Seis concejales de Arona denuncian al alcalde, José Julián Mena, y el secretario del Ayuntamiento, Pedro Javier Hernández, por prevaricación administrativa. Los ediles consideran que Mena adoptó una decisión presuntamente injusta y contraria a la ley y el reglamento municipal al eliminar del orden del día del pleno del 26 de noviembre el punto en el que se iba a tomar en conocimiento la declaración del propio alcalde como no adscrito tras su expulsión del PSOE diez días antes –17 de noviembre–. Esta declaración, que se tendrá que abordar en el próximo pleno de este mes, abre la puerta a una moción de censura contra el alcalde.
José Julián Mena retiró este punto del último pleno gracias a la “connivencia” del principal garante de la legalidad del Ayuntamiento, el secretario municipal, siempre según los denunciantes. Pedro Javier Hernández apoyó la decisión de Mena, ante la incredulidad de la mayoría de ediles reunidos en el Centro Cívico de Cabo Blanco, al presentar momentos antes del pleno un informe complementario que consideraba que la expulsión de Mena del PSOE no era definitiva porque el alcalde había presentado un día antes –el 25 de noviembre– un recurso ante el Comité de Ética y Garantía de la dirección nacional socialista.
Los denunciantes, que presentaron el escrito el jueves en los Juzgados de Arona, son cinco concejales del grupo de gobierno socialista –Dácil León, Sebastián Roque, Yurena García, Pura Martín y Elena Cabello– y Luis García, concejal no adscrito tras ser expulsado del PSOE en noviembre. Todos se rebelaron contra Mena –partiendo el gobierno local socialista en dos pese a disponer de mayoría absoluta– después de que el alcalde destituyese en junio a Luis García como responsable de Urbanismo y desoyera sus denuncias contra las presiones y coacciones que sufren el propio García, funcionarios municipales y empresarios por parte de una trama que buscaría acomodar las decisiones urbanísticas de Arona a sus intereses. Uno de los ediles socialistas sublevados, José Luis Gómez, responsable de Servicios Públicos, no firma la querella.
La Ejecutiva Federal –órgano de dirección nacional–, con el apoyo de la regional e insular, culpa a Mena de no acatar la orden de entregar el acta y de ser el principal responsable de la grave crisis del Consistorio aronero.
la Ejecutiva Federal de los socialistas culpa a Mena de no acatar la orden de entregar el acta
El mismo Pedro Javier Hernández, secretario del Ayuntamiento, escribe en un informe de fecha 23 de noviembre: “La comunicación de la expulsión y pase a no adscrito de José Julián Mena es un acto receptivo y unilateral que produce su plena eficacia con su presentación en la Secretaría del Ayuntamiento sin necesidad de su aceptación por el pleno”. Por tanto, el secretario concluye: “Pasará a la condición de no adscrito José Julián Mena, alcalde presidente, al abandonar involuntariamente el grupo municipal socialista por ser expulsado”.
“Ante el asombro de todos los comparecientes al pleno”, tal y como detalla la querella, el secretario cambia de parecer la misma mañana del pleno del 26 de noviembre. Pedro Javier Hernández defiende en un informe complementario realizado esa misma mañana que el recurso del alcalde del día anterior deja en suspensión su expulsión. Es decir, adopta una decisión contradictoria con lo que había alegado solo tres días antes. “La situación es tan grotesca y surrealista”, aclaran los querellantes, “que el secretario impide que Mena pase a la condición de no adscrito y deje de pertenecer al partido [PSOE] y al grupo municipal, cuando el propio partido ha resuelto expresamente expulsarlo”.
La querella añade que el alcalde y el secretario actuaron “en connivencia”. “Ambos coordinaron la aportación in extremis de una mera reclamación no ordinaria para emitir un informe complementario urgente que se ocultó a los integrantes del pleno municipal, a excepción del propio Mena, impidiendo su consulta y debate”, subraya. Por todo ello, Dácil León, Sebastián Roque, Yurena García, Pura Martín, Elena Cabello y Luis García consideran que los hechos son constitutivos del delito de prevaricación administrativa.
El 30 de diciembre, el Comité de Ética y Garantía del Partido Socialista rechazó el último recurso de José Julián Mena, con lo que el alcalde agotaba todas las vías en el seno del partido para evitar su expulsión, que ya se consideraba definitiva desde el 17 de noviembre.
Pese a la grave crisis municipal en Arona –con el urbanismo como epicentro–, a ser tránsfuga, a haber perdido el control del pleno y a atribuirse a su entorno las presuntas presiones y coacciones a funcionarios e inversores, José Julián Mena se aferra a la Alcaldía, además con poderes excepcionales, pues desde junio ostenta el control de la Junta de Gobierno –por la pandemia del coronavirus– y la Concejalía de Urbanismo –tras la destitución de Luis García–.
