre supervivientes, familiares de víctimas, responsables de la compañía aérea que operaba el vuelo, responsables de la administración aeronaútica y del aeropuerto de Barajas, pilotos, técnicos, y personal de protección civil.
Algunas de sus sesiones vivieron momentos de gran tensión, sobre todo durante las comperecencias de algunos de los supervivientes, o las de los responsables del Ministerio de Fomento entonces, como la de la propia ministra cuando se prodijo el accidente, Magdalena Álvarez.
La intención en esta nueva etapa de la investigación parlamentaria es básicamente estudiar los testimonios y los documentos aportados por los comparecientes en la primera fase y redactar las conclusiones, que deben ser votadas primero en el seno de la propia comisión y posteriormente en el Pleno de la Cámara. Atendiendo a sus objetivos iniciales, la investigación trata de indagar las causas del siniestro, los fallos de gestión que se pudieran haber producido en ese momento y, sobre todo, proponer una serie de medidas para mejorar la seguridad aérea en España. Aunque los grupos debatirán en las próximas reuniones de Mesa y portavoces de la comisión el calendario y las propuestas sobre los trabajos a realizar en la nueva fase, se da por hecho que no habrá nuevas comparecencias pese a que el colectivos de afectados así lo sigue reclamando.
La propuesta de los grupos de la mayoría en el Congreso es que Meri Pita vuelva a presidir la comisión, una opción que podrían apoyar incluso el resto del arco parlamentario. Entre los diputados que la integrarán hay una alta representación de parlamentarios canarios en atención al hecho de que un gran porcentaje de víctimas del accidente eran de Gran Canaria como destino del vuelo siniestrado. Además de la propia Pita como presidenta, estarán en la comisión los socialistas Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tamara Raya y Ariagona González; el popular Guillermo Mariscal, y el diputado de NC, Pero Quevedo, en representación del Grupo Mixto.
Se da la circunstancia de que la proliferación de grupos parlamentarios en esta legislatura reduce a un diputado la representación del Mixto en las comisiones de este tipo en el Congreso, lo que impide a la diputada de CC, Ana Oramas, una de las más activas en la anterior etapa, volver a estar presente en ella. Oramas y Quevedo han pactado que sea el diputado por Las Palmas quien represente al Mixto en esta comisión por tratarse de un accidente que tuvo especial incidencia en su circunscripción electoral.
Seguridad aérea
La redacción del informe de conclusiones, según reconocen varios portavoces consultados, no es tarea fácil porque hay distintas visiones sobre el sentido de los testimonios y la responsabilidad de los gestores de la administración aeronáutica en ese momento. La “depuración de responsabilidades” es precisamente el argumento sobre el que se basó la reclamación por parte del colectivo de víctimas de creación de una comisión parlamentaria que fuera más allá de la investigación oficial que en su día hizo el Ministerio de Fomento. Los grupos deben aclarar ahora hasta qué punto asumen ese objetivo. En todo caso, para lograr un mínimo consenso, tratarán de centrar el informe en recomendar una serie de medidas para que un accidente como ese no se repita y para mejorar la seguridad aérea en España.
La comisión se pone en marcha tan sólo unas semanas después de que una sentencia del Tribunal Supremo haya obligado a Mapfre, la aseguradora del avión siniestrado, a indemnizar a 18 familiares de víctimas mortales con más de un millón de euros, consagrando de esa manera el incremento del 50% de la compensación establecida por sentencias judiciales previas, calculadas en base al baremo de accidentes de tráfico. Las víctimas, no obstante, han pedido al Tribubal de la UE que resuelva si ese baremo es el que debe tomarse en cuenta.
