Entrevistas grupales, sin intimidad y sin traductores. Los letrados del turno de oficio tuvieron que esperar hasta diez horas en el muelle de Arguineguín para poder prestar asistencia jurídica a los migrantes. El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, repasa las dificultades que han tenido para ejercer su labor durante la crisis migratoria y cómo han ido mejorando las condiciones del servicio jurídico y la atención a los recién llegados.
¿Se ha dado una atención jurídica correcta a los migrantes?
Cuando se registró el pico de llegadas y se vivió la infamia del muelle de Arguineguín era prácticamente imposible dar una buena atención jurídica. Las autoridades no estaba preparadas para esa llegada masiva, aunque nosotros asignábamos todos los abogados posibles. Por una interpretación muy restrictiva de la norma, la Consejería de Justicia obligaba a atender a un número absolutamente excesivo de migrantes por letrado y era imposible prestarles una asistencia jurídica en buenas condiciones. En octubre mantuvimos una reunión con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se acordó asignar entre siete y nueve personas por letrado. La Administración del Estado se quedó paralizada ante el fenómeno migratorio del último trimestre de 2020, durante el que llegaron más de 12.000 personas a Canarias. Tardaron en adoptar las medidas adecuadas y pasaron meses sin ponerse medios para la correcta atención de los migrantes.
¿Qué dificultades se han encontrado los letrados para desempeñar su labor?
Nosotros tenemos que tener una entrevista individualizada y privada, asistidos de un traductor de la lengua materna, y eso no se podía hacer. Había días en los que en Arguineguín había solo dos traductores para todos los migrantes que llegaban. Los abogados tuvieron que esperar hasta diez horas para poder atender a los migrantes. El número de policías era insuficiente y en aquellas condiciones era imposible dar el asesoramiento jurídico adecuado. El delegado del Gobierno tenía buena voluntad, pero creo que no estaba capacitado para resolver problemas por si solo y desde Madrid no lo asistieron porque los ministerios implicados no pusieron los medios. Cuando se habilitó Barranco Seco poco a poco se fue normalizando la situación.
¿Actualmente se ha estabilizado la atención jurídica?
Sí. Puede haber algún problema puntual, pero en general se ha estabilizado. Si bien, entendemos que no se está cumpliendo la legalidad con aquellos migrantes que están provistos de documentación o que se les ha reconocido el derecho de asilo y se les está negando el desplazamiento. La Administración dice que está en su derecho, pero no lo justifica.
El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria les reconoce su derecho a viajar libremente.
Lo que está pasando en el fondo es que el Gobierno central no quiere desplazarlos a la Península porque entiende que eso sería un efecto llamada, pero no se puede conculcar la norma a cualquier precio. Esta es una situación absolutamente discriminatoria con respecto a los migrantes que llegan a cualquier otro punto de la Península, donde pueden coger un coche o una guagua y continuar su viaje. Canarias es solo un punto de paso, porque casi ninguno tiene una voluntad inicial de quedarse aquí.
¿Confía en que con este auto cambie esta situación?
La Administración a veces es muy tozuda, pero después de este auto las instituciones deberían recapacitar y reconocer lo que está pasando. Vivimos en un Estado de derecho y no se pueden saltar las normas por muy loable que pueda llegar a ser el fin que estás persiguiendo.
“Después del auto las instituciones deberían recapacitar y reconocer lo que está pasando; Canarias es solo un punto de paso”
¿Los abogados del turno de oficio estaban preparados para atender el elevado número de casos de extranjería?
Por el servicio de Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía, no nos permiten exigir formación específica en extranjería en el turno de oficio, porque no está prevista en la norma. Me gustaría que se pudiera exigir y así lo reclamamos en todas las reuniones con las autoridades. El año pasado ofrecimos dos cursos en esta materia y tuvieron un gran éxito, porque se apuntaron más de 500 personas y se agotaron las plazas.
En 2020, de las 4.000 peticiones de asilo que se registraron en España, solo el 8,6% eran de africanos, a pesar de que solo a Canarias llegaron 23.000. ¿Por qué hay tan pocas solicitudes?
A ellos se les informa sobre las causas por las que pueden pedir el asilo, que son limitadas. Hay pateras en las que todos piden el asilo y otras en las que no lo pide ninguno. Hay un efecto contagio que si el primero dice que sí, el resto de sigue, y si dice que no, el resto dice que no. Depende mucho de la situación en la que estén. Cuando estaban en el muelle de Arguineguín no sabían ni si iban a sobrevivir. La solicitud de asilo necesita una entrevista particular, con intimidad y allí se hicieron miles de asistencias sin las mínimas condiciones. Si ellos no facilitan la información necesaria, no pueden solicitar la protección internacional y muchas veces no la dan por temor a las consecuencias que pueda tener es información. Ahora hay menos llegadas de migrantes, pero hay muchas más solicitudes de asilo. En esto influye que los migrantes llegan más más informados y que los letrados están más formados y trabajan en mejores condiciones.
¿Cuentan con traductores para ofrecer el asesoramiento en la lengua materna de los migrantes?
Sigue habiendo carencias en el número de traductores. En este tema se tiran la pelota unos a otros. Por ejemplo, nunca he podido entender que la comunidad autónoma, que tiene sus propios traductores, no los pusieran a disposición de la crisis humanitaria. Los traductores deben ser de las lenguas nativas de los migrantes, porque son personas que llegan en shock y no se expresan igual en su segunda lengua. Incluso hay personas aquí que fueron migrantes en su momento, que ahora son grandes conocedores de la lengua española y que podrían servir de traductores, pero creo que a la policía le interesa contar con determinados traductores y no sean proclives a aumentar el número.
Hay letrados que han denunciado que tuvieron que firmar órdenes de expulsión sin tener contacto con los clientes, ¿esto sigue sucediendo?
A mi no me consta que esto sucediera, pero tampoco me extrañaría, porque en Arguineguín había un caos horroroso. Nosotros mandamos una circular en la que les pedíamos que si no se daban las condiciones necesarias para prestar la asistencia, que lo hicieran constar en las resoluciones.
