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Montero se resiste a desbloquear los 405 millones de la deuda de carreteras

Dos meses después de que Ábalos diera su visto bueno no hay fecha para firmar la adenda

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.

Dos meses después de la fecha prevista por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transportes para la firma de la adenda de 405 millones suplementarios para el convenio de carreteras de Canarias, el acuerdo sigue sin formalizarse y pendiente del importante trámite que supone la autorización del gasto por parte del Ministerio de Hacienda.

El bloqueo de este proceso por parte de la ministra, María Jesús Montero, está provocando suspicacias en algún sector del Ejecutivo regional, que ven en este retraso un riesgo real de que se esté cuestionando en ese departamento el acuerdo sobre la inversión extra prevista por el Estado como pago de una parte de la deuda en carreteras por los recortes entre 2012 y 2016.

«En Hacienda siempre se para todo. Lo sabemos por experiencia y la adenda del convenio de carreteras no podía ser menos», asegura la diputada regional de NC Esther González, portavoz en la comisión de Obras Públicas del Parlamento de Canarias, que cuestiona la propia capacidad y competencia del ministerio de Montero para ‘corregir’ el acuerdo al respecto. «Hace ya dos meses que tenía que haberse firmado y, aunque no es una cuestión urgente por calendario, sí nos preocupa que esté bloqueado en el Ministerio», afirma González. «Hacienda todo lo paraliza, siempre empieza con un ‘no’ y luego se va corrigiendo, pero no entendemos que tenga que decir nada en esta cuestión del pago de la deuda a través de una ampliación del convenio durante dos años por valor de 405 millones», señala la diputada nacionalista.

González hace referencia en concreto al acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para prorrogar el actual convenio de carreteras, firmado en diciembre de 2018 y que tenía una vigencia inicial de siete años (hasta 2025) por un importe de 1.200 millones, durante dos años más, hasta el 2027, y con una cifra total de 1.605 millones a razón de 202 millones anuales más. El pacto se cerró el pasado 3 de marzo en Madrid por parte del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, con el ministro Ábalos, señalando ese día que poco después de Semana Santa, es decir, pocos días después de esas declaraciones, Ábalos se desplazaría a Canarias para firmar la adenda.

Se señaló entonces que antes de la firma de la adenda, el Ministerio de Hacienda tendría que dar el visto bueno definitivo, pero que se trataba de una «mero trámite» que se resolvería en apenas unos días. Sin embargo, pasados dos meses de ese acuerdo, las cosas están en el mismo lugar y sin avances.

El Ministerio de Hacienda señala que «no hay novedad» y que sigue avaluando y analizando los términos de la nueva adenda, y por parte del gabinete de Ábalos también se reconoce que «seguimos esperando por Hacienda», y remitiéndose a los términos de una respuesta parlamentaria escrita al senador de CC, Fernando Clavijo, hace justo un mes, en la que se señalaba que «es necesario analizar el incremento del importe total del Convenio suscrito el 22 de diciembre de 2018, según la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias».

Según esta respuesta, no solo no hay fecha para la firma de la ampliación del convenio pese al retraso respecto al calendario previsto por el Ejecutivo regional, sino que esos 405 millones adicionales no tienen aún el visto bueno de la ministra Montero. Además, el hecho de que se atribuya únicamente al Gobierno de Canarias la propuesta de ampliación del convenio da a entender que ni siquiera el Ministerio de Transportes la asume como propia y de manera compartida, según la interpretación que hace CC de esa respuesta dada por el gabinete de Ábalos.

Pero esa contestación y el retraso al que responde abre incógnitas entre los partidos del pacto de Gobierno en las Islas, sobre todo por el hecho de que sea en el Ministerio de Hacienda donde, al menos aparentemente, están apareciendo los obstáculos porque son ya muchos los ejemplos en los que Canarias ha visto frenadas sus expectativas o reclamaciones precisamente en ese departamento. Y es que aunque se reconoce que el retraso de la firma de la adenda no tiene efectos sobre la inversión prevista en carreteras para este año, de 200 millones, ni sobre la marcha de los proyectos puestos en marcha por la consejería de Obras Públicas, sí inquieta que se pueda cuestionar el acuerdo de fondo y su proyección presupuestaria para los dos años de prórroga, el 2026 y el 2027.

«Hacienda tramita también todo lo relacionado con los fondos europeos, por ello entendemos eso pueda estar retrasando la firma respecto a las fechas prevista», asegura González. Según ella, «ese es un acuerdo político del Gobierno de Canarias con el ministerio competente en la materia, que es el de Transportes, y en el que por lo tanto Hacienda no tiene competencias para intervenir salvo si afectara al presupuesto de este año, que no es el caso».

Por todo ello, y aunque las inversiones a que se refiere la adenda remiten a dentro de cinco y seis años, el socio nacionalista del Ejecutivo regional reclama al Gobierno central que cuanto antes resuelva los trámites administrativos que corresponda y que el ministro Ábalos se desplace cuanto antes a Canarias para firmar el documento.

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