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Indultos | El rechazo al perdón

Indultos, el rechazo al perdón

Si como reza la ley, los indultos se conceden «por justicia, equidad y utilidad pública» sería improbable encontrar factores que condicionaran esta medida, pero se dan

Alarma social y presión popular |

Alarma social y presión popular |

Las medidas de gracia para personas condenadas por prácticas corruptas, casos de violencia de género o delitos flagrantes contra la Seguridad Vial, así como también a quienes atentan contra el medio ambiente o intentan sustraerse a las obligaciones con la Hacienda Pública, siempre provocan un especial rechazo entre la opinión pública y esas sensibilidades contrarias se hacen visibles.

Los indultos a personas condenadas por delitos de corrupción, violencia de género o seguridad vial, también aquellos contra el medioambiente o la Hacienda Pública, siempre provocan un especial rechazo en la opinión pública. Esa sensibilidad social hacia el ejercicio del indulto se manifiesta en ocasiones en forma de presión popular o también de alarma social.

Lo cierto es que si como reza el enunciado del artículo 11 de la ley, los indultos se dan por «justicia, equidad y utilidad pública» sería bastante improbable encontrar factores que condicionaran la concesión de esta medida de gracia, pero la realidad informa de lo contrario. Además, los partidos en el Gobierno, esto es, PSOE y PP, evitan aplicar clemencia en los periodos cercanos a un proceso electoral, acaso por la hipotética influencia que estos actos podrían provocar en las urnas.

Algunos casos de indultados en Canarias han tenido una repercusión mediática que está ligada a la preeminencia social y política de las personas condenadas, o bien a la propia naturaleza impopular de la sentencia.

El calvario de Floreal.

El 30 de mayo de 1991, Rafael Lis-Estévez, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictó auto de prisión incondicional, por un presunto delito de malversación de fondos públicos cifrado en 37.960.000 pesetas, contra Víctor Floreal. El exdirector general de Deportes del Gobierno de Canarias por la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) fue condenado a 12 años de reclusión menor y seis de inhabilitación absoluta por un delito continuado de malversación por importe de 57 millones. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife también lo condenó a reintegrar a la comunidad unos 40,5 millones. En cambio, la sala absolvía a los otros 16 procesados. La audiencia consideró probado que Floreal concedió subvenciones deportivas por una cuantía superior a la solicitada, cuyos excedentes fueron ingresados en una cuenta de testaferro y en otra de carácter particular. También dio ayudas para actividades deportivas que no se realizaron.

Una abuela popular.

Josefa Hernández Góez, una mujer de 62 años con nietos a su cargo, fue condenada en 2012 a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de lo ilegalmente construido por ampliar su vivienda vulnerando las restricciones de encontrarse dentro de un espacio protegido, el Parque Rural de Betancuria. Josefa Hernández ingresó el prisión el lunes 23 de agosto de 2015, porque el Juzgado que la condenó (el de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario), consideró que no merecía seguir disfrutando del beneficio de la suspensión de su condena, por haber mostrado una actitud rebelde frente a su obligación de derribar lo ilegalmente construido y por haber realizado nuevas obras en su vivienda. La Audiencia de Las Palmas corrigió esa decisión tres días más tarde, el jueves, restableció la suspensión de la condena y permitió a Hernández abandonar la prisión de Tahíche (Lanzarote). El gran apoyo popular fue un factor determinante para su indulto.

La pajarera del presidente.

Un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictado en febrero de 2018 estimó el recurso de apelación reconociendo que la condena a Miguel Ángel Ramírez llevaba prescrita desde el 22 de febrero de 2017. Se dejaba sin efecto el fallo por un delito contra la ordenación del territorio que estimó en primera instancia el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria y posteriormente la Audiencia Provincial. Ambas sentencias entendieron que las obras que realizó Ramírez en su finca se habían llevado a cabo dentro de un espacio protegido. Pero nunca cumplió la pena de tres años de prisión. En 2013 se le concedió un indulto parcial, posteriormente anulado por el Tribunal Supremo debido a un defecto de forma, y en 2016, la Audiencia Provincial le concedió una suspensión de la pena privativa de libertad a la espera de que el Consejo de Ministros resolviera si procedía o no otorgarle la medida de gracia que se había dilatado en el tiempo. Después de una larga batalla judicial, la Audiencia Provincial acabó dando la razón al empresario, que demostró que las obras no tuvieron lugar en un paisaje natural protegido, que derivó en que el motivo de la condena inicial se había realizado de forma legal. El Cabildo de Gran Canaria dio una calificación territorial y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una licencia que demostró que las obras se habían realizado de forma correcta. La pajarera se mantuvo en pie.

Dimas, el buen ladrón.

El líder histórico del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) logró que se le concediera el indulto por «delito de desobediencia continuada» en febrero de 1999, pero no tuvo tanta fortuna en una petición posterior. En diciembre de 2003, el Ministerio de Justicia remitió a la Audiencia Provincial de las Palmas la decisión del Gobierno de denegarle el indulto por un delito de cohecho que le obliga a cumplir una condena de tres años de prisión y suspensión de cargo público. El ministro de Justicia, Michavila, afirmó a propósito de este caso que «la ley es igual para todos». La aplicación de la sentencia, ratificada por el Supremo, había quedado suspendida por una providencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas a la espera de que la petición de indulto fuera resuelta por el Gobierno.

Víctor Floreal

Víctor Floreal

Exdirector general de Deportes 

Malversación de caudales públicos

  • Victoriano Floreal Concepción Morales fue condenado por sentencia de 30 de junio de 1995, como autor de un delito de malversación de caudales públicos, a doce años y un día de prisión y seis años y un día de inhabilitación absoluta que en 1997 se sustituyó por cuatro años de prisión y siete de inhabilitación absoluta. El BOE de 30 de diciembre de 2000 publica su indulto, a la mitad de la pena privativa de libertad e inhabilitación pendientes de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso. |
Josefa Hernández

Josefa Hernández

Josefa Hernández

La ‘abuela’ de Fuerteventura

Obras ilegalmente construidas

  • Josefa Hernández Góez fue condenada por por el Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, en sentencia de 30 de marzo de 2012, como autora de un delito contra la ordenación del territorio, a la pena de seis meses de prisión y a la pena de multa de doce meses, a razón de una cuota diaria de dos euros, y a proceder a la demolición de las obras ilegalmente construidas, por hechos cometidos en 2007. Por razones de equidad y justicia, el BOE de 31 de agosto de 2015 la indulta de pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento a condición de no cometer delito en dos años. |


Dimas Martín

Dimas Martín

Dimas Martín

Expresidente Cabildo, exdiputado y exsenador

Delito continuado de desobediencia

  • En 1997, Dimas Matín fue sentenciado como autor de un delito continuado de desobediencia a la autoridad a la pena de seis meses de arresto mayor y multa de 500.000 pesetas, más suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena. El BOE de 4 de febrero de 1999 publicaba su indulto para la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento. En noviembre de 2003 se le denegó un segundo indulto por delito de cohecho con pena de tres años de prisión y de inhabilitación para cargo público.


Repaso a los indultos más polémicos

Jesús Gil y Gil, y tal

En 1971, Franco lo indultó tras ser condenado a cinco años de prisión por un delito de homicidio involuntario por la muerte de 58 personas en el restaurante de Los Ángeles de San Rafael. En 1994 llegó el segundo indulto para el que fuera presidente del Atlético. El Gobierno del PSOE se lo concedió pese a la condena de dos meses de cárcel por estafa.

Armada, golpista del 23 F

En diciembre de 1998, otro Gobierno del PSOE concedió el indulto a Alfonso Armada, general condenado a 30 años de cárcel y la pérdida de empleo en el Ejército por el intento de golpe del 23 de febrero de 1981. Fue el primer golpista condenado al que se le concedía esta medida, que solicitó hasta en cinco ocasiones.

Los GAL, Barrionuevo y Vera

En 1998, bajo la presidencia de Aznar (PP), se concedió el indulto parcial (la reducción de un tercio de la pena de 10 años) y el tercer grado penitenciario al exministro del Interior, José Barrionuevo, el exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera y otros condenados por el secuestro de Segundo Marey, implicados en la trama de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

Gómez de Liaño, juez juzgado

El exmagistrado Javier Gómez de Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación y apartado de la carrera por prevaricación continuada en el caso Sogecable, fue indultado en 2003 por el Ejecutivo de Aznar, más otras 1.442 medidas de gracia, de las que se beneficiaron condenados del caso Filesa, Teresa Moreno Naya, condenada a 14 años por el asesinato de su marido, y 460 insumisos, indulto general inspirado por el papa Juan Pablo II en el Año Jubilar.

Veloso, terrorista del GRAPO

El 5 de septiembre de 1984, el miembro de los GRAPO Sebastián Rodríguez Veloso asesinó al empresario y presidente de la patronal sevilllana, Rafael Padura, y protagonizó atentados con explosivos en distintas ciudades españolas. El magistrado lo condenó en 1985 a 84 años de cárcel y durante su condena en prisión, el terrorista protagonizó una huelga de hambre en 1990 que lo dejó en silla de ruedas. En abril de 2007, el Gobierno lo indultó y sólo le exigió pagar las indemnizaciones pendientes.

Uranga, colaborador de ETA

El 19 de mayo de 1987, ETA secuestraba al empresario vasco Andrés Gutiérrez Blanco. Tras pagar 190 millones de pesetas, lo dejaron libre. Su encierro duró casi dos meses y entre los implicados se encontraba José Antonio de la Hoz Uranga, abogado y exjugador de la Real Sociedad. Pese a ser condenado a ocho años de prisión por colaboración con banda armada, apenas cumplió seis meses. En enero de 2009 era definitivamente indultado.

Alfredo Sáenz, un banquero

Condenado a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa, el consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, fue indultado en 2011 por el gobierno de Zapatero, lo que le permitió continuar en su cargo, pero dos años después, el Supremo anuló el indulto al considerar que el Gobierno no podía extralimitar la normativa bancaria que prohíbe ejercer a alguien con esos antecedentes penales. El indulto final fue parcial y le permitió conmutar la pena de cárcel y la inhabilitación por multa de 6.000 euros.

El Yak-42, falsos cadáveres

El comandante José Ramón Ramírez García y el capitán médico Miguel Ángel Sáez García fueron condenados en 2009 a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42. El Gobierno de Rajoy les concedió la medida de gracia en abril de 2012, pero afectaba a la pena de inhabilitación que les fue impuesta por la Audiencia Nacional. 

Cuatro mossos y torturas

En julio de 2006, cuatro mossos d’Esquadra confundieron a un rumano con un atracador. Lo golpearon, humillaron y amenazaron con una pistola ante su mujer, embarazada, que también recibió un trato vejatorio. La Audiencia Nacional condenó a los mossos por delitos de torturas, lesiones agravadas y por un delito contra la integridad moral, aunque el Supremo rebajó la sentencia a cuatro años y seis meses. La Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decretó su entrada en prisión. El Ejecutivo procedió a un segundo indulto y sustituyó la pena de cárcel por multas de 7.200 euros.

El ‘kamikaze’ y su abogado

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy indultó a un conductor kamikaze que cumplía 13 años de prisión tras causar la muerte de un hombre y herir a su acompañante al chocar frontalmente con otro vehículo tras conducir varios kilómetros en dirección contraria y haciéndolo a alta velocidad. Se conmutó la pena de cárcel a cambio de una multa de 4.000 euros. El abogado del indultado era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior.

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