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Consejo de Gobierno | La situación del empleo público

Canarias mantiene el acuerdo con los interinos pese a los recelos de Iceta

El consejero Julio Pérez no ve obstáculos para crear los grupos de trabajo y avanzar mientras el Estado aclara los términos de los procesos de estabilización

El presidente Ángel Víctor Torres (izquierda) y el consejero y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ayer. |

El presidente Ángel Víctor Torres (izquierda) y el consejero y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ayer. |

El Gobierno canario sigue adelante con el principio de acuerdo al que había llegado con el comité de huelga del personal interino y temporal de la Administración autonómica, pese a los mensajes contradictorios que llegan desde el Ministerio de Política Territorial y de su titular, Miquel Iceta. El informe jurídico encargado por el Ejecutivo es inminente y en los próximos días la intención de Función Pública es reanudar los contactos con los sindicatos convocantes del conflicto laboral para seguir con el acuerdo, por si hay alguna variación, y comenzar a desarrollarlo mientras el Estado no concrete las fórmulas de estabilización que negocia con los sindicatos en Madrid.

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, señaló ayer que «en las palabras del ministro Iceta no encuentro ningún obstáculo para poner en marcha el acuerdo». El titular de Función Pública del Gobierno central contestó en el Congreso a la diputada nacionalista Ana Oramas que Canarias se tiene que regir por las mismas normas que se aprueben para todo el territorio nacional. «Espero disponer pronto del informe jurídico, que se ha demorado un poco, para reanudar los contactos con el comité de huelga aunque los hemos seguido teniendo en los últimos días», indicó Pérez.

El Gobierno canario admite que solo conoce los planes del Ministerio por los medios

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El titular de la Función Pública canaria matizó que cualquier cambio en la legislación estatal afecta a Canarias porque es básica y se tiene que aplicar igual en todo el país. Sin embargo, lo dicho por el ministro «no nos impide mantener nuestros planes de trabajar en la línea que nos habíamos propuesto con el comité de huelga, que es constituir grupos de trabajo conjuntos que puedan alumbrar alguna iniciativa para poder avanzar», indicó Pérez. El consejero reconoció que desconoce los planes del Ministerio tanto en lo que se refiere a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público como de los nuevos procesos de estabilización que se puedan convocar próximamente.

El también portavoz del Gobierno regional reiteró que las informaciones de las que dispone son «periodísticas» y tampoco quiso referirse al documento presentado por el Estado a Bruselas donde contempla un nuevo proceso de estabilización para el personal interino antes de finalizar el año. Por el momento el Ministerio negocia con los sindicatos de ámbito estatal la reforma del Estatuto pero no ha habido contactos con las comunidades autónomas ya que Pérez insistió en que no tiene referencias del Ministerio en torno a sus planes, por lo que «no queremos quedarnos quietos y seguimos con el acuerdo», añadió.

Informe de Araúz y Belda

El despacho de abogados Araúz y Belda, que lleva cinco años defendiendo a los empleados públicos interinos y temporales en los tribunales españoles y ante la Unión Europea, advierte que la propuesta lanzada por el Ministerio de Política Territorial de cesar a los trabajadores que lleven tres años en la Administración sin derecho a indemnización vulnera las directivas comunitarias y las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Los juristas se refieren concretamente a la Directiva 1999/70/CE, que establece disposiciones relativas a limitar el trabajo de duración determinada a fin de garantizar una igualdad de trato de los trabajadores y prevenir el abuso derivado de la utilización sucesiva de contratos o de relaciones laborales de este tipo, tanto en el sector privado como en el público, e invita a los países de la UE a determinar sanciones en caso del incumplimiento de la normativa.

Araúz y Belda recuerda que Europa no solo exige medidas para evitar el abuso de la temporalidad en el trabajo sino también sanciones para los que incumplen este principio, algo que ha sido refrendado por diferentes sentencias del tribunal europeo. Los juristas se muestran sorprendidos por la «tibieza» del Ministerio ya que únicamente establece que después de tres años sin cubrir una plaza a través de una oferta de empleo público ésta estará un año vacante. «Esta propuesta de reforma, al no establecer medidas sancionadoras cuando el abuso se ha producido, entraña un incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones que le impone una Directiva que tenía que haber sido traspuesta al sector público hace más de 21 años», advierte el informe.

El Estado vulnera la normativa de la UE en su propuesta de reforma, según un estudio de juristas

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También es insuficiente para el despacho jurídico el límite de tres años a las contrataciones de personal interino y temporal porque la experiencia habida hasta ahora no ha servido para nada, es más, se ha incrementado la precariedad laboral en el sector público. Asimismo el abuso de la temporalidad no es tanto el número de años que encadena el trabajador sino los servicios que presta a la Administración ya que, «siendo consciente de que tiene una necesidad estructural, lo que hace es, en lugar de convocar un proceso selectivo para cubrir esa plaza por un funcionario de carrera la cubre con un interino, siendo consciente de que las necesidades a atender no son puntuales, ni excepcionales, ni provisionales; sino permanentes, duraderas, estables y estructurales».

El informe concluye que «la propuesta de reforma de EBEP deja abierta la puerta a que se sigan produciendo abusos incompatibles con la norma comunitaria, pues tan abusivo es destinar a un funcionario interino a realizar tareas estructurales en la misma plaza, que hacerlo fraudulentamente mediante rotaciones en distintos puestos de trabajo, dando así cumplimiento formal a la Ley, pero abusando materialmente del trabajador temporal».

También considera el informe jurídico que no se tipifica las sanciones que deben imponerse como establece la normativa y las sentencias comunitarias, por lo que la propuesta no deja de ser un «brindis al sol» porque no impone medidas ejemplificadoras y disuasorias que sancionen este tipo de abusos de la temporalidad laboral en las administraciones públicas y que están claramente incluidas en la Directiva europea para evitar que se dispare la temporalidad en el empleo tanto público como privado.

Segunda prueba de los administrativos en junio

Los 3.184 opositores a administrativos y auxiliares administrativos pendientes desde antes de la pandemia de la segunda prueba han sido citados el próximo 12 de junio para la realización del ejercicio, según una resolución del tribunal notificada esta semana. Se trata de una prueba mixta, es decir, aquellos opositores que cuentan con los medios tecnológicos adecuados harán el ejercicio de forma telemática, mientras que el resto tendrán que acudir a los edificios oficiales de la Administración autonómica en las dos capitales canarias el 12 de junio a las 10.00 y a las 15.00 horas, en función de la categoría a la que se presenten. La oferta pública para estas plazas data de abril de 2018, es decir, han pasado tres años desde que se publicó la convocatoria en el BOC. En 2019 se realizó la primera prueba y el estado de alarma que se produjo a partir de marzo de 2020 alteró los planes y los opositores han estado sujetos a los vaivenes de las restricciones obligadas por la pandemia, pero también a la incertidumbre generada por el Gobierno, que primero intentó convocar la segunda prueba de forma on line, para después volver a que fueran presenciales y finalmente decidirse por un sistema mixto garantizado tras un acuerdo con la UNED para utilizar su plataforma virtual de exámenes. La última fecha que se dio fue diciembre pero se tuvo de aplazar porque Tenerife estaba en nivel 3. Los opositores que se presenten presencialmente a la prueba deberán acudir a los edificios de servicios múltiples I y II de la capital grancanaria y a los edificios de servicios múltiples II y el de Tres de Mayo en la capital tinerfeña. | R.A.D.


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