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Canarias, testigo y víctima en el conflicto del Sahara Occidental

El Consulado de Marruecos y el Cabildo de Gran Canaria son la cabeza visible de la batalla por imponer el relato político y jurídico

Dos niños saharauis en los campamentos de Tinduf. | | LP/DLP

Dos niños saharauis en los campamentos de Tinduf. | | LP/DLP

El largo conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario en la antigua colonia española se vive en primera fila desde Canarias, donde también se desarrolla buena parte de la batalla mediática sobre la situación real en el territorio. En esa disputa por imponer el relato jurídico y político respecto a la soberanía sobre el Sahara tienen especial protagonismo el Consulado General de Marruecos y el Cabildo de Gran Canaria. Sus visiones del pasado y el futuro siguen en las antípodas.

Recepción del Cabildo de Gran Canaria en 2015 a los niños de Tinduf que son acogidos en verano por familias isleñas | | LP/DLP

Una exposición en el Cabildo de Gran Canaria para recordar los sucesos del campamento de Gdeim Izik provocó a mediados de febrero el último gran enfrentamiento entre el gobierno insular y el Consulado marroquí. Tras recibir de forma oficial a Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, tanto el presidente Antonio Morales como el consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, reclamaron al Gobierno de España y a la comunidad internacional que dejen de mirar hacia otro lado ante «el acoso» a la población saharaui que reside en los territorios ocupados por Marruecos en la antigua colonia.

La protesta del Consulado fue inmediata y su titular, Ahmed Moussa, recordó que el Cabildo no tiene competencias en materia de política exterior, al tiempo que negó de forma tajante que recibir a una organización política como el Frente Polisario suponga apoyar al pueblo saharaui.

Para el máximo representante de Marruecos en Canarias, el Cabildo grancanario y el partido que lo gobierna, Nueva Canarias, son ya los únicos aliados que le quedan al Frente Polisario entre las instituciones españolas.

Solidaridad

Carmelo Ramírez niega de plano que el Cabildo se haya quedado solo en esa batalla y asegura que «esos son bulos que salen de los servicios de información del Consulado de Marruecos para tratar de debilitar la solidaridad y la simpatía que la causa saharaui tiene en el Archipiélago».

«El apoyo de la sociedad canaria al pueblo saharaui existe desde el primer día, desde el año 1975; casi todos los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, ayuntamientos y organizaciones sociales y culturales mantienen su apoyo a los derechos del pueblo saharaui porque es la defensa de la legalidad internacional, la defensa de una salida pacífica a este conflicto y el respeto a los derechos humanos que Marruecos sigue violando», sostiene Ramírez, quien pone como ejemplo que en el Parlamento de Canarias y en la mayoría de las cámaras autonómicas existen grupos de apoyo al pueblo saharaui con representación de todos los partidos.

De hecho, el presidente del Intergrupo Parlamentario español es Carmelo Barrios, diputado del PP del País Vasco. Barrios, resalta Ramírez, engrosa «la larga lista» de representantes políticos y periodistas, tanto peninsulares como canarios, «que han viajado a El Aaiún en los vuelos de Binter para conocer in situ la realidad de la población saharaui y las autoridades de Marruecos no les han permitido ni bajar del avión».

Ahora, ante la hospitalización de Brahim Gali en La Rioja se abre otro frente y el Consulado considera que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es contraria «al espíritu de asociación estratégica y buena vecindad» entre España y Marruecos. Gali, según Moussa, «es el líder de las milicias del Polisario y está procesado por graves crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos», por lo que «la sociedad saharaui lo señala como el hombre de la guerra, de los secuestros, de las torturas y la extorsión».

Moussa recuerda que «la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo y otras asociaciones afines lo consideran como el autor intelectual de los atentados terroristas y de los secuestros cometidos contra los pescadores canarios, un total de 300 víctimas». El cónsul sostiene que «en una sociedad democrática del siglo XXI no se pueden dejar impunes o tolerar este tipo de conductas y las personas que las ejecutan».

Las visiones de Moussa y Ramírez respecto a las consecuencias para Canarias de los 45 años de conflicto también son radicalmente dispares, así como las hipotéticas ventajas para las Islas de un futuro Sahara bajo soberanía marroquí o como estado independiente.

Consecuencias

Según el cónsul, hasta el año 1987 hubo una incidencia grave del conflicto sobre una parte del sector pesquero de Canarias, en concreto los barcos que faenaban en el litoral del Sahara marroquí dentro del marco del Acuerdo de Pesca entre España y su país. A partir de esa fecha, las fuerzas armadas marroquíes han logrado acabar los trabajos del dispositivo de defensa que cubre la franja Este del territorio del Sahara marroquí.

“A raíz de esto, el Frente Polisario se vio completamente derrotado militarmente en sus intentos de continuar con estas acciones de naturaleza terrorista, por eso el año 1987 es una fecha trascendente que marca la estabilidad y la seguridad definitivas para toda la zona, incluida Canarias, porque Marruecos es un garante de la prosperidad en toda la región del Magreb», añade el cónsul.

Preguntado por las ventajas para Canarias que el Sahara quede de forma definitiva bajo la soberanía marroquí, Moussa asegura que «todas las del mundo», pues «el Reino de Marruecos está considerado, hoy en día, uno de los países con mayor estabilidad política, y macroeconómica, con apertura en África y en el mundo árabe».

En el ámbito económico», apunta, Canarias puede participar en todos los sectores de la actividad de las regiones vecinas, como el comercio, el turismo, la industria de la pesca, la agroalimentación, las energías renovables, la desalación de agua, la construcción, el sector inmobiliario o las infraestructuras.

El Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007 «es la única solución válida definitiva, justa y duradera de este contencioso regional», opina Moussa, quien comenta que todos los parámetros definidos por el Consejo de Seguridad de la ONU en sus 17 resoluciones durante la última década han consagrado la preeminencia de los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos para sacar esta cuestión del estancamiento.

«En estos tres últimos meses, el Frente Polisario y su mentor, Argelia, han rechazado las propuestas del secretario general de Naciones Unidas para el nombramiento de dos personalidades europeas para ser el nuevo enviado especial de la ONU, en concreto, Petre Roman, exprimer ministro de Rumanía, y Luis Amado, exministro de Asuntos Exteriores de Portugal; por tanto, los únicos responsables del estancamiento del contencioso y la declaración de guerra unilateral son el Polisario y Argelia», insiste.

La antesala de la autonomía, según el diplomático, ya esta instalada en el Sahara desde hace más de 10 años. Se trata de la llamada regionalización avanzada, donde existe un Consejo Regional que gestiona los asuntos de ese territorio. Las tres regiones del Sahara marroquí están presididas actualmente por autóctonos nativos saharauis.

Emigración

Por su parte, Ramírez sostiene que las consecuencias del conflicto para Canarias «han sido catastróficas». Durante casi un siglo, hasta el año 1975, cuando el Sahara era la provincia número 53 del estado español, las relaciones económicas, sociales y humanas con las Islas eran muy estrechas. En épocas de crisis, la antigua colonia era una zona de emigración para las familias canarias, sobre todo de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, de las que muchas arraigaron allí. También era la base de una potente flota pesquera.

“Con la salida de España, incumpliendo sus obligaciones jurídicas y políticas de celebrar el referéndum, todas estas relaciones quedaron cortadas de la noche a la mañana», rememora Ramírez, para quien «la actual reanudación de las hostilidades genera incertidumbre, más teniendo en cuenta que Canarias depende del turismo y cualquier conflicto provoca repercusiones en la economía».

Un Sahara independiente, según el consejero del Cabildo, favorecería un desarrollo «muy potente» de relaciones económicas, así como recuperar el comercio, las inversiones y todo tipo de intercambios, pues es un pueblo y un país que habla el español y el idioma es una cuestión estratégica en cualquier relación comercial.

La ocupación marroquí, a juicio de Ramírez, «es una amenaza para Canarias, y la prueba la tenemos en las últimas decisiones de su Parlamento, que pretende ampliar su mar territorial y envolver a Canarias dentro de sus aguas». «Además, una soberanía sobre el Sahara alentaría los afanes expansionistas de Marruecos y sería una amenaza para el norte de África y Canarias».

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) acudió a la Audiencia Nacional en el año 2012 para poner en conocimiento de los tribunales españoles los atentados contra trabajadores de Fossbucraá y pescadores isleños. Las viudas y huérfanos de las víctimas esperan desde entonces que se aplique la justicia a los responsables del Frente Polisario y que se repare el daño causado, explica su presidenta, Lucía Jiménez. Acavite también reclama que los gobiernos de España y Marruecos compensen a esas familias por dejar abandonados a partir de 1975 a los empleados de las minas de fosfatos y a los marineros canarios, que sufrieron secuestros y ametrallamientos. Ambos gobiernos, recuerda Jiménez, se comprometieron en el Acuerdo Tripartito de Madrid a garantizar la seguridad de los trabajadores españoles contra los ataques del Polisario, que ya había iniciado la guerra contra la ocupación marroquí.

Los isleños que sufrieron la guerra piden justicia

La presidenta de Acavite asegura que su organización no está detrás de las otras denuncias contra el Frente Polisario, las que llevaron a la Audiencia Nacional a abrir una investigación que implicaba al actual presidente de la RASD, ahora ingresado en el hospital San Pedro de Logroño. No obstante, Jiménez considera que la presencia de Gali en España debe ser aprovechada por los tribunales para hacer justicia.

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