Bruselas sigue sin destinar fondos específicos para atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado en pateras y cayucos a Canarias, pese a que el Gobierno regional ha declarado que las Islas están “claramente ante una situación de emergencia humanitaria”. El Ejecutivo tiene ahora mismo bajo su tutela a 2.656 menores, lo que supone un incremento en un año del 367%, por lo que se encuentra desbordado. La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, mantuvo ayer una reunión con el equipo de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, para trasladarle de nuevo la situación crítica que viven las Islas con la masiva llegada de migrantes, y entre ellos numerosos menores que, desde que arriban a las costas isleñas, son tutelados por el Gobierno canario.
Martínez recordó que el año pasado ya le trasladaron la necesidad de que se dotara con fondos específicos al Archipiélago por la llegada masiva de menores, y aunque desde el Gabinete de la comisaria europea son “muy conscientes de la situación“ y recalcan que “les preocupa”, la Consejería de Derechos Sociales tiene la sensación de que Europa “ni está ni se le espera en lo que viene siendo la gestión de la problemática específica de los menores”. A la viceconsejera le inquieta “mucho que la Comisión siga sin remitir los fondos de emergencia de los que hablamos el año pasado, y que no haya aún un apoyo específico de Bruselas para la gestión de los menores”.
Tras el encuentro de ayer, quedaron en remitir al equipo de la comisaria europea “una vez más” la situación numérica y económica de los menores tutelados por el Gobierno canario. El equipo de Johansson se comprometió a volver a estudiar esta situación para ver si pueden derivar fondos de emergencia “para ayudarnos en esta gestión”, expuso la viceconsejera. Según Martínez, la situación de los menores extranjeros que llegan al Archipiélago a través de pateras y cayucos “no puede ser una responsabilidad exclusiva de esta Comunidad Autónoma sino de toda Europa”. Además, apunta que los flujos migratorios “continuarán en los próximos meses y esto hace que sea más necesario que nunca” organizarse para tener un sistema “más fluido” de traslado a la Península, de obtención de fondos europeos para financiar estos recursos y de acogida por parte de cabildos y del Gobierno de Canarias. En este contexto, expuso que en enero de 2020 Canarias tenía bajo su tutela a 540 menores extranjeros no acompañados y un año después la cifra alcanza los 2.656 menores, por lo que se ha tenido que impulsar un conjunto de 26 recursos de emergencia para la atención de los menores.
Tres de ellos están en apartamentos del sur de Gran Canaria de los que en estos días han salido unos 200 jóvenes a otros recursos de la Isla, con lo que quedan 418 chicos en tres complejos. El Gobierno regional pide solidaridad no solo a la UE en las derivaciones de estos menores sino también al Gobierno de Pedro Sánchez. Cinco comunidades se han ofrecido a acoger a menores pero solo a un centenar de los 2.656 que tutela Canarias. Los iban a trasladar en enero, pero la situación se puede alargar por la burocracia hasta seis meses, pues para hacer un convenio con las comunidades para traspasar la tutela de los menores se ha pasar por el Consejo Consultivo, el Consejo de Gobierno, el Parlamento de Canarias y el Congreso y “todos estos filtros pueden tardar meses”, expone Martínez. Ante ello, se está buscando una alternativa como utilizar al Estado como paraguas para hacer convenio marco que sirva para todas las comunidades.
