Canarias dice, «alto y claro», que en las Islas no se tolera ni la discriminación ni la desigualdad y que no hay «ciudadanas de segunda». Transexuales e intersexuales son tan ciudadanos de primera como cualquiera, y desde ayer lo son más si cabe tras la aprobación de la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Una ley aprobada por unanimidad de todos los grupos del Parlamento que promueve la autodeterminación de género –sin entrar a legislar sobre el Registro Civil, algo para lo que la Comunidad Autónoma no tiene competencia y que ha frenado la aprobación de la normativa nacional– y que sitúa al Archipiélago a la vanguardia del país en lo relacionado con los derechos de los colectivos trans y LGTBI+, lo que es tanto como estar a la vanguardia de los derechos sociales en sentido amplio.
A partir de ahora, para acreditar la identidad de género no serán necesarios informes psicológicos o médicos: será suficiente con que la persona manifieste su identificación como mujer, hombre o persona no binaria. Un paso importantísimo para muchas personas que pasaban un auténtico calvario en muchos trámites administrativos. Además, trans e intersexuales ven reconocido su derecho a una atención integral y acorde con sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, sociales, laborales y culturales. En adelante, reza la ley, «ninguna persona será objeto de requerimiento alguno» para acreditar su identidad de género, y tampoco para «acceder a los servicios o a la documentación acorde con su identidad o expresión de género sentida».
Lo anterior se traduce, por ejemplo, en que en los carnés de todo tipo –de clubes sociales, de colectivos de toda índole, del cine o del gimnasio– constará la identidad de género que la persona manifieste. Sin más. Y, por tanto, el trato que reciba será el que en su caso le corresponda, igual que el que reciba cualquier otra mujer, cualquier otro hombre o cualquier otra persona no binaria. En el caso de los trans e intersexuales menores de edad, la normativa establece que tienen derecho a ser escuchados y a expresar su opinión de acuerdo con su grado de madurez y desarrollo, y en el caso de que tengan más de 16 años, y para cualquier medida que les sea de aplicación, «su consentimiento deberá ser recabado de manera clara e inequívoca».
Multas de 45.000 euros
La nueva ley es contundente en el castigo a los individuos que atenten contra la imagen o los derechos de estas personas. La discriminación, el acoso y la agresión se sancionan con multas de hasta 45.000 euros, sin perjuicio de otras medidas que la Justicia pudiera adoptar.
En el Parlamento nadie se salió ayer del guion que exigía la ocasión. De izquierda a derecha, los siete partidos con representación en la Cámara autonómica dieron su respaldo a una normativa que de alguna forma viene a reparar los muchos años de estigma y hasta persecución sufridos por transexuales, intersexuales y, en general, las personas de los colectivos LGTBI+.
También, por tanto, tuvo el apoyo sin fisuras del PSOE, que en Madrid mantiene su veto al proyecto de ley de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que junto con Vox y el PP bloqueó el 18 de mayo en el Congreso –los socialistas se abstuvieron y los populares y voxistas votaron en contra– el intento de varios grupos de izquierda de tramitar un texto casi calcado al de Montero. Pero como el PSOE, tampoco los populares canarios siguieron los pasos de sus correligionarios en Madrid y finalmente pasaron de la abstención en que se habían mantenido durante la tramitación de la proposición de ley a un apoyo sin ambages al texto aprobado ayer.
La consejera de Derechos Sociales del Gobierno regional, Noemí Santana, tuvo el detalle de reconocer la implicación de su antecesora en el cargo –la nacionalista Cristina Valido– y el trabajo de los 14 colectivos que han promovido la particular ley trans canaria. «Esta ley va a lograr que mucha gente viva mejor», manifestó Santana.
El escollo del Registro Civil
Para superar el escollo del Registro Civil, la flamante ley autonómica tira de recursos jurídicos. De este modo, cuando una persona transexual o intersexual tenga que hacer una gestión para la que necesariamente deba presentar documentación oficial –DNI, NIE o pasaporte–, «se recogerá el número de esta, las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género, evitando situaciones de sufrimiento o discriminación». La normativa canaria sortea así la imposibilidad de legislar sobre competencias del Estado y limita la exposición de estas personas al presentar su DNI o pasaporte.
