El grupo socialista en el Parlamento de Canarias no siguió los pasos de sus compañeros en el Senado y se sumó ayer al frente en defensa del plátano liderado por Casimiro Curbelo. El presidente y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera incluso estuvo a punto de convencer a los cuatro diputados de Podemos, que dieron un paso atrás y se quedaron en la abstención. Al final, la Proposición No de Ley (PNL) de la bancada gomera prosperó con una amplia mayoría absoluta –apoyo unánime a excepción de esas abstenciones de los parlamentarios de Podemos– y envía un claro mensaje al Congreso: la futura ley de la cadena alimentaria debe atender las particularidades del sector primario insular y, más en concreto, las del plátano. Dicho de otro modo: debe permitirse la venta a pérdida a los plataneros para que puedan competir con las multinacionales sudamericanas, que envían cantidades ingentes de fruta y causan períodos de sobreoferta en los que los productores isleños no pueden competir sin bajar precios. Si se los obliga a un precio mínimo –como se pretende en el proyecto de ley del Ministerio de Agricultura–, se quedarán fuera de mercado. La última palabra la tiene ahora el PSOE, pero en Madrid.
La próxima ley de la cadena alimentaria está en el Congreso en el trámite de enmiendas, con lo que se votará en las siguientes semanas. El problema para los plataneros es que el precedente en las Cortes no es favorable a sus intereses. No en vano, la negativa de los senadores socialistas en el debate de las medidas urgentes adoptadas por el Ministerio tras las manifestaciones y tractoradas de comienzos de 2020 –debate que tuvo lugar en diciembre– tumbó las enmiendas en las que Coalición Canaria y ASG pedían la excepción del plátano de la prohibición de vender a pérdida. Algo que ayer le recordó el portavoz parlamentario de CC en materia de Agricultura, Narvay Quintero, a la bancada del PSOE: “Esperemos que no suceda ahora en el Congreso”.
De momento, el compromiso de los socialistas –al menos de los canarios– con los plataneros quedó de manifiesto con su apoyo a la PNL de la Agrupación Gomera. “Nuestro apoyo es claro”, subrayó de entrada la diputada del PSOE Ventura del Carmen Rodríguez. No obstante, Rodríguez se preguntó desde la tribuna de la Cámara si establecer la excepción en la futura ley es el camino adecuado para competir en condiciones con la invasión de bananas. La parlamentaria aseguró que hay pequeños agricultores isleños a favor del texto redactado por el Ministerio, de ahí que pidiera una “reflexión” al sector.
En lo inmediato, Curbelo expuso que si no se consigue la excepción en la nueva normativa, será la “muerte” del plátano. “Paro, pobreza y desaparición de fincas”, subrayó el líder de ASG, que avisó que si eso llega a ocurrir, los más perjudicados serán los pequeños agricultores. Si la ley sale adelante en sus actuales términos, se perderá alrededor de un 30% de la producción, advirtió el diputado del grupo mixto Ricardo Fernández de la Puente, representante de Ciudadanos. Tanto De la Puente como Quintero y, sobre todo, Luis Campos, de Nueva Canarias, puntualizaron que el proyecto incluye muchos puntos positivos que se diluyen si tras pasar la “brocha gorda”, en palabras de Campos, no se atienden determinadas singularidades como las de los plataneros. Quienes, además, no compiten con productores de ninguna otra región –el plátano en España es patrimonio canario–, con lo que no hay ningún agravio.
Jacob Quadri, del PP, pidió al Ministerio que no haga tabla rasa “en una época que no está para inventos”, mientras que Francisco Déniz, de Podemos, se mostró contundente en defensa de la ley y de la necesidad de fijar un precio nunca inferior a los costes de producción. Con todo, Déniz y Podemos se quedaron en la abstención en espera de ver la mejor forma de ayudar al pequeño agricultor.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias manifestó que ahora “Madrid debe escuchar a las fuerzas políticas del Parlamento y a la totalidad de los productores de plátano de España para acabar con urgencia con este daño”.
Otros asuntos del pleno
CABILDOS
Los directores serán cargos políticos
El pleno del Parlamento de Canarias admitió ayer a trámite una proposición de ley firmada por los grupos que respaldan al Gobierno y apoyada por el resto para cambiar la Ley de Cabildos, de manera que los directores insulares, como cargos políticos, no tengan que ser funcionarios. Esta iniciativa, que a partir de ahora debe ser tramitada en el Parlamento antes de su aprobación definitiva, ha sido promovida a petición de los propios cabildos. La libre designación se extendería también a los coordinadores técnicos.
SERVICIOS SOCIALES
Medidas de refuerzo
La Cámara autonómica aprobó por unanimidad impulsar algunas de las medidas propuestas por CC para los servicios sociales y las prestaciones ciudadanas. La diputada nacionalista Cristina Valido defendió una proposición no de ley de trece puntos, a los que se sumó otro propuesto por el PP, considerados imprescindibles para paliar la grave situación social y de desigualdad agravada por la pandemia. Aunque los grupos del Gobierno se mostraron de acuerdo, optaron por apoyar únicamente algunos de los puntos planteados, al estimar que son los que se pueden acometer a corto plazo.
‘ISLAS VERDES’
Gasolina
El pleno del Parlamento de Canarias rechazó en la sesión plenaria de ayer, con los votos en contra de los grupos del cuatripartito, parte de una PNL del PP donde se pedía una deducción fiscal del tramo autonómico del IRPF por consumo de combustible en las Islas Verdes -La Palma, La Gomera y El Hierro-. En cambio, sí prosperó una propuesta de los grupos del cuatripartito para seguir adelante con las medidas de mejora de la competencia en esas islas, con la entrada de nuevos operadores o con la creación de cooperativas.
