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Medidas contra el Covid

El temor a los botellones despliega a 7.000 efectivos policiales en las Islas

Delegación del Gobierno y Ejecutivo regional coordinan el operativo de seguridad en el primer fin de semana sin toque de queda

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Reunión de la Junta de Seguridad, presidida por Ángel Víctor Torres Carsten W. Lauritssen

La Delegación del Gobierno y la Consejería de Seguridad del Ejecutivo regional coordinarán la seguridad en las calles de las Islas para evitar botellones y aglomeraciones tanto en lugares públicos como privados. Unos 7.000 efectivos policiales se desplegarán desde hoy y durante el fin de semana entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Canaria y las policías locales de los 88 ayuntamientos canarios para vigilar los lugares y zonas que se consideran de mayor riesgo de concentración de personas. Asimismo se pretende ser riguroso en la imposición de sanciones una vez que entró en vigor la ley canaria que regula las multas por el incumplimiento de las medidas para prevenir el Covid ahora que ya no hay estado de alarma ni toque de queda.

Tanto el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, como el resto de representantes de las administraciones públicas mostraron ayer su confianza en que la mayoría de la población canaria cumplirá las normas tras el fin de toque de queda como ha ocurrido en los últimos días y que aquí no se verán las escenas de aglomeraciones y festejos que se observaron en grandes ciudades como Madrid y Barcelona el pasado fin de semana. Pero la preocupación es evidente ante lo que pueda pasar aunque se le permita a partir de hoy a los bares, restaurantes y terrazas que puedan estar abiertos hasta la medianoche para evitar que la gente esté en la calle. Y uno de los indicadores de esta preocupación es que se ha incrementado el número de contagios e ingresos hospitalarios de personas en la franja entre los 18 y los 40 años, es decir, entre la población no vacunada aún y que puede contagiar el virus. «No hay nada que festejar todavía», clamó ayer Torres tras la Junta de Seguridad y reiteró que los botellones están prohibidos y que serán sancionados con arreglo a la ley vigente.

Torres insistió en que el fin del toque de queda «no es el fin de la pandemia», y que por tanto, «no hay nada que festejar», y «si alguien entiende que este viernes es para salir a la calle a festejar que le hemos ganado al virus, se equivoca», aseveró. El presidente reiteró en que la única medida que ha decaído es el toque de queda, recordó que los botellones están prohibidos y ha pedido «máxima responsabilidad» especialmente a quienes no están vacunados. «No puede haber aglomeraciones, ni a partir de las 12 de la noche ni durante el día», remarcó. En este sentido, destacó que algunos países emisores de turistas contemplan incluir en breve a Canarias en sus listas verdes para viajar porque ha ido disminuyendo la incidencia acumulada en el Archipiélago desde mediados de abril, “por lo que debemos entender que nos estamos jugando la salud y también la economía si no cumplimos con las normas».

De igual forma, admitió que en el Ejecutivo existe preocupación, en tanto en cuanto «no se sabe qué va a pasar» este fin de semana. No obstante, repitió que las restricciones relativas al número máximo de personas que se pueden reunir están en vigor tanto en los espacios públicos como privados, por lo que «no podemos hacer que vengan a casa más personas de las permitidas. Cumplamos las normas». Añadió que lo que preocupa es que se quiera alterar esta norma, que considera fundamental para contener la pandemia, y advirtió que también se pondrán las sanciones pertinentes y se va a hacer un seguimiento específico por las fuerzas de seguridad.

En la Junta de Seguridad participaron el Gobierno, los cabildos, los ayuntamientos y la Delegación del Gobierno junto a los principales mandos policiales para coordinar el despliegue de seguridad que se realizará en estos próximos días. La Delegación del Gobierno y la Consejería de Seguridad actuarán conjuntamente para unir los efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado con las policías locales y la policía autonómica e intensificar los controles en las salidas y entradas de los municipios más habitados y zonas turísticas, y vigilar aquellos lugares donde se pueden producir botellones. Asimismo, se reforzarán los turnos y los agentes disponibles para trabajar durante el fin de semana. Un ejemplo es la capital grancanaria, donde el gobierno municipal retomará el dispositivo especial del pasado verano, tras la desescalada, velando por el cumplimiento de la normativa sanitaria y evitando las aglomeraciones. En este sentido, se pondrá el foco en la celebración de botellones, con la vigilancia de más de 70 puntos del municipio, según informa el Ayuntamiento capitalino.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Tomás Pérez, aseguró que las policías locales actuarán «de forma conjunta» con el resto de fuerzas de seguridad para «sumar esfuerzos» y efectivos para «no bajar la guardia». Tanto el representante municipal como el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Mariano Hernández Zapata, valoraron ayer la coordinación impulsada por el Ejecutivo regional y que se tomen en cuenta a las corporaciones locales, que ponen a disposición del operativo a las policías locales para llegar a los puntos y zonas más proclives a que se puedan juntar más personas de las permitidas, que son seis en las islas en nivel 2 y 10 en las que están en nivel 1.

Recurso en el Supremo

El recurso del Gobierno canario para salvar el cierre perimetral de las islas que se encuentren en nivel 3 y 4, que tumbó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en dicho territorio, se encuentra ya sobre la mesa de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo. El tribunal ha emplazado a la Fiscalía a presentar alegaciones en un plazo máximo de tres días y confía resolver tras tener este documento a lo largo de la próxima semana, según han apuntado a Europa Press fuentes de este órgano.

Finalmente, Canarias ha descartado recurrir el toque de queda, otra medida que tampoco obtuvo el aval del tribunal superior canario. La razón se encuentra en los informes de los servicios jurídicos y de la Dirección General de Salud Pública, que hacían más aconsejable centrar los esfuerzos en el cierre perimetral.

El Supremo estrenará con este asunto el nuevo recurso de casación creado por el Gobierno, que le permite revisar la adecuación o no a la ley de las nuevas medidas anticovid tras el levantamiento del estado de alarma. Por el momento, ha descartado pedir su opinión a la Abogacía del Estado, pese a que la normativa se lo permite. Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, mantuvo una reunión el pasado lunes con el fiscal delegado de lo Contencioso-Administrativo del Supremo Pedro Crespo y los fiscales especialistas en este campo, que al día siguiente amplió con fiscales de lo contencioso en los TSJ con el objetivo de «armonizar» posturas.

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