La mayoría de los sindicatos con representación entre los empleados públicos de la Administración autonómica cuestionan el decreto ley publicado el pasado Jueves Santo en el BOC para agilizar la gestión y control de los fondos europeos. Las críticas vienen por la necesidad reconocida por el Gobierno regional de tener que recurrir a personal interino y temporal en sus diferentes categorías y escalas para hacer frente a este escenario en los próximos años si no hay medios suficientes con los recursos humanos actuales que tiene la Administración.
En un comunicado interno, el Sindicado de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) critica que “el Gobierno de Canarias hace oídos sordos y sigue apostando por la entrada de más personal interino” mientras se mantiene la conflictividad laboral con los empleados que llevan más de una década y dos ejerciendo su labor en la Administración sin que se les haya consolidado sus puestos.
Sepca recuerda que el Ejecutivo no ha finalizado las pruebas selectivas e incluso hay categorías que ni siquiera han empezado para la entrada de nuevo personal. Con el pretexto de la gestión de los programas vinculados a los fondos Next Generation EU, “el Ejecutivo pretende justificar la entrada de nuevo personal temporal en un contingente considerable”.
“A la vez que la Administración canaria empuña la bandera con los indiscutibles y necesarios principios de igualdad, mérito y capacidad para oponerse a la estabilización del personal temporal que lleva en algunos casos hasta 30 años dentro del sector público, introduce ahora a su conveniencia los términos de agilidad e idoneidad para encajar selecciones de personal a la carta, incluso para la ocupación de puestos directivos”, critica Sepca.
Los sindicatos insisten en que el Gobierno tiene pendientes de convocar hace 14 años los concursos de traslado por méritos entre los funcionarios de carrera, obligados por ley y por los tribunales. Sin embargo, en su opinión, la Dirección General de Función Pública “prefiere figuras tan discrecionales como la redistribución y reasignación de efectivos o la movilidad funcional para intentar solventar las deficiencias en áreas debilitadas de medios humanos”.
La mesa de negociación en la que se llevó el decreto contó con el voto negativo de todos los sindicatos –CCOO, UGT, Sepca, Intersindical y Co.bas– a excepción del CSIF, que fue la única organización sindical que no se opuso. El Sepca arremete contra la “ineficaz” e “incompetente” política de gestión de recursos humanos de la Administración regional “paralela a la salvaguarda de maniobras caprichosas e interesadas en la apertura de puertas traseras a nuevo personal”.
El decreto ley del Ejecutivo establece una serie de medidas de reorganización administrativa y de personal para afrontar la gestión de unos fondos que tienen que ejecutarse entre tres y seis años y para los que Bruselas exige agilidad y eficacia.
