Coalición Canaria exige al Gobierno de Ángel Víctor Torres que recurra a Tribunal Constitucional (TC) el incumplimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) mientras negocia con el Estado en la Comisión Bilateral a la que obliga el Estatuto de Autonomía, tras el informe desfavorable del Parlamento a los cambios en el fuero realizados por el Congreso y por el Consejo de Ministros. El secretario general de CC, Fernando Clavijo, aseguró que “se puedan hacer las dos cosas” porque si fructifica la negociación política y Madrid recula “el recurso decae” pero los nacionalistas creen que en ningún caso se puede dejar de lado el recurso ante el TC “porque se trata de defender por todas las vías posibles los derechos de los canarios”, indicó Clavijo.
El líder nacionalista recordó que los recortes del REF se han hecho sin el conocimiento del Ejecutivo regional “que se enteró por nosotros o por los medios”. El Gobierno de Torres “o es cómplice de lo que hace Sánchez con el REF o no se entera, incluyendo al vicepresidente y consejero de Hacienda”, cuestiona CC.
Clavijo y el diputado por Gran Canaria Pablo Rodríguez han explicado en rueda de prensa los incumplimientos de la agenda canaria que atribuyen al Gobierno de España y que consideran que tolera el Ejecutivo regional, y han destacado, entre ellos, el impacto que tendrá el referido al Régimen Económico y Fiscal sobre las producciones audiovisuales. Una cuestión que generará numerosa pérdidas para las islas y que desde el Ministerio de Hacienda no se ha querido resolver, pese a que supone una cantidad "ridícula" para las arcas del Estado, 1,8 millones de euros, ha destacado Clavijo, quien ha añadido que eso "no lo haría a otra comunidad autónoma".
A juicio de CC, la "falta de peso político" del Gobierno de Torres se debe a su "obediencia ciega" al presidente Pedro Sánchez, y prueba de ello es que sigue sin presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para defender el REF.
Los dos dirigentes de CC se han referido también al incumplimiento del plan de infraestructuras turísticas para las islas, anunciado hace más de un año por la ministra Reyes Maroto, así como al acuerdo para cumplir la sentencia del convenio estatal de carreteras, que implica el abono de 1.000 millones de euros a las islas, entre otros asuntos, también denunciados por el PP.
