El Gobierno de Canarias pondrá en marcha en las próximas semanas el nuevo programa de vivienda vacía con el que garantizará el pago del alquiler durante cinco año a los dueños de casas vacías para poder sacarlas al mercado y aumentar la oferta de viviendas en alquiler en las Islas.

Con esta medida, para la que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda destinará una partida de un millón de euros cada año, se calcula que puedan ponerse en alquiler, a precios asequibles, algo más de 600 viviendas en los próximos meses.

“En los próximos días cerraremos el encargo a la empresa pública Visocan para que gestione este Programa incluido en el Plan de Vivienda 2020-2025 para incentivar a los propietarios de viviendas vacías para que puedan ponerlas a disposición de la Comunidad Autónoma”, anunció Sebastián Franquis, “a cambio, ellos tendrán la garantía de que el Gobierno de Canarias velará por el pago de esos alquileres. Si pasados esos cinco años quieren volver a gestionar su propiedad personalmente, se les devolverá la vivienda en las mismas condiciones en las que fue entregada al Gobierno”, explicó en un foro organizado por la Cadena Ser.

La fórmula copia la que ya se aplica en Euskadi y Navarra. Consiste en una firma de contratos de cesión del usufructo entre los propietarios de viviendas vacías y el Gobierno regional. En virtud del mismo la administración paga al propietario todos los meses y durante cinco años haya arrendatarios o no en su propiedad, o incluso si estos dejan de pagar la renta al Gobierno.

La Consejería ha establecido unos precios máximos de referencia según los metros cuadrados útiles de la vivienda para pagar a los propietarios la cesión de del usufructo. Con estos parámetros, el Gobierno pagaría por un piso de unos 75 metros cuadrados, sobre los 500 euros.

Por su parte, Visocan, siguiendo este modelo, se encargará de cobrar las rentas mensuales directamente a los inquilinos de esas casas, con alquileres adaptados a la situación social de cada una de las familias. De esta forma, los futuros arrendatarios han de ser demandantes de vivienda inscritos en el Icavi (Instituto Canario de la Vivienda) cuyos ingresos mensuales, por familia, no superen los 2.200 euros al mes. La renta que pagarían nunca superaría el 30% de sus ingresos con un tope máximo de 450 euros al mes.

Visocan también adquiere con los propietarios de las viviendas de mantener las casas en perfecto estado y entregarlas tal cual la recibieron.