El Gobierno canario da luz verde para que los ayuntamientos puedan ampliar y reformar las escuelas infantiles con financiación propia o en colaboración con otras administraciones, crear nuevas y asumir su titularidad o cederla a otras instituciones. Los municipios han asumido con el paso de los años la responsabilidad de la educación infantil de 0 a 3 años como una competencia que no le corresponde con escuelas –antiguas guarderías– y personal para cubrir una demanda que está mayoritariamente gestionada por la iniciativa privada hasta en un 70%. Ahora la Comunidad Autónoma asume su parte de responsabilidad para potenciar la gestión pública de este tipo de educación.
Canarias sufre actualmente un grave déficit en educación infantil. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la tasa neta de escolaridad de 0 a 2 años en las Islas es sólo del 22,6%, frente al 39,6% de la media nacional (un 35% frente a un 61,4% en los 2 años) y con una edad media de acceso de 2,5 años, frente a los 1,9 años de la media estatal. Todo ello agravado por la escasa implantación de la escuela pública, 10 puntos porcentuales inferior que en el conjunto de España.
La crisis económica del 2008 y ahora la provocada por el Covid-19 ha acrecentado las dificultades de muchas familias canarias que no tienen acceso a la educación infantil. Según los últimos datos disponibles, la mitad de los municipios de Canarias tiene dificultadas para ofertar plazas para esta etapa educativa y en 30 de ellos no se oferta ni una sola plaza ni en centros públicos ni privados, o lo que es lo mismo: en 30 de los 88 municipios de Canarias no hay escuelas infantiles, ni públicas, ni privadas.
El 70% de la educación infantil de 0 a 3 años está en manos de escuelas privadas
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, indicó ayer que con este decreto se da cobertura para que los ayuntamientos puedan realizar obras en los espacios de las escuelas infantiles sin los problemas que hasta ahora ponían los servicios jurídicos o la Intervención de la Comunidad Autónoma. Asimismo, se trata del primer paso para que las escuelas infantiles sean asumidas por distintas administraciones, entre ellas la Comunidad Autónoma, si hay ayuntamientos que no pueden asumir el coste de su mantenimiento. De hecho, se habilita a los consistorios para mantener y gestionar las escuelas de su titularidad, ya sea mediante gestión directa o mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación de contratos del sector público.
Asimismo, en la medida de las posibilidades de cada municipio y en el marco de su autonomía, se eliminan los obstáculos para la implantación de nuevas unidades o la ampliación o mejora de las existentes, si fuera preciso, para dar respuesta a la situación social derivada de la crisis del Covid-19.
La fórmula de gestión y de cooperación entre la Comunidad Autónoma está por definir , por lo que este decreto es una transición hasta que se fije el modelo de gestión de la educación infantil de 0 a 3 años.
La Comunidad Autónoma es actualmente titular de 13 escuelas infantiles: ocho en Tenerife, cuatro en Gran Canaria y una en La Palma, a todas luces insuficiente ante la amplia demanda existente, a las que hay que añadir las municipales, que soportan esta competencia impropia.
La norma elimina obstáculos para ampliar plazas ante la emergencia social del Covid
Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la adecuación de la inversión necesaria para la modificación del concierto educativo de las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Enseñanza Secundaria Obligatoria y Educación Especial para los cursos de 2020/2021 a 2022/2023, por un importe cercano a los 59 millones de euros.
Esta inversión en concreto se destina a los gastos de funcionamiento de las unidades concertadas en los centros privados de las Islas, conforme al acuerdo adoptado por la Comisión del Concierto Educativo, el pasado 14 de mayo, y supone un incremento de 48.924,28 euros. La aportación de la Consejería para los gastos de funcionamiento de las unidades concertadas en Educación Infantil ascenderá a 11,4 millones, mientras que para Educación Primaria será de 24 millones. Asimismo, 12,3 millones de euros cubrirán los gastos de Educación Especial, tanto básica como de tránsito a la vida adulta.
Otros asuntos del Consejo de Gobierno
Vivienda. Anticipo de ayudas: El Gobierno de Canarias aprobó ayer un decreto ley de medidas extraordinarias en materia de vivienda y transportes para hacer frente a la brecha social y económica que ha generado la crisis del Covid-19, entre las que se incluye un anticipo de las ayudas al alquiler o incentivos para que promociones privadas que no se terminaron o vendieron pasen a la red de alquileres protegidos. El Plan de Vivienda de Canarias tendrá la consideración de plan estratégico de subvenciones, se reforzará la plantilla y se nombrará a personal interino para el cumplimiento de los programas recogidos en el documento que ya contó con el respaldo unánime del Parlamento y el visto bueno del Ejecutivo.
Menores migrantes. Ofrecimiento de acogida: El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer que todas las comunidades autónomas menos Madrid y Andalucía se han ofrecido a acoger menores inmigrantes no acompañados que han llegado a las Islas durante la crisis migratoria. En este sentido, el Archipiélago atendía el pasado mes de enero a unos 540 niños y jóvenes, cifra que tras el repunte de llegada de pateras y cayucos ha ascendido a más de 2.200, lo que supone un aumento del 270% en lo que va de 2020. Torres entiende la postura de Andalucía porque tiene a más de 7.000 menores pero no la de Madrid, por lo que se seguirá trabajando para que recapacite.
Dependencia. 17 millones más a cabildos: El Consejo de Gobierno aprobó una ampliación de más de 17 millones de euros para la financiación de los servicios de atención a la dependencia, dentro de los convenios de cooperación entre el Ejecutivo canario y los cabildos insulares. Estos convenios sirven para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Este incremento del presupuesto se destinará a aumentar los fondos que se destinan para financiar el coste por plaza y permitirá crear nuevas plazas tanto residenciales como de atención diurna en los centros sociosanitarios públicos.
Servicios sociales. Gasto de 31,5 millones: El Consejo de Gobierno autorizó un gasto para el año 2021 de 31,5 millones de euros para el Plan Concertado de Servicios Sociales, el programa de prestaciones básicas de servicios sociales y el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Esta inversión supone incrementar este año al Plan 10,2 millones de euros más, lo que supone un 47,9% más que en el ejercicio de 2020, cuando se destinó al Plan un montante de 21,3 millones euros. La Consejería de Derechos Sociales y la Fecam proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación a los efectos de que los ayuntamientos puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen realizando en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria.
Carreteras. Indemnización millonaria: La Comunidad Autónoma tendrá que pagar casi 10 millones de euros de indemnización a la empresa adjudicataria de la carretera Adeje-Santiago del Teide, en Tenerife, por los retrasos y modificaciones del presupuesto provocados por el recorte de fondos del anterior convenio de carreteras. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, matizó que esta cuantía y otras por el estilo se sufragarán a través de los fondos del nuevo convenio. Por otro lado también se aprobó un gasto por importe de 3,1 millones de euros para contratar el servicio de control y vigilancia para las obras de mejora de la carretera LP-1, Los Llanos y Tijarafe, tramo Tijarafe-La Punta, en la isla de La Palma, que se encuentran en fase de adjudicación. La obra principal de acondicionamiento, que se licita por 59,9 millones de euros y mejorarán un tramo de 7,6 kilómetros de esta vía, requieren de un servicio complementario que se encarga de velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa vigente en materia de carreteras, según el pliego de adjudicación.
Innovación. 4,9 millones más para ITC: El Consejo de Gobierno autorizó ayer, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, la variación en los presupuestos de capital, con una ampliación de 4,9 millones de euros, y de explotación, con una disminución de 838.485,70 euros, de la empresa pública Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) del ejercicio 2020. Se fundamenta en las modificaciones presupuestarias tanto en las nuevas subvenciones, encomiendas y aportaciones recibidas.
