Los portavoces políticos de CC, PP y Cs de La Laguna arroparon ayer al concejal de Ciudadanos y también presidente de la Comisión de Transparencia, Alfredo Gómez, quien anunció que la oposición solicitará en el próximo pleno la constitución de una comisión de investigación sobre más de un centenar de contratos, que en su mayoría estarían dentro del denominado caso Laycas denunciado por el exconcejal Javier Abreu, y que han supuesto un desembolso de un millón de euros. En la denuncia que formalizó el lunes Alfredo Gómez en el Palacio de Justicia de La Laguna, el edil de Ciudadanos advierte de presuntas contrataciones irregularidades del equipo de gobierno «para favorecer a familiares, amigos y compañeros del PSOE».
En la denuncia, que el concejal de Cs declinó entregar a los medios para salvaguardar los datos de las personas y empresas que aparecen en los casi mil folios, Alfredo Gómez señala al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, a la concejala de Cultura, Yaiza López Landy, así como a sus compañeros de partido y de gobierno local Alfredo Marrero, responsable de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad; Carla Cabrera, titular de Fiestas y Mercados, y Badel Albelo, en su etapa como asesor de Cultura, hoy edil de este área. Gómez cree que los hechos que ha denunciado pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, gestión interesada y falsedad documental.
PP y CC arropan al edil denunciante para que se cree una comisión indagadora en el Ayuntamiento
El concejal de Ciudadanos extrajo ocho ejemplos de supuestos favores recibidos por dos empresas a nombre de una misma persona: Devicser, que en su constitución, el 3 de marzo de 2020, se crea para dedicarse al servicio de catering y alimentación, y Venclear, constituida el 15 de junio de 2020, para limpieza de edificios. Gómez reconoce su «sorpresa» cuando al revisar los decretos de las contrataciones –que los recibe la oposición con casi 18 meses de retraso respecto a los primeros casos–, advierte de que se contratan empresas de nueva constitución, creadas unos meses después de entrar el gobierno local. A partir de ahí le sorprende que Devicser, dedicada a catering y alimentación, provea al Ayuntamiento de dispositivos de reconocimiento facial por 15.920 euros. Por curiosidad, accede a la misma web de la empresa y averigua que cada uno cuesta entre 1.499 y 1.780 euros. Tomando como referencia el más caro, lo multiplica por las cinco unidades que compra el Ayuntamiento y el resultado asciende a 8.900 euros, con un sobrecoste de 7.020 para las arcas municipales. En otro decreto en favor de la misma empresa descubre la compra de un único artilugio, de las mismas características, por valor de 9.680 euros, con otro presunto sobrecoste de 7.900 euros. En la revisión de los contratos, Alfredo Gómez descubre que también Devicser es la empresa proveedora de mascarillas para los grupos de Seguridad Ciudadana de La Laguna, por 5.600 euros, un servicio que presta al Ayuntamiento una empresa cuya razón social de constitución es la alimentación, y que acaba dando material sanitario.
Venclear, otra empresa que siempre según el denunciante es de la misma responsable de Devicser –en este caso creada para dedicarse a la limpieza de edificios–, es la beneficiara de un contrato, por decreto, para proveer a la corporación lagunera de 15.000 mascarillas FFP2 por valor de 14.550 euros. De nuevo, Gómez saca la calculadora y concluye que ha existido otro «sobrecoste» en esta contratación, que estima en 9.150 euros.
En otros de los decretos, el gobierno destina 8.075 euros a la compra de agua embotellada, en una cantidad que, según los cálculos, llega a las 20.000 unidades para el consumo de Alcaldía y plenos, dado que el resto de las concejalías se encargan de cubrir esta demanda. En la relación de los ocho decretos que puso a modo de ejemplo en el primero de los vídeos que tiene previsto dosificar en los próximos días, Gómez cuestiona también los 11.129 euros para el brindis de Navidad, los 13.931 para el catering de Protección Civil y los 15.084 para los voluntarios de la unidad de emergencia de Protección Civil.
El alcalde lagunero (PSOE) propone analizar los procesos de contratación de una década
Alfredo Gómez explica que, indagando en la página web de Devicser, encontró que ofertaba servicios de construcción, por lo que se cuestionó si alguien del gobierno local o relacionado con sus integrantes habría realizado obras en sus viviendas. Junto a Alfredo Gómez, intervinieron los portavoces de PP y CC. El primero, Manuel Gómez, se mostró a favor de la creación de la comisión de investigación, casi a la vez que defendió la presunción de inocencia de los denunciados, mientras que José Alberto Díaz, de CC, se mostró confiado en que tanto Santiago Pérez –el edil denunciantede los casos Grúas y reparos en los que se cuestiona la gestión de los gobiernos nacionalistas anteriores– como los integrantes de Unidas Podemos y el PSOE avalen la comisión en aras de dar transparencia.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, salió al paso de la rueda de prensa en la tarde de ayer con un comunicado en el que asegura que todos los procesos de contratación realizados desde que llegó al gobierno local «se han realizado conforme a la estricta legalidad y sin un informe técnico que cuestione su legalidad o su idoneidad». «Ninguno de los contratos menores realizados por este Ayuntamiento desde junio de 2019 cuenta con un informe técnico en contra o que tan siquiera cuestione su idoneidad. Y para que los ciudadanos tengan claro cómo se ha gestionado el dinero público, en el próximo pleno propondré la constitución de una Comisión Especial de Investigaciónsobre los procesos de contratación en la última década».
