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La Provincia - Diario de Las Palmas

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El sector de la vivienda vacacional se siente ninguneado en las ayudas

Muchos propietarios se quedan fuera por no ser empresarios

Los propietarios de viviendas vacacionales creen que han sido ninguneados en el reparto de los 1.144 millones de ayudas directas entre las empresas isleñas. La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, aseguró ayer en una carta pública enviada al jefe del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, que el Ejecutivo «piensa dejar tiradas» a las más de 30.000 familias que se dedican en el Archipiélago al negocio del arrendamiento turístico. La denuncia de Borrego obedece al hecho de que las subvenciones se circunscriben a empresas y trabajadores autónomos, no a otros particulares, y los propietarios de viviendas vacacionales, al menos buena parte de los mismos, tributan por los ingresos que les reporta esta actividad en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Estas ganancias se consignan en la declaración en el apartado de rendimientos del capital inmobiliario, el mismo apartado en que cualquier otro ciudadano declara los ingresos obtenidos por el arrendamiento de un local comercial o, por ejemplo, de una casa en alquiler de larga estancia. Ni unos ni otros son ni empresarios ni autónomos y no tienen derecho a estas ayudas directas.

La Ascav asegura que el Gobierno solo se acuerda de ellos para dejarles el control sanitario

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Sea como sea, desde la Ascav explican que el sector de la vivienda turística «genera tan solo en IGIC aproximadamente 70 millones de euros». «Hasta la fecha no nos hemos podido acoger a ninguna ayuda pública, y la necesitamos. ¿O acaso no somos parte del turismo afectado?», argumenta Borrego en la carta abierta al presidente del Gobierno regional. En unas declaraciones recogidas por Efe, Torres le respondió a la presidenta de la Ascav que «todas» las empresas que hayan sufrido pérdidas superiores al 30% por culpa del coronavirus pueden acceder a las subvenciones, «entre ellas las del alquiler vacacional». Siempre, claro está, que sean empresas, que no es el caso de quien alquila un piso a turistas y declara los ingresos en la renta.

Borrego también aprovecha su carta para criticar otras cuestiones de la gestión del Gobierno relacionadas con el turismo.

La presidenta de la Ascav lamenta que el Ejecutivo sí se acuerde del sector para dejarle «toda la responsabilidad sanitaria», obligando «a familias canarias a que controlen ya no solo PCR, sino certificados o cartillas en cualquier idioma y formato».

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