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Rechazo de partidos y productoras al recorte del REF en las ayudas al cine

NC, PP y CC exigen a Hacienda que recupere el 80% de diferencial respecto a la Península | Las formaciones critican que el Gobierno reforme el fuero de forma unilateral

Imagen de archivo de la grabación de una película en  el barrio de Vegueta, en la capital grancanaria.

Imagen de archivo de la grabación de una película en el barrio de Vegueta, en la capital grancanaria.

Los partidos políticos canarios y el sector audiovisual de las Islas respondieron ayer de forma unánime en contra de la intención del Ministerio de Hacienda y del PSOE de recortar el REF para limitar las ayudas al cine que se rueda en Canarias. Lo hicieron con distinto tono y diferentes matices, pero con el denominador común de exigencia al Gobierno central y a su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que dé seguridad jurídica en la interpretación de las deducciones que puedan aplicarse en la inminente declaración del Impuesto de Sociedades (IS) antes del 26 de julio, con la vista puesta en las reformas legales necesarias para anclar un diferencial fiscal del 80 % respecto a los rodajes en el resto del territorio nacional.

Las interpretaciones contradictorias sobre el tope de deducciones a aplicarse entre la Agencia Tributaria (AEAT), que reconoce el tope de 18 millones en base al diferencial fiscal reconocido en el REF, y el propio Ministerio, que por ahora lo mantiene en 5,4 millones aunque con intención de elevarlo a 12,4, ha suscitado una gran confusión en el sector, y ha provocado una oleada de reacciones exigiendo claridad, seguridad jurídica y una reclamación el Ejecutivo central de respeto al fuero isleño.

El departamento de Montero mantiene por ahora su iniciativa de modificar el REF a través de una enmienda del PSOE en el Senado al proyecto de Ley de lucha contra el fraude para establecer el tope de gasto sobre el que aplicar las deducciones en 12,4 millones, elevándolo en siete millones, pero negando así que el límite se sitúe en los 18 millones que representaría ese diferencial fiscal del 80 % recogido en el propio fuero isleño.

Modificación sin consultar

En el ámbito político, la primera reacción ha surgido en torno al procedimiento para esta modificación legal. CC, PP y NC consideran que se trata de una “reforma unilateral” del REF por parte del Gobierno central que además sería para recortar algunos de los derechos reconocidos. “El REF tiene sus procedimientos para cualquier reforma y las modificaciones unilaterales del fuero no son admisibles. Que el Ministerio o el Gobierno de España pretendan una reformar unilateral es algo que nosotros no vamos a aceptar”, asegura el diputado nacional de NC, Pedro Quevedo. Desde CC, su secretario general, Fernando Clavijo, reclamó al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que impida lo que considera un “tijeretazo” al REF por parte del Ministerio de Hacienda y que “está lejos de respetar el diferencial canario al que pueden acogerse las producciones cinematográficas”. “Los fueros canarios no se negocian con Madrid porque son de obligado cumplimiento”, afirma Clavijo. En el PP, su diputado en el Congreso Guillermo Mariscal, también rechazaba tanto la fórmula por la que se modifica el régimen económico y fiscal de las Islas, como su contenido en relación con las ayudas al sector audiovisual.

Clavijo no dudó ayer en otorgar “voluntad política de cercenarle por motivos políticos a Canarias los derechos reconocidos en REF”, asegurando que “ese diferencial de incentivos es muy importante y puede determinar que algunas superproducciones lleguen a Canarias en lugar de a otros sitios”. Según él, “hay otras comunidades autónomas que interesen más al PSOE y que probablemente estén presionando para que se eliminen esos incentivos y llevárselos a esos territorios”.

Agencia Tributaria

El dirigente nacionalista considera que es la interpretación de la AEAT la que debe prevalecer sobre la de la Dirección General de Tributos del Ministerio a la hora de aplicar las deducciones porque es la que se ajusta al REF. “Que quieran meter en la Ley contra el fraude fiscal esta disposición viene a ratificar que se está minorando el REF, tal y como en la consulta vinculante ha dicho la Agencia Tributaria, y demuestra que el Ministerio está interviniendo políticamente para reducir el diferencial fiscal”, asegura el también senador nacionalista.

Según Clavijo “la modificación del Ministerio de Hacienda daría al traste con 15 años de trabajo para anclar los derechos de los canarios”.

Quevedo, por su lado, asegura que “el REF hay que cambiarlo para anclar el diferencial fiscal ya reconocido y eliminar el tope numérico, pero no de esta manera que pretende Hacienda”, y recuerda que en ese sentido va la enmienda que NC ha presentado al proyecto de ley de medidas de apoyo a las empresas por la pandemia, que actualmente se tramita en el Congreso. Reclama al Ejecutivo central que dé curso a los acuerdos parlamentarios en Canarias y en Madrid y reconozca el diferencial fiscal para el cine hecho en el Archipiélago “en interpretación evidente y literal de lo que dice el REF”. “Aquí hay dos posiciones, una la de toda Canarias y otra la del Ministerio”, asegura.

Por parte del PP, Mariscal asegura que el Gobierno central “ya lo hizo mal en la reforma del Impuesto de Sociedades cuando se incrementó a 10 millones el tope para las producciones en la Península y Baleares y se mantuvo el de Canarias en 5,4 millones”, y subir ahora ese tope a 12,4 “no es la solución, ni la respuesta adecuada, porque aunque se recupera una parte del incentivo respecto al resto del territorio nacional, no así el diferencial que había antes y que la industria necesita para que le sea rentable y atractivo rodar en Canarias”. Resalta además la inseguridad jurídica que supone que las productoras “tengan que guiarse por las indicaciones de los inspectores y que lo que tendría que hacer el Ministerio o la propia AEAT sería una declaración dispositiva respaldada por la ministra”.

Entre el sector audiovisual de las Islas, la confusión provocó ayer que el colectivo de productoras que forman el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) emitiera un comunicado en el que denuncia que «lleva conviviendo más de un año con la incertidumbre y la inseguridad jurídica» y reclamando a las instituciones públicas “trasladar el límite máximo anual de deducciones a 18 millones por representar un porcentaje superior, de un 80 % más que el territorio común, tal y como se presenta en el artículo 94 de la Ley 20/1991 de modificación del REF». Señala que el Ministerio “no ha respondido ni resuelto el asunto» y asegura que con ello provoca «un efecto de huida de las producciones extranjeras» que pone en «grave peligro las inversiones realizadas y proyectando una imagen en el exterior de inseguridad e incertidumbre jurídicas». Según las productoras, el principio de acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda para regular el tope de deducción anual en Canarias y establecerlo en 12,4 millones, aumentado en 7 los actuales 5,4 millones, es una propuesta que puede entenderse como “una solución a corto plazo para poner fin a la incongruencia legal para el territorio insular y comenzar a revertir la situación de injusticia que venimos padeciendo en pro de mantener el diferencial fiscal como establece el REF». Sin embargo, “esta subida ha de formalizarse por las vías legales correspondientes con antelación a la presentación de las autoliquidaciones tributarias correspondientes del ejercicio fiscal de 2020, en especial del IS, durante el mes de julio, para que tenga verdadera eficacia». El Clúster insta además a todas las instituciones, partidos políticos y agentes sociales “a seguir defendiendo la mayor claridad y concreción posible en las normas que regulan el sector». |

El Clúster Audiovisual : «una salida a corto plazo»

Entre el sector audiovisual de las Islas, la confusión provocó ayer que el colectivo de productoras que forman el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) emitiera un comunicado en el que denuncia que «lleva conviviendo más de un año con la incertidumbre y la inseguridad jurídica» y reclamando a las instituciones públicas “trasladar el límite máximo anual de deducciones a 18 millones por representar un porcentaje superior, de un 80 % más que el territorio común, tal y como se presenta en el artículo 94 de la Ley 20/1991 de modificación del REF». Señala que el Ministerio “no ha respondido ni resuelto el asunto» y asegura que con ello provoca «un efecto de huida de las producciones extranjeras» que pone en «grave peligro las inversiones realizadas y proyectando una imagen en el exterior de inseguridad e incertidumbre jurídicas». Según las productoras, el principio de acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Hacienda para regular el tope de deducción anual en Canarias y establecerlo en 12,4 millones, aumentado en 7 los actuales 5,4 millones, es una propuesta que puede entenderse como “una solución a corto plazo para poner fin a la incongruencia legal para el territorio insular y comenzar a revertir la situación de injusticia que venimos padeciendo en pro de mantener el diferencial fiscal como establece el REF». Sin embargo, “esta subida ha de formalizarse por las vías legales correspondientes con antelación a la presentación de las autoliquidaciones tributarias correspondientes del ejercicio fiscal de 2020, en especial del IS, durante el mes de julio, para que tenga verdadera eficacia». El Clúster insta además a todas las instituciones, partidos políticos y agentes sociales “a seguir defendiendo la mayor claridad y concreción posible en las normas que regulan el sector». J. A.

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